Ni nuevas Convivir ni invento de la guerrilla: ¿qué son las guardias campesinas?

En el Catatumbo, la guardia campesina existe desde 2013, cuando se produjo el paro agrario. / Óscar Pérez

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

“La Farc proponen crear ejércitos paramilitares de izquierda legalizados en el territorio nacional”, publico en su cuenta de Twitter la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia a finales de julio pasado. En su trino adjuntaba la primera página de un proyecto de ley que el partido Comunes (antes FARC) radicó en el Congreso en esta legislatura para “reconocer y reglamentar las guardias campesinas como mecanismo comunitario de protección permanente”.

El trino de la senadora fue replicado casi 2.000 veces y medios de comunicación rotularon el proyecto de ley como escandaloso, polémico o controversial. Incluso, lo equipararon con las antiguas Convivir o con grupos de autodefensa.

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Esa discusión la seguía de cerca Guillermo Quintero, el coordinador de la guardia campesina del Catatumbo, que funciona hace ya nueve años, tras el paro agrario de 2013. Contrario a la oposición que generó el proyecto en un sector político, el líder campesino muestra su respaldo a la iniciativa legislativa y resume: “ese proyecto nos garantizaría a nosotros poder trabajar con mucha más tranquilidad, sin ese sello de estigmatización”.

La figura de las guardias campesinas, aunque tiene antecedentes en las guardias cívicas que se conformaron en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) durante los años 70, se revitalizó en la última década dentro del movimiento campesino. Su contraparte en los pueblos étnicos son las más conocidas guardia indígena y guardia cimarrona, asociadas a resguardos y consejos comunitarios, reconocidos formalmente por el Estado colombiano y con autonomía y autoridad territorial.

Menos visibilidad han recibido las guardias campesinas, que en los últimos diez años se han ido consolidando como cuidadores del territorio y garantes de derechos humanos en zonas como Cauca, Nariño, Magdalena Medio, Meta y Catatumbo. Aunque también cuentan con un alto grado de formalidad y organización, aún no han sido reconocidas por el Estado. De hecho, a ellas se extiende el estigma que pesa sobre las Zonas de Reserva Campesina, que se han asociado a la insurgencia y que en muchos casos aún esperan el visto bueno del Estado para constituirse.

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Pese a ello, Quintero explica que hay una legitimidad ganada en el territorio no solo con las comunidades, sino con las mismas instituciones: “Hay un reconocimiento de facto por parte de la institucionalidad; hemos tenido muy buenas relaciones a nivel local y departamental, e incluso la comunidad internacional conoce perfectamente el mecanismo. Ha sido bien visto y aceptado el rol que cumplimos en el territorio”.

De hecho, ese rol es muy distinto al que los sectores políticos opositores al proyecto le atribuyeron, señalándola como un cuerpo de choque que se enfrenta a la Fuerza Pública. Quintero explica, por ejemplo, que ahora mismo al Catatumbo lo azota una ola invernal que ha dejado inundaciones y ha causado emergencias para la población de la zona. La labor de la guardia campesina está enfocada en atender la crisis y a las familias de la región. Incluso, dice, la labor de búsqueda y rescate hace parte de sus funciones esenciales como guardia, como también prestar los primeros auxilios y las comunicaciones comunitarias.

Aunque algunos hayan señalado que esa guardia rivalizaría con las autoridades estatales, en la práctica, según Quintero, ha sido todo lo contrario. “Dicen que somos una fuerza de choque, pero en el territorio se dan escenarios en los que la Fuerza Pública ha dicho que prefiere interlocutar, como un espacio más neutro y aterrizado, con la guardia, que quizá con los miembros de la comunidad que están en movilización, y allí hemos cumplido nuestra labor de mediación”, explica.

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Como un ejemplo de ello referencia el caso que se dio en Bogotá, en medio de las movilizaciones del paro nacional, en junio de 2021, cuando a las afueras del Hotel Tequendama en donde se encontraba una delegación de la CIDH iba a escalarse la confrontación entre manifestantes y policías, pero esa guardia campesina del Catatumbo que acompañaba la movilización intervino y ayudó a formar un cordón de distensión entre unos y otros.

Esa legitimidad y reconocimiento que ya tienen en el territorio las guardias campesinas es lo que quiere darle en la legislación colombiana el proyecto de ley, según explica la senadora Sandra Ramírez, de la bancada de Comunes y una de las autoras de la iniciativa. “Se busca que tengan un piso jurídico estatal, que el Estado las reconozca. ¿Qué se reconoce? La actividad de la comunidad campesina mediante su trabajo en materia de protección de derechos humanos, del territorio y del ambiente. Pero más importante: no es cosa diferente a que el campesinado adquiera derechos políticos”.

Guardias campesinas no estarán armadas

El proyecto señala explícitamente que las guardias no serán un cuerpo armado y que en ningún caso reemplazarán las funciones y obligaciones de las Fuerzas Militares y de Policía, sino que tendrán un carácter comunitario, civil y pacífico.

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Su conformación se dará a través de las juntas de acción comunal y de las organizaciones sociales del territorio, y tendrán una estructura que incluye una asamblea general de toma de decisiones, coordinación regional, coordinación municipal, zonal y sectorial. Además, deberán inscribirse formalmente ante el Ministerio del Interior, que se encargará de verificar los requisitos y llevar la documentación sobre las guardias campesinas registradas en el país.

Para Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia, el proyecto de ley encaja con otras iniciativas que por distintas vías están intentando saldar una deuda con los campesinos del país: el reconocimiento jurídico del campesinado –aún más teniendo en cuenta que Colombia no votó a favor de la declaración de los derechos del campesinado en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018–. Entre las iniciativas a las que se refiere Bautista está, por ejemplo, el proyecto de ley de reconocimiento jurídico de los campesinos que ha abanderado el líder campesino y ahora senador por el Pacto Histórico Robert Daza.

Según ella, ese reconocimiento es fundamental por dos razones: “primero porque al sujeto campesino históricamente se le ha reconocido solo como un productor de alimentos. Esa es una dimensión importantísima, pero el reclamo ha sido que no solo producen alimentos, sino que y también tienen una dimensión cultural, territorial, política y organizativa. Y segundo, porque lo que pasó en la Constitución de 1991 es que hubo un reconocimiento asimétrico frente al campesinado: se reconocieron de manera muy importante los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en menor medida de los pueblos afrocolombianos, pero al sujeto campesino no se le reconocieron en estricto sentido”. Esto es, no solo derecho al acceso a la tierra, sino derecho al territorio y, por ejemplo, a un plan de vida campesino.

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Quintero sostiene que es natural que el proyecto de ley genere discusión, que debe darse con cualquier iniciativa legislativa. “Es necesario expresar de nuestra parte toda la disposición y que en cualquier escenario de discusión política estaremos prestos a acudir al llamado para argumentar y que se entienda cuál es el objetivo de esto. Lo importante es que no se satanice antes de escuchar”.