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En medio de la demanda que busca tumbar la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el Clan del Golfo -considerada la mayor estructura criminal del país- y mientras el Consejo de Estado define si la admite, el negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, defiende la legalidad de la medida y asegura que el Ejecutivo actúa amparado en la Ley 2272 de 2022.
En entrevista con Colombia+20, Jiménez responde a las críticas jurídicas, habla del alcance de las ZUT, de la suspensión de órdenes de captura —incluso con fines de extradición—, de la reunión de Petro y Trump y del compromiso de “paz electoral” en un año de elecciones y del estado real de un proceso que, admite, aún no ha puesto fin a la violencia del grupo armado.
¿Cómo responde usted a las críticas que hace esa demanda sobre la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), sobre todo porque sostiene que no tiene una base legal suficiente?
Me parece que hay que respetar la opinión de las personas, sean críticas o adulaciones. El abogado que ha presentado esa demanda ante el Consejo de Estado está ejerciendo un derecho ciudadano, cualquier ciudadano puede presentar una demanda y controvertir las opiniones que toman los gobiernos. Esa es la primera consideración que hago. La segunda es que hay que esperar los desarrollos que el Consejo de Estado adelante. Ahora bien, mi opinión frente a las afirmaciones que él hace, pues yo creo que son equivocaciones, pero eso tiene que definirlo el Consejo de Estado. Nosotros estamos actuando conforme a la Ley 2272 de 2022 (conocida como Ley de Paz Total), que efectivamente le da lugar a la creación de la ZUT. Las leyes son las que guían nuestra acción, al igual que las afirmaciones de legalidad o de exequibilidad, es decir, de ajuste a la Constitución, que hizo la Corte Constitucional con respecto a esa ley. Ese es nuestro instrumento, nuestra herramienta. Y claro, la Constitución y las leyes son suficientemente fuertes mientras uno las cumpla, y en eso estamos.
Hay un equipo jurídico de la Presidencia de la República que atiende esos casos. Ellos en los espacios que define el Consejo de Estado tendrán que responder eso, una vez seamos notificados porque por ahora solo tenemos una información de prensa. No tenemos una certeza de si ya se admitió por parte del Consejo de Estado la demanda.
¿Pero solamente lo que dice la Ley 2272 sostiene jurídicamente esa creación de las Zonas de Ubicación Temporal?
Claro, porque la ley, mientras tú la respetes, protege las decisiones que tomas. Lo importante es si lo que dice es lo que se está haciendo o si se está haciendo algo contrario a la ley. Y este no es el caso.
Uno de los argumentos de la demanda es que la competencia para crear las ZUT debe ir condicionada a una ley que les dé luz verde. Es decir, que debe pasar por el Legislativo y no solamente el Ejecutivo.
Él tiene una equivocación en eso, pero que él diga que sí y que yo diga que no, no modifica nada. Tenemos que esperar a que haya un concepto de la Corte que defina eso. No voy a pelear con el señor (Mauricio ) Pava. Todo eso tiene que definirlo el Consejo de Estado.
El parágrafo de la Ley 2272 dice que se puede contemplar las Zonas de Ubicación “en un estado avanzado del proceso de paz”. ¿Este proceso que usted lleva con el Clan del Golfo ya llegó a ese punto?
Esa consideración de la ley es una definición que toma el Presidente de la República, que es quien define si a su juicio el proceso está avanzado o no. Entonces es una apreciación que puede ser vista subjetivamente.
En el caso de la consideración nuestra, hay un estado avanzado del proceso de acuerdo con la valoración que nosotros hacemos del mismo y que se refleja en los acuerdos que se han suscrito, que están desarrollándose, que están profundizándose y que son los que dan lugar a la creación del asunto. Pero quién valorará o no valorará si el estado de las conversaciones es avanzado es y ha sido el presidente Petro y así lo valoró en el momento en que él emitió el decreto que dio lugar a la creación de la ZUT.
La demanda dice que con la Ley 2272 no es suficiente sino que se necesitaría una ley de sometimiento, aunque en su caso es una negociación política. ¿Qué responde?
Lo que dice la ley es que en el caso de los Grupos Armados Organizados o Grupos Organizados al Margen de la Ley, que son las dos categorías de los GAOs, no es necesario. Lo estipula frente a las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, que son organizaciones distintas a esta con la que estamos nosotros adelantando el proceso de conversaciones socio-jurídicas.
