El Gobierno Nacional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las principales entidades del sistema de atención a víctimas formalizaron la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional para coordinar las acciones de reparación, restauración, búsqueda de personas desaparecidas y construcción de memoria en el marco del conflicto armado.
Así quedó establecido en el Acuerdo 001 de 2025, firmado el pasado 16 de diciembre. El documento, conocido por Colombia+20, es parte de los compromisos establecidos en la Ley 2421 de 2024, que reformó la Ley de Víctimas.
El acuerdo parte del reconocimiento de que el Estado opera varios sistemas institucionales —el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB)— que requieren una articulación más eficaz.
Por ello, la Ley 2421 ordenó establecer “una ruta de articulación interinstitucional que facilite una coordinación eficaz entre las diversas entidades, políticas, proyectos y actividades dirigidas a restablecer los derechos de las víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas”.
La Mesa estará integrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la JEP.
El reglamento precisa que todos los integrantes tendrán voz y voto, aunque “en todo caso, en el ejercicio de las funciones y para la adopción de decisiones por parte de la Mesa de Articulación Interinstitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz contará con un (1) único voto”.
Uno de los ejes conceptuales del reglamento es la definición compartida de reparación y restauración. El acuerdo establece que la reparación comprende “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”, mientras que la restauración se entiende como “procesos transversales orientados a reconstruir vínculos sociales y morales fracturados por el daño, buscando sanar, transformar y reparar integralmente”.
Esta distinción busca orientar las acciones institucionales más allá de medidas económicas y resaltar el componente restaurativo de la justicia transicional.
El mapa del reconocimiento y la memoria
Uno de los mandatos centrales de la Mesa será coordinar la puesta en marcha del Mapa del Reconocimiento y Memoria (MRM), una herramienta creada por la Ley 2421 de 2024 para visibilizar a personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y que no son parte del Registro Único de Víctimas (RUV).
El acuerdo dice, además, que el mapa será “un instrumento de reconocimiento y memoria de hechos cometidos con ocasión del conflicto armado de las personas civiles, miembros de la Fuerza Pública y de los integrantes de grupos armados” que hayan sufrido daños en el marco del conflicto y que no estén dentro del universo del Registro Único de Víctimas.
Le puede interesar: Exministro de Cultura Correa ahora es negociador en la mesa de paz con Comuneros del Sur
Su construcción responde a la necesidad de ampliar las políticas de memoria y reconocimiento más allá de los límites administrativos del registro oficial de víctimas, incorporando enfoques de dignificación y visibilización que no dependen exclusivamente del acceso a medidas de reparación administrativa.
Asimismo, la Mesa deberá “coordinar y articular a las entidades responsables del Mapa del Reconocimiento y Memoria (MRM), para su planeación, implementación, actualización y sostenibilidad”, así como orientar las acciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso y la participación simultánea de todas las entidades involucradas.
El acuerdo subraya que el MRM se inscribe en las medidas de satisfacción propias de la reparación integral y se articula con las funciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para las Víctimas, la UBPD y la JEP, especialmente en lo relacionado con verdad, dignificación y preservación de las memorias del conflicto armado.
¿Cómo funcionará la Mesa?
Estará presidida por el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sesionará de manera ordinaria al menos cada seis meses, aunque podrá reunirse de forma extraordinaria cuando lo soliciten al menos dos de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán con la mitad más uno de los miembros presentes con derecho a voto.
El reglamento crea, además, un Comité Técnico de Articulación Interinstitucional, de carácter permanente y no decisorio, encargado de preparar insumos, lineamientos y propuestas metodológicas para la toma de decisiones. Entre sus funciones está “construir y proponer directrices y rutas de articulación interinstitucional que faciliten una planeación, ejecución y seguimiento coordinado de estrategias y acciones en materia de reparación integral, enfoque restaurativo y construcción de paz”.
La Mesa deberá también “emitir informes periódicos y unificados sobre los avances, los retos y los resultados de la articulación interinstitucional”, en línea con lo ordenado por el Tribunal para la Paz en una sentencia de septiembre de 2025.
El acuerdo aclara que la instancia no contará con presupuesto propio. Para su funcionamiento, “las entidades integrantes podrán prever y aportar, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, funcional y sus competencias, los recursos humanos, técnicos y financieros que estimen pertinentes”, y precisa que la participación de la UBPD y de la JEP no implica la asignación ni la ejecución de recursos con cargo a sus respectivos presupuestos.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.