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La delegación de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –al mando de Walter Mendoza– respondió a la exigencia que le hizo el Gobierno de aclarar su responsabilidad en hechos de violencia recientes ocurridos en el departamento de Nariño. Entre ellos, un ataque con drones en el que murieron tres soldados y la activación de una mina antipersonal que dejó heridos a cuatro menores de edad. El Ejecutivo calificó esos hechos como “inadmisibles” y dijo que la negociación está en un “estado altamente crítico”.
En el comunicado, el grupo armado se refirió primero al ataque contra la Fuerza Pública. Aseguró que “en ningún momento ha sido planificado o premeditado por los Comandos De La Frontera, tampoco correspondió a un hecho hostil contra tropas de las FF. MM”.
La CNEB dijo que se trató de una reacción en “legítimo derecho a la defensa”, pues –según escribió– desconocían inicialmente quién los estaba atacando porque en esa zona también operan las Autodefensas Unidas de Nariño. También señaló que, al identificar a las tropas, cesaron la acción y se retiraron.
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El grupo armado añadió que ratifica su compromiso de “no adelantar operaciones ofensivas contra las y los integrantes de las fuerzas militares y de policía, más nos reservamos el legítimo derecho a la defensa en caso de ser agredidos por cualquier cuerpo armado, promesa que hemos venido cumpliendo durante todos estos años”.
En el comunicado que emitió la delegación del Gobierno este 21 de abril, los negociadores advirtieron que, de confirmarse su participación, estos hechos constituirían una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a los compromisos asumidos en la mesa.
La respuesta sobre la mina antipersonal que dejó a cuatro niños heridos
Sobre el caso de los menores heridos en zona rural de Olaya Herrera por una mina antipersonal mientras jugaban, la disidencia afirmó que “los integrantes de la CNEB no tienen relación directa con este hecho” y que el caso “es producto de décadas de confrontación que han dejado municiones sin explotar esparcidas en el territorio”.
Además, el grupo escribió que los señalamientos en su contra son “acusaciones apresuradas, de enemigos de la paz, quienes salen a culpar a nuestras unidades sin elementos de juicio ni investigaciones previas”.
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En la misiva, la disidencia ratificó su “voluntad de paz” y dijo que “la única vía para evitar estos sucesos” es avanzar en mecanismos como el desminado humanitario y mantener la continuidad de la mesa de diálogos.
Frente a este punto, el Gobierno insistió en su comunicado que estos hechos representan un incumplimiento de lo acordado y que los grupos armados tienen la obligación de garantizar que los territorios donde hacen presencia estén libres de minas y artefactos explosivos.
La delegación del Ejecutivo fue enfática en que estas acciones afectan los avances y advirtió que “las consecuencias se verán en la mesa”.
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