Este domingo, las delegaciones del Gobierno y la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Wálter Mendoza, anunciaron la reanudación formal de la mesa de diálogos tras la pausa de hace un par de semanas.
“La mesa de diálogos de paz se reanuda con decisión, acatamiento del DIH, respeto a los derechos humanos y la reparación temprana a las víctimas”, señala el comunicado conjunto firmado en Puerto Asís, Putumayo, al cierre del séptimo ciclo que también había quedado en pausa.
El documento incluye una condena a la reciente escalada de violencia, especialmente contra la población civil en Cauca y Valle del Cauca, y hace un llamado a todos los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y excluir a la población de las hostilidades.
El documento también se refiere a los ataque con drones en el que murieron tres soldados y en la explosión de una mina antipersonal que dejó heridos a tres niños, pero sin especificar las consecuencias de ambas acciones de las que el grupo armado reconoció su responsabilidad.
En ese contexto, la disidencia reiteró su compromiso no atacar a la Fuerza Pública y de cumplir las normas del DIH y los derechos humanos.
“La CNEB ratifica su compromiso de no planear ni conducir acciones ofensivas en contra de la fuerza pública incluido el uso de los drones, así como su compromiso con la aplicación de Derecho Internacional Humanitario y de respeto a los derechos humanos”, dice el comunicado.
Las delegaciones también destacaron avances técnicos en subcomisiones, con acuerdos sobre zonas de ubicación temporal, sustitución de cultivos de uso ilícito, temas jurídicos y transformaciones territoriales.
Sin embargo, el comunicado tampoco hace referencia a la propuesta del Gobierno de que la disidencia contribuya, incluso con recursos propios, a la erradicación de cultivos de coca en los territorios bajo su influencia, uno de los principales puntos de tensión que llevó a la suspensión del ciclo anterior.
Tal como lo contó este diario, durante la reunión del pasado 12 de abril en Nariño, se hicieron constar que persisten las preocupaciones tanto de las comunidades como de autoridades locales sobre cómo se iba a financiar esos proyectos de erradicación y sustitución de coca.
En contexto: El dilema sobre si grupos armados deben “pagar” la erradicación de coca tensa a la paz total
En el comunicado se anuncia que se “acelerarán medidas de reparación temprana a víctimas”, incluyendo la georreferenciación de zonas con presencia de artefactos explosivos para facilitar el desminado humanitario. Pero no se especifican muchas más acciones.
Ambas delegaciones acordaron que el octavo ciclo de diálogos se realizará en la primera semana de junio.
Aquí el comunicado conjunto:
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.