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La acusación formal hecha pública este sábado por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi en su cuenta de X y tras la captura de Nicolás Maduro, detalla un hecho que es bien conocido en Colombia: la relación de ese régimen con las guerrilla del ELN y las antiguas FARC y luego con algunas disidencias surgidas tras el Acuerdo de Paz.
El documento detalla cómo —según la justicia estadounidense— el régimen venezolano convirtió al país en un espacio de protección, coordinación y apoyo para esos grupos armados “integrándolos a una red de narcotráfico transnacional”.
La acusación compartida por Bondi incluye a Diosdado Cabello Rondón (actual ministro del interior, justicia y paz de Venezuela) y Ramón Rodríguez Chacín (exministro de justicia de Venezuela). También a Cilia Flóres, esposa de Maduro, a su hijo Nicolás Maduro Guerra y a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, y jefe de la organización conocida como Tren de Aragua.
El documento judicial no presenta estos vínculos como hechos aislados, sino como una relación sostenida durante décadas, en la que altos funcionarios venezolanos habrían actuado como aliados directos de organizaciones armadas catalogadas por EE. UU. como terroristas.
En su cuenta de Twitter, la fiscal Bondi dijo que Maduro ha sido acusado de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.
Aquí puede ver la edición Extra de El Espectador sobre la captura de Nicolás Maduro
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Estos son algunos de los puntos:
1. Venezuela como “refugio” para la guerrilla
Uno de los ejes centrales del indictment (la acusación formal) es la caracterización de Venezuela como un territorio donde “grupos armados colombianos pudieron operar con impunidad”, bajo la protección de funcionarios del Estado.
El documento señala que el narcotráfico no solo enriqueció a miembros del régimen, sino que benefició directamente a organizaciones armadas que operaban desde suelo venezolano. En palabras de la acusación:
“Este ciclo de corrupción basada en el narcotráfico llena los bolsillos de funcionarios venezolanos y de sus familias, al tiempo que beneficia a narcoterroristas violentos que operan con impunidad en territorio venezolano”, dice la acusación.
Más adelante, el documento detalla que, desde finales de los años noventa, Venezuela se transformó en un refugio seguro para traficantes y grupos armados, al margen del alcance de las autoridades colombianas. “A partir de aproximadamente 1999, Venezuela se convirtió en un refugio seguro para narcotraficantes dispuestos a pagar por protección y a apoyar a funcionarios civiles y militares venezolanos corruptos”.
En ese contexto, sostiene la acusación, las antiguas FARC y el ELN pudieron consolidar su rol dentro de la cadena regional del narcotráfico, con Venezuela como punto clave de tránsito y protección.
2. Alianza directa entre Maduro, el ELN y las FARC
El documento judicial afirma de manera explícita que Maduro y otros altos funcionarios se asociaron directamente con las antiguas FARC y el ELN. En uno de los párrafos más citados del indictment, la fiscalía sostiene:
“En distintos momentos desde aproximadamente 1999, funcionarios venezolanos, incluidos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón (actual ministro del interior, justicia y paz de Venezuela) y Ramón Rodríguez Chacín (exministro de justicia de Venezuela), se asociaron con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, explica el documento.
La acusación plantea que estas alianzas fueron parte de una estrategia criminal sostenida, que integró a las guerrillas colombianas a un esquema de tráfico de cocaína con destino final en Estados Unidos.
3. Protección estatal y fortalecimiento de las guerrillas
Según la acusación formal, la actuación del régimen venezolano permitió el crecimiento y fortalecimiento del ELN y las FARC, al integrarlos a una red protegida por altos funcionarios.
“De manera similar, Nicolás Maduro Moros y otros miembros corruptos de su régimen facilitaron el empoderamiento y el crecimiento de grupos narcoterroristas violentos”, se afirma.
El documento identifica explícitamente a ambas guerrillas dentro de ese grupo: “Estas organizaciones incluyen a las FARC y al ELN, que controlan la producción de cocaína en las regiones montañosas de Colombia”.
Para la fiscalía, ese control de la producción se conectó con rutas, logística y protección brindadas desde Venezuela, cerrando el circuito del narcotráfico.
4. Reuniones entre Maduro y jefes guerrilleros
Uno de los señalamientos del expediente es la mención de reuniones directas entre Maduro y líderes del ELN y las FARC. Según la acusación, Rodríguez Chacín actuó como enlace entre el régimen y las guerrillas:
“Rodríguez Chacín fue designado por Maduro Moros para proporcionar protección y apoyo a las FARC y al ELN”.
Ese respaldo incluyó traslados y encuentros en sedes del poder político y militar venezolano: “Rodríguez Chacín también llevó a líderes de las FARC a reunirse con Maduro Moros en Miraflores, el palacio presidencial en Caracas, así como en Fuerte Tiuna”.
