La Defensoría del Pueblo se pronunció este lunes sobre los combates en Guaviare entre la disidencia de Iván Mordisco y Calarcá Córdoba que dejaron 27 muertos, entre ellos 26 guerrilleros y un civil.
Los hechos se presentaron el viernes, pero se conocieron hasta el sábado pasado en el caserío Paz, en el municipio de El Retorno de ese departamento. Los combates se dieron entre estructuras de la disidencia Estado Mayor Central (EMC, de Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF, de Calarcá Córdoba), que libran una cruenta guerra por el control territorial de ese departamento, un punto clave para el tráfico de droga.
La gravedad de los hechos provocó que por primera vez la Defensoría del Pueblo instara al Gobierno a pedir explicaciones a la mesa de paz que se lleva con la disidencia de Calarcá.
“Se insta al Gobierno nacional a que eleve esta situación con carácter urgente a la Mesa de Diálogos de Paz que adelanta con las estructuras del autodenominado Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes de las extintas FARC-EP (EMBF)”, dice el comunicado.
Así mismo, la Defensoría afirmó que los combates persisten en la zona. “De materializarse esta situación, la comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar, entre otras graves afectaciones”, se indicó en el documento.
Y agregó: “De conformidad con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las partes en conflicto armado deben, bajo el principio de precaución, tomar todas las medidas para evitar o reducir al mínimo los riesgos o daños a la población civil. Así mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, deben abstenerse de causarle daños incidentales excesivos”.
La mesa con Calarcá pasa por un momento completa. Pese a que en noviembre pasado, las delegaciones del Gobierno y de esa disidencia adelantaron el séptimo ciclo de negociaciones donde se ratificó la voluntad de las partes de mantener abierta la mesa y avanzar en la agenda acordada, incluida la implementación de compromisos relacionados con desescalamiento y garantías de seguridad, varios hechos polémicos han impactad ese diálogo.
A los cuestionamientos sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos se sumó un escándalo mayor a partir de filtraciones encontradas en computadores incautados al jefe de esa disidencia, “Calarcá Córdoba”, que revelaron presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y miembros de ese grupo armado.
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