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En un intento por agilizar el modelo de justicia transicional que surgió con la desmovilización de los grupos paramilitares en 2005, la Fiscalía General de la Nación presentará ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca modificar la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, el marco jurídico con el que desmovilizó a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Colombia+20 accedió al texto completo del borrador firmado por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cuyo propósito central es superar los cuellos de botella que mantienen a miles exparamilitares sin sentencia. Además, imprimir celeridad a un sistema judicial que este viernes 25 de julio cumple 20 años de funcionamiento y sigue sin cerrar los procesos judiciales y acumula retrasos significativos en las sentencias, las reparaciones a las víctimas y la recuperación de bienes con vocación reparadora.
En la exposición de motivos, la Fiscalía reconoce que, pese a los avances, el modelo de Justicia y Paz enfrenta un serio rezago institucional. A la fecha, más de 3.000 postulados siguen sin una sentencia definitiva por la totalidad de los hechos confesados, y al menos 680 bienes con vocación reparadora continúan a la espera de fallos sobre su extinción de dominio.
La Fiscalía también plantea que la dinamización del proceso de Justicia y Paz es una aspiración que comparten las víctimas y los postulados. “Las víctimas esperan más sentencias mediante las cuales se recoja la verdad de lo sucedido, se imponga la pena merecida, se reconozcan los daños sufridos y se ordene la extinción del dominio de los bienes, y los postulados anhelan que su situación sea resuelta de manera definitiva y total, para poder reintegrarse a la sociedad como ciudadanos integrales”, explica.
Cambios en audiencias, entrega de bienes y libertad con condiciones para desmovilizados
Uno de los cambios más profundos que propone el borrador de la reforma es la eliminación de la audiencia de formulación de imputación, contemplada actualmente en el artículo 18 de la ley.
Según la Fiscalía, en este modelo, donde el postulado se presenta voluntariamente a confesar, esa audiencia ha perdido sentido. En su lugar, el fiscal del caso deberá presentar un escrito de cargos, que será trasladado por vía escrita a todas las partes e intervinientes, quienes podrán formular observaciones. De este modo, el proceso avanzaría directamente hacia una audiencia concentrada en la que el postulado podrá aceptar los cargos y se podrá iniciar la etapa de sentencia.
Otro de los ejes centrales de la reforma es la creación del artículo 18A, que introduce una regulación detallada sobre la sustitución de la medida de aseguramiento para postulados que ya han cumplido buena parte de los requisitos del sistema de Justicia y Paz. Esta figura permitirá que aquellos desmovilizados que hayan permanecido al menos ocho años en prisión por delitos cometidos en el marco del conflicto, que hayan contribuido con la verdad, entregado bienes, mantenido buena conducta y no hayan reincidido, puedan acceder a una libertad vigilada con condiciones.
La decisión deberá adoptarla un magistrado de control de garantías dentro de los 20 días siguientes a la solicitud del postulado, previa verificación de requisitos.
El artículo establece que esa libertad podrá ser revocada si el postulado incumple condiciones judiciales, se aparta del proceso de reintegración o deja de participar en las diligencias de esclarecimiento de la verdad. No obstante, introduce una cláusula de protección jurídica: si pasados cuatro años desde la sustitución el postulado ha cumplido con todas sus obligaciones y tiene un concepto favorable de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), no podrá ser objeto de revocatoria por razones menores, lo que ofrece una seguridad jurídica progresiva a quienes han cumplido sostenidamente con el sistema.
También se busca agilizar las sentencias mediante el fortalecimiento de la terminación anticipada del proceso, sobre todo en casos donde ya existen sentencias previas que han establecido patrones de macrocriminalidad.
Con ello, se busca ofrecer una salida jurídica más rápida a postulados que han cumplido con sus deberes, pero siguen a la espera de una decisión definitiva que les dé estabilidad jurídica. En muchos casos, estas personas han cumplido ya con el tiempo de la pena alternativa —o incluso lo han superado—, sin haber recibido una sentencia completa.
La extinción de dominio
El otro gran frente de la reforma es el fortalecimiento del mecanismo de extinción del derecho de dominio. En la actualidad, la extinción de bienes ofrecidos o identificados por la Fiscalía está atada al avance del proceso penal, lo que ha frenado la entrega efectiva de estos activos al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
El borrador propone que la extinción se pueda decretar mediante sentencias separadas y anticipadas, cuando se haya cumplido un plazo de seis meses desde la imposición de medidas cautelares. También se introduce un incidente de oposición para terceros de buena fe, sin suspender el curso del proceso principal, y se faculta al magistrado para ordenar el desalojo de ocupantes que impidan la recuperación efectiva de los bienes.
Aunque este proyecto no hace parte directa del marco normativo de la paz total, su contenido es estratégico. El presidente Petro ha manifestado públicamente su voluntad de abrir un espacio de diálogo con exjefes paramilitares como Mancuso, Jorge 40 y Macaco, con el propósito de “cerrar la verdad” sobre el paramilitarismo, garantizar la reparación a las víctimas y facilitar la entrega de bienes. Varios de ellos incluso fueron designados gestores de paz, pero renunciaron el pasado 5 de junio por lentitud en la instalación de la mesa.
En contexto: La pugna en Gobierno Petro por mesa de diálogo con exjefes paramilitares, que ya se abrió
El proyecto de ley se conoce justo un día después de que el Ministerio de Justicia radicara ante el Congreso la propuesta de ley de sometimiento para estructuras armadas ilegales, pieza central de la política de paz total del gobierno Petro. Aunque se trata de iniciativas distintas, ambas apuntan a fortalecer el aparato de justicia transicional y crear condiciones jurídicas para el cierre de conflictos armados pasados o en curso.
Ahora, con el Congreso iniciando su última legislatura, ambos proyectos —el de sometimiento y la reforma a Justicia y Paz— enfrentan un panorama legislativo cuesta arriba. El ambiente político está marcado por la fragmentación de las bancadas, el desgaste del Gobierno y una creciente resistencia frente a iniciativas asociadas a la paz total.
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