La mesa de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) sigue en curso, pese a las tensiones recientes y a los mensajes contradictorios entre las partes sobre el estado del proceso.
Esta semana, en una reunión realizada en la Casa de Nariño, las delegaciones destrabaron varios de los puntos de fricción. Uno de ellos es que mientras el equipo del Gobierno sostenía que el séptimo ciclo de conversaciones había finalizado el pasado 14 de marzo en Tumaco, la delegación de la disidencia aseguraba que estaba en pausa.
Tras el encuentro, ambas partes acordaron que el ciclo no ha terminado y que el ciclo seguiría abierto.
Otro de los temas clave que sigue sin resolverse es el relacionado con las órdenes de captura. Las partes continúan en consultas sobre las condiciones jurídicas para permitir el ingreso de integrantes de la disidencia a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), una figura central en la arquitectura de estos diálogos.
En este caso, su implementación ha estado atravesada por vacíos jurídicos y tensiones operativas. El Gobierno evalúa mecanismos para saber cómo ingresarán a la ZUR los miembros de la disidencia con órdenes de captura, especialmente los que tienen fines de extradición.
“La delegación adelantará consulta jurídica sobre el funcionamiento general de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), y sobre la suspensión de órdenes de capturas de quienes ingresen a ellas”, dijo hace unos días a este diario Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo en esa mesa, quien añadió que las consultas serán en un periodo breve.
Además, la definición de la ZUT es clave para el desarrollo territorial del proceso, especialmente en zonas como Putumayo, donde ya se han anunciado avances relacionados con su creación.
Según lo planteado en la mesa, este tipo de zonas no solo tienen un componente de seguridad, sino también un enfoque de transición, que incluye compromisos como la dejación de armas progresiva, el acompañamiento institucional y la participación de comunidades.
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En ese punto, uno de los casos más sensibles es el de Geovanny Andrés Rojas, conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera, cuya situación jurídica está siendo evaluada dentro de esas discusiones. Rojas tienen una orden de extradición de parte de Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia ya dio el aval para la misma. En Colombia, sin embargo, el presidente tiene la última palabra sobre si se extradita o no a un ciudadano.
La definición será determinante para la viabilidad operativa de la ZUT y para medir el nivel de confianza entre las partes. Para la delegación de la disidencia, el ingreso de Rojas a la ZUT es un compromiso que debe cumplirse.
Rechazo a “Mordisco” y respaldo a misiones internacionales
En paralelo a estas definiciones, la mesa emitió un pronunciamiento conjunto en el rechaza el anuncio de la disidencia Estado Mayor Central, de Iván Mordisco, que imponía restricciones a misiones humanitarias.
Las delegaciones advirtieron que esas amenazas son inaceptables y reiteraron el respaldo a organismos internacionales y nacionales que acompañan el proceso, como la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo.
“Rechazamos en forma categórica las amenazas (…) y cualquier restricción que pretenda impedir el desarrollo de sus labores humanitarias en beneficio de la paz de Colombia”, señalaron las partes en la declaración conjunta.
El pronunciamiento también subraya que ninguna organización armada puede vetar o limitar las acciones orientadas a la paz, en un mensaje que evidencia las tensiones entre distintas facciones disidentes y los riesgos de fragmentación del conflicto en los territorios.
Este es el comunicado:
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