En medio de las recientes dudas sobre la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) –y tras conocerse el pedido de Washington de acelerar la extradición de Calarcá Córdoba, jefe de esa estructura armada–, la delegación del Ejecutivo en ese proceso anunció que, antes de que termine la administración del presidente Gustavo Petro, la Zona de Ubicación Transitoria (ZUT) estará instalada en el municipio de Tibú, con el objetivo de avanzar en el proceso de desarme.
“La ZUT va porque hay la decisión del Gobierno y del Frente 33 (que hace parte de esa disidencia) de materializar este compromiso y estamos hablando también de una ZUT ambiental en el Arco Amazónico. Son desafíos que vamos a superar con toda certeza porque hay una necesidad en el territorio de paz. Ese es uno de los reclamos más importantes de las comunidades y yo creo que esto nos va a permitir lograr un aporte muy importante al desescalamiento del conflicto en el Catatumbo y de generar espacios de diálogos importantes para que avancemos en proceso de paz con otras organizaciones armadas”, afirmó a la FM Emiro del Carmen Ropero, parte de la delegación del Gobierno en ese tablero de paz.
Según explicó, el próximo presidente de la República –que asumirá el 7 de agosto– probablemente recibirá en funcionamiento la ZUT del Catatumbo y otra en el Arco Amazónico, donde el proceso enfrenta retos adicionales relacionados con problemas ambientales y el control territorial.
La creación de la zona de Tibú fue pactada en mayo del 2025, tras una reunión extraordinaria en San José de Cúcuta a la que asistieron delegados del Gobierno Nacional y representantes del Frente 33.
En ese momento, mediante la Resolución 161 de 2025, se autorizó la ZUT por siete meses en el área rural de Tibú y se estableció un plazo de 45 días para que los integrantes del Frente 33 se trasladaran a ese lugar.
En contexto: Los detalles de la creación de la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33 de Catatumbo
Sin embargo, ese plazo venció el pasado julio sin que se registraran avances significativos ni se estructurara el plan integral de desarrollo asociado a la zona. Ese plan era, además, parte del ultimátum que el presidente Petro había dado en abril a ese grupo armado para iniciar el tránsito hacia los lugares de preconcentración.
Ante ese retraso, el Gobierno decidió extender el plazo de la zona por siete meses más. La prórroga quedó formalizada mediante la Resolución 474 de 2025, firmada el 23 de diciembre, con el objetivo de “continuar con el alistamiento para el ingreso”.
La decisión se tomó justamente en medio de un nuevo escalamiento del conflicto en el Catatumbo. En esa región de Norte de Santander, el Frente 33 de las disidencias libra una guerra que en enero de 2025 desató la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años.
Tensiones entre el Gobierno y la disidencia
El anuncio sobre la instalación de la ZUT también ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno y el EMBF que, aunque mantiene una mesa de negociación con el Ejecutivo, actualmente no tiene un cese al fuego vigente.
El pasado 22 de febrero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que la Fuerza Pública mantiene operaciones contra esa estructura armada. “No hay cese al fuego. La instrucción es afectar las estructuras criminales y las economías ilegales. Uno de los objetivos principales es desmantelar la estructura del Frente 36 de la disidencia de Calarcá”, afirmó el funcionario.
Dos días después, la disidencia respondió mediante un comunicado en el que aseguró que ordenó a sus tropas actuar en “legítima defensa” frente a las operaciones de la Fuerza Pública y cuestionó que se adelanten ofensivas militares mientras se mantiene abierta la negociación con el Gobierno.
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