5. Respaldo político público a la FARC tras su rearme
El indictment incorpora un episodio público ocurrido en 2019 como evidencia directa de respaldo político del régimen venezolano a las FARC, luego de que algunos de sus principales jefes anunciaran el retorno a la lucha armada tras la firma del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano.
La acusación señala que este apoyo no se dio en privado ni de manera ambigua, sino en un acto público y registrado en video. Según el documento judicial:
“Alrededor de julio de 2019, poco después de que ciertos líderes de las FARC regresaran públicamente a las armas a pesar de la firma de recientes acuerdos de paz con el gobierno colombiano, Maduro Moros y Cabello Rondón asistieron a una rueda de prensa grabada en video”, explica.
Durante ese evento, afirma la fiscalía, el propio Maduro hizo una declaración explícita sobre la presencia de la guerrilla en territorio venezolano: “Maduro Moros anunció que las FARC y sus líderes eran bienvenidos en Venezuela”, se indica.
El indictment ubica esta declaración dentro de una relación de largo plazo entre el régimen venezolano y la guerrilla colombiana, y no como un hecho aislado. En otros apartados del documento, la fiscalía sostiene que Maduro y su entorno mantuvieron vínculos sostenidos con las FARC como parte de una alianza criminal.
“Maduro Moros y sus co-conspiradores se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo”, asegura la acusación.
Para la justicia estadounidense, la rueda de prensa de 2019 constituye una pieza clave porque se produce después del rearme anunciado por las FARC, y en un contexto en el que, según la acusación, el grupo seguía integrado a redes de narcotráfico protegidas desde Venezuela. En ese marco, el pronunciamiento público del mandatario venezolano es presentado como una señal política explícita de acogida y legitimación de una organización armada que había retomado la violencia.
6. Pistas, rutas y control territorial del ELN
En el caso del ELN, la acusación describe un control directo sobre infraestructuras estratégicas para el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana, con respaldo de altos funcionarios del régimen venezolano. El documento señala que esas pistas no eran marginales, sino parte de un engranaje sostenido para garantizar la salida de cargamentos de cocaína.
“Cabello Rondón viajaba regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro continuo de la cocaína por territorio venezolano”, se detalla.
La acusación agrega que desde estas pistas la droga era despachada fuera del país con autorización y apoyo de autoridades venezolanas, tanto por vías oficiales como clandestinas. “Desde estas pistas aéreas, la cocaína era despachada fuera de Venezuela tanto en vuelos aprobados por funcionarios militares venezolanos como en vuelos clandestinos diseñados para evitar la detección por las fuerzas del orden o los ejércitos de América del Sur y Central”, dice el documento.
Este señalamiento refuerza la tesis de la fiscalía de que el ELN no solo operaba en zonas de frontera, sino que controlaba corredores logísticos clave, integrados a una red protegida por el Estado venezolano. En ese esquema, el rol de los funcionarios no se limitaba a permitir el tránsito, sino a asegurar activamente la continuidad del tráfico.
El indictment también vincula estas operaciones con la persistencia del negocio ilícito en el tiempo. Según el documento, incluso después de años de investigaciones internacionales, las rutas siguieron operando con respaldo político: “Alrededor de 2024, traficantes colombianos discutieron con un asociado de Cabello Rondón planes para la continuación del tráfico de cocaína a través de Venezuela”, dice el indictment.
Para la fiscalía estadounidense, estos hechos muestran que el control del ELN sobre pistas y rutas en la frontera no fue circunstancial, sino parte de una estructura estable que permitió al grupo armado mantener su rol dentro de la cadena transnacional del narcotráfico, con Venezuela como plataforma de salida.
7. Una relación estructural, según la acusación
En conjunto, el Departamento de Justicia sostiene que la relación entre Maduro, el ELN y las FARC fue estructural y de largo plazo, no un fenómeno coyuntural.
Estos hechos son parte central de los cargos por conspiración de narco-terrorismo y tráfico de cocaína que enfrenta Maduro en Estados Unidos, y tienen implicaciones directas para Colombia, especialmente en materia de seguridad fronteriza y presencia del ELN.
Más allá del expediente judicial, los señalamientos de Estados Unidos adquieren un peso particular por la cercanía histórica de Venezuela, especialmente con el ELN, una relación que ha convertido al país en un actor clave —y a la vez controvertido— en los esfuerzos de negociación del conflicto colombiano.
Durante años, Caracas ha sido sede y garante de distintos ciclos de diálogo, no solo con el ELN, sino también con la Segunda Marquetalia, en momentos en los que el gobierno colombiano apostó por mantener abiertos los canales de negociación.
Esa doble condición —como espacio de negociación política y, según la acusación, como territorio de protección y operación para estructuras armadas— es uno de los elementos que hoy complejizan el impacto regional del caso y reabren el debate sobre el papel de Venezuela en la paz y la seguridad en Colombia.
Este es el indictment o la acusación formal contra Maduro:
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