Si el Consejo de Estado llega a admitir la demanda, ¿puede anular el proceso que se lleva a cabo para la creación de la ZUT?
El Consejo de Estado, primero, debe considerar si admite o no la demanda. Una vez la admita, habrá que proceder a que nosotros y que ellos expresen unos puntos de vista en favor o en contra de lo que está explicitado en la norma. Es decir, si el Consejo de Estado toma una decisión de admitir la demanda, pues hay unos recursos de defensa por parte de las oficinas jurídicas y allí tanto nosotros como los querrellantes van a plantearle al Consejo de Estado sus argumentos y el así podrá tomar las decisiones que competen. No me puedo adelantar a qué va a pasar.
En las circunstancias normales de los procesos administrativos y judiciales, las demandas del Consejo de Estado para ser admitidas toman mucho tiempo, pero en este último periodo ese tribunal ha tomado decisiones muy rápidas. Hay que esperar. Continuamos actuando con base en lo acordado, con base en el marco de la legalidad y estamos desarrollando nuestra actividad tal cual está prevista.
¿Y sobre las órdenes de captura? La demanda también decía que tendría que entrar también la rama judicial para saber si eso se podía hacer
Lo que dice la ley es que podrían entrar a la ZUT personas que tengan órdenes de captura formalmente expedidas por los organismos judiciales en el ámbito nacional, pero también personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición. Es decir, personas que hayan sido solicitadas por autoridades internacionales. Ambos tipos de órdenes de captura está contemplado que se deben suspender de acuerdo a lo que dice la ley, con base en la consideración que allí se plantea.
La otra semana el presidente Gustavo Petro va a tener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y entre los temas estarán paz total y extradiciones. La Corte ya admitió la orden de extradición de Chiquito Malo, jefe del Clan y que está en la mesa. ¿Esta persona entraría, por ejemplo, ahí en la Zona de Ubicación Temporal? ¿Cómo hablar de eso con Estados Unidos?
Estamos pendientes de recibir el listado por parte del grupo sobre el número de personas y sobre las personas específicamente con sus identidades que ingresarán a las zonas. En ese momento no te puedo dar la respuesta de si eso es así o no es así.
El presidente es la única persona que tiene poder y capacidad y legalidad para definir este asunto. El Consejo de Estado ha dado un concepto favorable para la extradición. Luego el Ministerio de Justicia tendrá que escribirle al presidente una recomendación o una valoración del concepto del Consejo de Estado indicándole y recomendando el criterio y el presidente con base en eso deberá tomar una decisión.
En algunos casos el presidente define que se extraditen las personas, en otros casos considera que debe diferir esas suspensiones, pero pues eso no lo sabemos aún. No soy yo el presidente de la República para poder decir qué va a pasar.
¿Qué gestos de paz ha hecho el Clan del Golfo para que se piense en crear algo como una ZUT? Le pongo un ejemplo, el fin de semana 500 personas estuvieron confinados en Briceño, Antioquia, por combates del Clan del Golfo con las disidencias de las antiguas FARC
Todos los mecanismos que tenemos para el monitoreo y la verificación de los acuerdos que estamos estableciendo involucran procedimientos que incorporan a la OEA para que ella haga esas verificaciones, para que ella adelante las pesquisas y, conjuntamente, tanto con el grupo armado como con el Estado colombiano, adelante los criterios de seguimiento. En este momento, el conflicto o la confrontación o el ejercicio de violencia por parte de ese grupo no ha terminado. Ese grupo existe hace más de una década. Y existe como grupo actuando contra los intereses de la sociedad colombiana y contra la población desde el punto de vista del Estado colombiano. Eso no implica que vamos a resolver los problemas de manera puntual y rápida. Eso implica que estamos en un proceso de conversación y en ese proceso de conversación aún no hemos llegado al punto donde el grupo deje de existir.
En contexto: Combates entre Clan del Golfo y disidencias en Briceño, Antioquia: hay 10 veredas confinadas
Para usted, ¿no serían las Zonas de Ubicación Temporal una suerte de beneficio que le estaría otorgando el gobierno al Clan del Golfo sin nada a cambio?
