En 2023 se construirá política pública para desmantelamiento del paramilitarismo
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que durante el gobierno Duque estuvo congelada, espera entregar este año la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales en los territorios. También acompañarán los acercamientos y negociaciones con grupos armados y priorizarán la situación de riesgo de líderes sociales y excombatientes.
En 2022, según Indepaz, fueron asesinados 189 defensores de derechos humanos y 42 exguerrilleros en proceso de reincorporación. Cifras similares a las de 2021, en el que se registraron 171 homicidios a líderes sociales y 43 a excombatientes. Esos datos no son menores si se tiene en cuenta que desde marzo del 20222 la JEP le había pedido al expresidente Iván Duque implementar estategias para proteger la vida de esta población. En octubre de 2022, ese Tribunal de Paz reiteró la petición a Gustavo Petro para que esa labor se conviertiera en una prioridad en su gobierno.
Esa es, precisamente, una de las deudas del Estado con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc que busca lograr el desmantelamiento de grupos armados herederos del paramilitarismo en los territorios donde persiste el conflicto armado. Una de las instancias creadas con ese fin fue la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que tiene como objetivo consolidar una política pública para desmantelar esas organizaciones. Ese pendiente podría cumplirse en 2023, el año en el que los integrantes de la Comisión esperan entregarle al país esa política de cara a la Paz Total que plantea el nuevo gobierno.
La Comisión Nacional está conformada por el presidente de la República, el alto comisionado para la Paz, el ministro de Defensa, de Justicia y del Interior, así como altos mandos militares, el fiscal general de la Nación, la procuradura general, el defensor del Pueblo y ocho comisionados civiles que representan a los grupos étnicos, a las organizaciones y plataformas de mujeres y de derechos humanos, además de dos expertos.
Uno de los integrantes de la sociedad civil es Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien aseguró que el próximo año será crucial para esta instancia. “Tendremos que apresurar lo que no se hizo en los cuatro años del gobierno Duque”. Según González, en el cuatrienio pasado el mandato de la Comisión fue paralizada: en cuatro años apenas lograron sesionar siete veces. “Con el gobierno pasado la Comisión pasó a ser una especie de foro consultivo ocasional sobre temas de seguridad, pero no era vinculante. Además, no asistían funcionarios de alto nivel (como el presidente de la República o el comisionado de Paz) a las sesiones sino que eran delegados otras personas sin capacidad de decisión”.
En contexto: Relanzan dos instancias clave para la implementación de Acuerdo de Paz
El incumplimiento de esta instancia fue tal que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante el mandato de Duque, hizo por lo menos tres llamados de atención y ordenó en varias ocasiones al Gobierno que creara el plan para desmantelar grupos armados como quedó pactado en La Habana. La más reciente orden judicial se dio en marzo de 2022 cuando el Tribunal de Paz, en medio de una audiencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, pidió que se consolidaran por lo menos las reglas internas de trabajo. Según la JEP, en ese momento “no se había podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación”.
El documento judicial señalaba que las cifras son “alarmantes y llevan a reclamar con carácter urgente y prioritario que el nuevo Gobierno concentre sus esfuerzos en asegurar que la política pública y plan de acción sean aprobadas, así como la coordinación, articulación y optimización de recursos, estrategias y acciones de las entidades comprometidas con dicho propósito, las cuales constituyen un marco de referencia para el desarrollo de la política de “paz total” uno de cuyos pivotes más densos es el sometimiento de la criminalidad organizada y los acuerdos con la insurgencia armada, de manera que el fin de las estructuras criminales y sus máximos responsables, brinde garantías para la no repetición”.
Vea: Acuerdo de Paz: las trabas que Gobierno Duque le puso a instancias de verificación
¿Qué pasará con las garantías de seguridad de líderes y excombatientes en 2023?
Para cumplir con esa orden, el pasado 2 de octubre el presidente Gustavo Petro relanzó las dos instancias para verificar el cumplimiento de los acuerdos: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), una suerte de termómetro de la puesta en marcha de lo pactado en 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc; y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Ese día, de hecho, se dio la primera sesión de la CNGS del nuevo gobierno y allí el presidente Petro pidió que las reuniones se mantuvieran, por lo menos, una vez al mes.
