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Gloria Quiceno, jefa de la delegación del Gobierno en la mesa con la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), respondió este lunes a las revelaciones hechas por Noticias Caracol que vinculan a ese grupo armado con el general Juan Miguel Huertas y con Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Entre lo que se pudo conocer de los archivos hallados en los computadores de la disidencia -incautados durante el retén de julio de 2024 en Anorí, Antioquia-, está una propuesta del general Huertas a los disidentes para crear una empresa de seguridad como fachada que permitiría a ese grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permisos.
Mejía aparece mencionado junto al general Huertas en la propuesta sobre cómo montar la empresa de seguridad.
Noticias Caracol entrevistó a uno de los disidentes de las FARC, quien habló desde el anonimato, dijo que a través de ambos hombres había obtenido información clasificada sobre operaciones y movimientos de la Fuerza Pública en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.
Sobre la información que circula en documentos y chats —que incluyen supuestas entregas de dinero, acceso a documentos reservados y posibles infiltraciones—, la jefa negociadora fue enfática en que no puede confirmar la veracidad de nada de eso, pues “no forma parte de la mesa ni de los compromisos del proceso de paz”.
“Yo no tengo un conocimiento. Yo te puedo responder por la paz, dijo en entrevista con la W.
Y agregó: “Los asuntos ya de defensa, de inteligencia, de seguridad no son de nuestra competencia, esperamos que las autoridades competentes le den claridad al país y encontremos la verdad o los ajustes que había que hacer a través de ellos. Pero a través de la mesa, no”.
En todo caso dijo que la delegación esperaría “orientaciones” del presidente Gustavo Petro “para actuar conforme a ellos”.
Así mismo, dijo que estás comunicaciones encontradas habían sucedido hace un año y que desde entonces la mesa ha avanzado en compromisos y tareas. Una parte de las relevaciones de ayer sugerían que la propuesta de la empresa de seguridad fachada era por si fracasaba la negociación de paz.
“En este momento se ha avanzado. Eso que se reveló fue hace un año. Cada uno de de los integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes sabe lo que ha acordado y es responsabilidad de ellos cumplirlos, y vamos a estar atentos a su cumplimiento”, indicó.
Acerca del compromiso y voluntad de paz de Calarcá, Quiceno dijo que sí ha visto su disposición con el proceso de paz.
“Calarcá participó del séptimo ciclo, un ciclo que fue preparado durante dos meses. Tomamos el esfuerzo de hacer las cosas como lo exige el país, como lo exige la paz, y he tenido varias comunicaciones con él. La reactivación de la mesa, después de un año, la hicimos con la presencia de organismos internacionales. Yo he visto una persona dispuesta. En unos momentos es una persona dura, férrea, y en otros momentos entiende, especialmente, lo que tiene que ver con la legitimidad del proceso, la legalidad del proceso, que se tiene el marco constitucional, y la protección de la población. Creo que son tres temas de mayor importancia para él también”, afirmó.
La jefa negociadora señaló que “jamás” la Oficina del Alto Comisionado para la Paz autorizó o tuvo conocimiento de acercamientos entre integrantes de la disidencia y los funcionarios señalados.
Además, explicó que solo supo que Mejía trabajaba en inteligencia “hace unos cuatro meses”, y que no conoce al general Huertas. Recalcó que su equipo no ha sostenido reuniones ni coordinaciones por fuera del canal oficial de la mesa.
Pese a ello, admitió que en la delegación estatal han discutido la posibilidad de que el proceso esté siendo manipulado y que, ante ese riesgo, han endurecido las exigencias al grupo armado.
“Hemos adoptado medidas más contundentes —dijo—. Ya que ellos cumplan es su responsabilidad. De no cumplirse, el Estado tiene los mecanismos”. Según explicó, la mesa ha fortalecido los filtros, ha exigido clarificaciones y ha establecido verificaciones técnicas para evitar que información dudosa contamine el diálogo.
Quiceno aseguró que el tema será tratado directamente con Calarcá con quien tenía prevista una comunicación.
También recordó que no es la primera vez que exigen explicaciones y que lo hicieron cuando Iván Mordisco insinuó aportes a la campaña presidencial en 2022, pidieron una respuesta formal, y el Estado Mayor negó cualquier financiación o vínculo político.
La delegada negó de manera categórica cualquier vínculo con el empresario chino mencionado en los chats revelados y rechazó que ese país tenga algún rol en la negociación. “Para nada… No conozco a ningún chino”, dijo, y recordó que en 2023 el Gobierno rechazó formalmente una propuesta de China para acompañar la mesa con el Estado Mayor, precisamente porque no forma parte de los garantes designados.
El proceso de paz con la disidencia de Calarcá se reactivó el pasado viernes cuando se terminó el séptimo ciclo de negociaciones. Las partes acordaron seis puntos que apuntan a un eventual desescalamiento.
Entre los compromisos están la no incorporación de menores a filas, el acceso a tierra y un pacto para garantizar condiciones electorales de cara a 2026.
En ese mismo ciclo participó John Mechas, comandante del Frente 33 y también objeto de una orden de extradición por parte de Estados Unidos, que suscribió los acuerdos territoriales y de participación política.
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