Han pasado ya cinco días desde que cuatro excombatientes de las FARC y un contratista de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) fueron retenidos en territorio venezolano, y hasta ahora ninguna autoridad ha entregado una respuesta oficial sobre su situación.
Los firmantes de paz retenidos son Diana Viloria Blanco, y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) —instancia creada por el Acuerdo de Paz para coordinar y hacer seguimiento a la reincorporación social, económica y política de los exintegrantes de las antiguas FARC—.
También Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, excombatientes de las FARC escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estos últimos portaban armas de dotación en el marco de sus funciones de seguridad, tal como establece la UNP para la protección de personas en proceso de reincorporación.
Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR.
El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto en el puente internacional José Antonio Páez, que conecta Arauca con el estado Apure, en Venezuela.
Según confirmó la ARN, el grupo había participado un día antes en un evento de entrega de incentivos económicos a firmantes de paz en el municipio de Fortul. Tras la actividad, decidieron cruzar el puente por motivos turísticos, pero al ingresar al lado venezolano fueron detenidos por las autoridades de ese país.
De inmediato, la ARN activó protocolos de emergencia y notificó a la Cancillería de Colombia. En el comunicado se especifica se “estableció comunicación directa con la Embajada de Colombia en Venezuela y con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bogotá”, para agotar todas las vías posibles para asegurar un pronto y seguro retorno de los retenidos.
Sin embargo, los canales diplomáticos no han logrado aún dar una respuesta clara sobre el paradero ni sobre las condiciones en que se encuentran los retenidos.
Colonbia+20 contactó a la Cancillería, pero en los últimos tres días se ha afirmado que no hay “información adicional”.
En algún momento también se dio a conocer que el caso lo estaría manejando el Ministerio del Interior, pero desde la entidad se afirma que no han conocido nada del tema.
Fuentes cercanas afirman que la liberación se daría en cuestión de tiempo, pero que la demora ha sido en los trámites que debe realizar la policía de Venezuela.
El caso pone de relieve la fragilidad de las garantías para los firmantes del Acuerdo de Paz que, a pesar de contar con acompañamiento institucional, siguen enfrentando riesgos en el territorio nacional y en zonas de frontera.
También evidencia los problemas en la comunicación binacional, en un momento en que los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro han intentado proyectar una relación de cooperación política y diplomática.
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