En los cinco meses del nuevo gobierno los integrantes de la Comisión han sostenido dos reuniones: en octubre y diciembre. El resultado de las plenarias fue la creación de la subcomisión de garantías de seguridad que fue consolidada para hacer seguimiento a los compromisos que se pacten en las reuniones generales de la Comisión. Camilo González Posso, director de Indepaz, aseguró que esa nueva subcomisión ha sesionado tres veces en los últimos cinco meses y entregará insumos y recomendaciones para la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo 2023 - 2026.
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Además, acompañarán los acercamientos del gobierno Petro con organizaciones criminales y las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln. “Sabemos que el papel de la Comisión va ser crucial en la construcción de lo que Gustavo Petro ha denominado la Paz Total”, dijo González. Sin embargo, uno de los retos principales será frenar el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc: en 2022 han sido asesinados 43 personas en proceso de reincorporación y 187 líderes y lideresas sociales.
Para Camilo González Posso las cifras demuestran que si bien no ha habido una escala en la violencia, “todavía no hay un efecto que modifique la tendencia. Tenemos breves disminuciones en algunos casos, pero los homicidios a líderes y reincorporados sí han tenido un incremento del 8 % con respecto al año pasado (...) “Esto no se trata de en qué gobierno mataron más o menos gente, pero lo cierto es que no podemos decir que estamos en una escalada de violencia porque no se han disparado las cifras. Lo que sí hemos registrado es una breve disminución en algunos delitos pero todavía no se sienten los efectos de la Paz Total en los territorios”, puntualizó González Posso.
La primera reunión del 2023 de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se llevará a cabo entre la segunda y la tercera semana de enero y uno de los puntos clave que discutirán serán las recomendaciones de seguridad hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP), a propósito de la denuncias por corrupción que el director Augusto Rodríguez ha hecho al interior de la entidad como los vehículos con blindajes falsos, funcionarios públicos que se aprovechan de las medidas de protección y la puerta giratoria entre la entidad y empresas privadas.
Lea esta entrevista: Irregularidades y corrupción en UNP: los casos en los que no se protegió a líderes
De acuerdo con González, algunos de los pilares que trabajarán para la consolidación de la Paz Total será la reorganización y alineamiento de las estrategias policiales y militares para lo que el Gobierno ha denominado la política de seguridad humana. “Ante los complejos macrocriminales en los territorios se está diseñando y comenzando a implementar una política multidimensional de acción integral inmediata y de largo aliento para prevenir violencias contra personas que están comprometidas con el Acuerdo de Paz (líderes sociales y excombatientes de Farc)”, dijo.
En 2022, según Indepaz, fueron asesinados 189 defensores de derechos humanos y 42 exguerrilleros en proceso de reincorporación. Cifras similares a las de 2021, en el que se registraron 171 homicidios a líderes sociales y 43 a excombatientes. Esos datos no son menores si se tiene en cuenta que desde marzo del 20222 la JEP le había pedido al expresidente Iván Duque implementar estategias para proteger la vida de esta población. En octubre de 2022, ese Tribunal de Paz reiteró la petición a Gustavo Petro para que esa labor se conviertiera en una prioridad en su gobierno.
Esa es, precisamente, una de las deudas del Estado con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc que busca lograr el desmantelamiento de grupos armados herederos del paramilitarismo en los territorios donde persiste el conflicto armado. Una de las instancias creadas con ese fin fue la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que tiene como objetivo consolidar una política pública para desmantelar esas organizaciones. Ese pendiente podría cumplirse en 2023, el año en el que los integrantes de la Comisión esperan entregarle al país esa política de cara a la Paz Total que plantea el nuevo gobierno.
La Comisión Nacional está conformada por el presidente de la República, el alto comisionado para la Paz, el ministro de Defensa, de Justicia y del Interior, así como altos mandos militares, el fiscal general de la Nación, la procuradura general, el defensor del Pueblo y ocho comisionados civiles que representan a los grupos étnicos, a las organizaciones y plataformas de mujeres y de derechos humanos, además de dos expertos.
Uno de los integrantes de la sociedad civil es Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien aseguró que el próximo año será crucial para esta instancia. “Tendremos que apresurar lo que no se hizo en los cuatro años del gobierno Duque”. Según González, en el cuatrienio pasado el mandato de la Comisión fue paralizada: en cuatro años apenas lograron sesionar siete veces. “Con el gobierno pasado la Comisión pasó a ser una especie de foro consultivo ocasional sobre temas de seguridad, pero no era vinculante. Además, no asistían funcionarios de alto nivel (como el presidente de la República o el comisionado de Paz) a las sesiones sino que eran delegados otras personas sin capacidad de decisión”.
