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Casi diez días después de que el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo culminaran su segundo ciclo de diálogos en Catar, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunció que incluirá a ese grupo armado –el más grande del país con unos 9.000 integrantes– en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), habló con Colombia+20 sobre los posibles impactos de esta decisión en la mesa de negociación deberán ser evaluados por los participantes del proceso. “Pero creo que es muy temprano para poder decir si eso va a impactar o de qué manera afectará el desarrollo de las conversaciones”, afirmó.
Según Jiménez, el presidente Petro “debe evaluar esta situación y cómo afecta su decisión de continuar con las negociaciones o no”.
El jefe negociador señaló que la posibilidad de que el Clan del Golfo fuera designado como organización terrorista extranjera siempre existió. “Desde el momento en que llegó el presidente Trump y anunció que varios grupos serían nombrados como organizaciones terroristas, esto era una posibilidad. Incluso había indicios de que Estados Unidos podía asignar esa categoría a otros grupos, aunque no a este. Era un proceso que venía desarrollándose”, explicó.
Jiménez también recordó que Colombia lleva más de 35 años construyendo procesos de paz con actores armados, incluidos grupos que han sido considerados terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea.
“Las FARC en su momento, al igual que el ELN, son unas organizaciones consideradas terroristas tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos. Eso es desde hace varios años. Habrá que analizar los contextos, pero no es una novedad que el Estado colombiano adelante procesos de conversación con organizaciones que son designadas o indicadas como terroristas”, dijo a este diario.
¿En qué va la mesa de diálogos con el Clan del Golfo?
El pasado 5 de diciembre se conoció que las partes llegaron a un acuerdo de cuatro puntos, entre los que se destaca la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba.
El acuerdo establce que para el tránsito hacia esas zonas se contemplará la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición.
Otro de los temas que se abordan en lo pactado es la ampliación de las zonas donde se implementarán las acciones piloto para avanzar en la fase de construcción de confianza.
Estas medidas ahora también se aplicarán en Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar), con el objetivo de extender los compromisos pactados y garantizar su implementación con enfoque territorial.
En contexto: Las claves de la verificación que tendrán los acuerdos del Gobierno Petro con el Clan del Golfo
El otro punto del acuerdo es que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) será parte de un mecanismo tripartito -que se instalará este 18 de diciembre- y “tendrá el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos y también “impulsará las gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios” para ello.
Ante lo pactado, el Cinep y organizaciones sociales de Chocó emitieron un comunicado este 15 de diciembre en el que alertaron que el proceso se está construyendo sin transparencia, sin participación comunitaria y sin control ciudadano.
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