Para mí y para el equipo que trabaja en este proceso y para el Gobierno, las Zonas de Ubicación son una herramienta para la transición del grupo armado de esa condición a una condición distinta, que tiene que ver con el objetivo que le hemos trazado que es la eliminación del grupo armado.
Ya hay una fecha establecida para el inicio de la ZUT que es el 1 de marzo y que se atraviesa con las elecciones legislativas que se harán una semana después y con las presidenciales. ¿Se ha pensado en que esto puede tener un efecto en las elecciones?
El primero de marzo es la fecha y estamos trabajando para cumplir con esos criterios si logramos superar los estadísticos, desarrollos y situaciones cotidianas en el marco de estos proyectos. Ese es un grupo que –al igual que en otras regiones del país– tiene injerencia sobre la vida de la sociedad civil, incidencia en muchos asuntos económicos, políticos, sociales, comunitarios. No es que eso surja porque creemos las ZUT. Al contrario, nosotros pensamos que es una herramienta que permite transitar de manera contenida con el grupo este episodio. En la experiencia que hemos visto en Colombia en los procesos electorales, los grupos armados han participado y han influido de manera negativa en muchos casos en los procesos electorales, violentando los derechos de los ciudadanos, violentando la posibilidad de ejercer el voto de manera libre.
Por eso, y con una alta incidencia de la Procuraduría General de la Nación, uno de los elementos de acuerdo que se construyó en Doha era el correspondiente al término de paz electoral. Es un compromiso que el grupo ha manifestado, y que tendremos que verificar de manera permanente sobre su respeto a la evolución de los distintos procesos y dinámicas del desarrollo electoral que se van a dar no solamente en marzo, sino también los procesos electorales que se dan en las regiones con ocasión de de elecciones por fuera de los calendarios normales o por el caso de las consultas y demás. Ahí hay un compromiso, y nosotros aspiramos y esperamos, y estamos observando de momento que hay respeto al mismo por parte de este grupo armado.
¿Pero sería un compromiso solo para que el día de las elecciones se lleven a cabo tranquilamente o también para que haya una campaña tranquila, que no haya presiones?
El concepto de paz electoral es un un concepto que va más allá del día electoral, que involucra el respeto a la opinión y a la participación de los candidatos en las zonas, que involucra el respeto a lo que compete con la dinámica electoral que se desarrolla en los municipios, la libre expresión de sus ciudadanos alrededor de la dinámica electoral; es un compromiso mucho más integral.
¿Cuándo será la próxima ronda de negociaciones?
Nosotros estamos trabajando de manera permanente. De hecho, en este momento por ejemplo, nosotros estamos trabajando con alcaldes y con parte de las delegaciones. Estamos acompañados de la OEA desarrollando los preparativos para la mejor comprensión del proceso. Es un proceso que todos los días debe adelantar actividades, involucra a muchas personas: unas que hablan en representación del grupo, a los alcaldes de los municipios, a sectores de las comunidades de esas regiones, a los gobernadores y también a los gobernadores que han querido participar del proceso. Hay otros casos, como el gobernador de Antioquia, que rechaza este proceso, pero nosotros continuamos invitándolo y y llamándolo a que convoque y a que sea parte de este, porque la paz es una construcción colectiva, en la que llevamos más de treinta y cinco años, desde los noventa, que fue la apertura a este nuevo escenario de negociaciones. Esto no va a ser la paz final, esto no es un proceso que termina con este gobierno, es un proceso que va mucho más allá de ti, de mí, que ojalá la sociedad pueda lograr el propósito de tener una convivencia sana, constructiva y en paz que permita el desarrollo de todas las regiones del país con inclusión y con equidad.
¿Pero sí hay fecha o no próxima?
No tenemos fecha. Tenemos un proceso de trabajo. Nosotros trabajamos todo el tiempo, pero fecha de sesión especial, todavía no. No acostumbramos a decirlo.
Usted en este momento está en Montería, Córdoba. En ese departamento se haría una de las ZUT. ¿Ha habido una suficiente preparación con comunidades y autoridades locales de dónde van a estar estas estas Zonas de Ubicación Temporal y qué va a pasar allá?
Nunca será suficiente, pero claro que hay conversaciones, hay desarrollos, hay actividades y en eso estamos.
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