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El incumplimiento de esta instancia fue tal que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante el mandato de Duque, hizo por lo menos tres llamados de atención y ordenó en varias ocasiones al Gobierno que creara el plan para desmantelar grupos armados como quedó pactado en La Habana. La más reciente orden judicial se dio en marzo de 2022 cuando el Tribunal de Paz, en medio de una audiencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, pidió que se consolidaran por lo menos las reglas internas de trabajo. Según la JEP, en ese momento “no se había podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación”.
El documento judicial señalaba que las cifras son “alarmantes y llevan a reclamar con carácter urgente y prioritario que el nuevo Gobierno concentre sus esfuerzos en asegurar que la política pública y plan de acción sean aprobadas, así como la coordinación, articulación y optimización de recursos, estrategias y acciones de las entidades comprometidas con dicho propósito, las cuales constituyen un marco de referencia para el desarrollo de la política de “paz total” uno de cuyos pivotes más densos es el sometimiento de la criminalidad organizada y los acuerdos con la insurgencia armada, de manera que el fin de las estructuras criminales y sus máximos responsables, brinde garantías para la no repetición”.
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Para cumplir con esa orden, el pasado 2 de octubre el presidente Gustavo Petro relanzó las dos instancias para verificar el cumplimiento de los acuerdos: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), una suerte de termómetro de la puesta en marcha de lo pactado en 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc; y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Ese día, de hecho, se dio la primera sesión de la CNGS del nuevo gobierno y allí el presidente Petro pidió que las reuniones se mantuvieran, por lo menos, una vez al mes.
En los cinco meses del nuevo gobierno los integrantes de la Comisión han sostenido dos reuniones: en octubre y diciembre. El resultado de las plenarias fue la creación de la subcomisión de garantías de seguridad que fue consolidada para hacer seguimiento a los compromisos que se pacten en las reuniones generales de la Comisión. Camilo González Posso, director de Indepaz, aseguró que esa nueva subcomisión ha sesionado tres veces en los últimos cinco meses y entregará insumos y recomendaciones para la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo 2023 - 2026.
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Además, acompañarán los acercamientos del gobierno Petro con organizaciones criminales y las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln. “Sabemos que el papel de la Comisión va ser crucial en la construcción de lo que Gustavo Petro ha denominado la Paz Total”, dijo González. Sin embargo, uno de los retos principales será frenar el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc: en 2022 han sido asesinados 43 personas en proceso de reincorporación y 187 líderes y lideresas sociales.
Para Camilo González Posso las cifras demuestran que si bien no ha habido una escala en la violencia, “todavía no hay un efecto que modifique la tendencia. Tenemos breves disminuciones en algunos casos, pero los homicidios a líderes y reincorporados sí han tenido un incremento del 8 % con respecto al año pasado (...) “Esto no se trata de en qué gobierno mataron más o menos gente, pero lo cierto es que no podemos decir que estamos en una escalada de violencia porque no se han disparado las cifras. Lo que sí hemos registrado es una breve disminución en algunos delitos pero todavía no se sienten los efectos de la Paz Total en los territorios”, puntualizó González Posso.
La primera reunión del 2023 de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se llevará a cabo entre la segunda y la tercera semana de enero y uno de los puntos clave que discutirán serán las recomendaciones de seguridad hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP), a propósito de la denuncias por corrupción que el director Augusto Rodríguez ha hecho al interior de la entidad como los vehículos con blindajes falsos, funcionarios públicos que se aprovechan de las medidas de protección y la puerta giratoria entre la entidad y empresas privadas.
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De acuerdo con González, algunos de los pilares que trabajarán para la consolidación de la Paz Total será la reorganización y alineamiento de las estrategias policiales y militares para lo que el Gobierno ha denominado la política de seguridad humana. “Ante los complejos macrocriminales en los territorios se está diseñando y comenzando a implementar una política multidimensional de acción integral inmediata y de largo aliento para prevenir violencias contra personas que están comprometidas con el Acuerdo de Paz (líderes sociales y excombatientes de Farc)”, dijo.