Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El levantamiento del paro minero despejó las vías del Bajo Cauca pero no las dudas de muchas asociaciones de mineros, quienes advierten que el conflicto se puede reactivar en cualquier momento. El decreto 2235 de 2012, que sienta la base legal para la destrucción de maquinarias, no fue derogado, de hecho, el miso día de publicación de este artículo el Ejército informó la quema de cuatro entables mineros en el departamento del Chocó, avaluados en 6.000 millones de pesos.
Esto mientras el sector minero pide que el control se ejerza no contra los pequeños y medianos mineros, sino sobre los grandes comercializadores, que son quienes de facto controlan el negocio, para lo cual esperan que se implemente un sistema de trazabilidad a las transacciones sobre el oro, que según expertos, ya está listo. El Gobierno anterior hizo una inversión de cerca de 8.000 millones de pesos en la creación de este sistema, que aún no opera.
“Somos víctimas del conflicto”: Mineros de Segovia y Remedios
“La estigmatización, criminalización y judicialización penal de las personas que históricamente hemos desarrollado la actividad minera por herencia de padres y abuelos ha provocado procesos penales interminables e inconclusos, sin fundamentación legal ni probatoria, mostrándonos con una especie de show mediático y marketing punitivo a través de medios de comunicación”.
Estas afirmaciones hacen parte de una carta enviada por mineros de Antioquia al presidente Gustavo Petro, con copia a los ministerios de Defensa, Ambiente y Minas, donde al menos cuatro agremiaciones de pequeños y medianos mineros plantean sus reclamos al Gobierno Nacional tras el levantamiento de un paro que dejó incalculables pérdidas materiales en medio de dos meses de zozobra en varias regiones del país.
En contexto: “El problema de la minería no son las dragas”, explica Yarley Marín.
El documento suscrito por la Corporación Territorios Humanos y la Mesa Minera de Segovia y Remedios asegura que recoge a su vez inquietudes que han sido formuladas por otras agremiaciones como la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, la Cooperativa de Mineros del San Juan en Chocó y la Mesa Minera Agroambiental del Nordeste Antioqueño.
El principal reparo de los mineros tiene que ver con la quema de maquinarias y la destrucción de los entables que, según ellos, no sirve para nada, porque no afecta realmente las rentas de los grupos ilegales.
“No se ha demostrado la efectividad de esta medida de destrucción de maquinaria para la protección del medioambiente y mucho menos como herramienta efectiva para acabar con la economía de los grupos al margen de la ley”, sostiene la carta, asegurando que “los que estamos en medio como víctimas invisibilizadas, agredidas y violentadas somos las comunidades mineras”.
Por eso piden que se evalúe el decreto 2235 de 2012, en el que se limita el uso de retroexcavadoras y maquinaria pesada en la minería artesanal. Hay que recordar que era una exigencia del paro minero la derogación de dicho decreto.
Los mineros aseguran que la política de quemar máquinas no ha servido para nada y que es necesario evaluar desde la aplicación del decreto “qué tanto ha afectado las economías ilícitas de grupos al margen de la ley”. Esto después que en un consejo de ministros en Caucasia (Antioquia) se emitió una declaración de la Presidencia de la República en la que “el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la protección del medioambiente, como uno de los pilares de su gestión, y buscará soluciones integrales para la comunidad”, lo que ha sido interpretado por los mineros como una continuación a la política de destruir sus maquinarias.
En conversación con Colombia+20 Yarley Marín, de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, aseguró que la mayoría de mineros sin título que se agremian en la organización han buscado formalizarse, pero necesitan seguridad jurídica para proteger inversiones que pueden ser de miles de millones de pesos.
Lea también: El conflicto por el oro en Segovia y Remedios
Ana María Espinoza, abogada de la Mesa que además representa a varias de las minas más importantes de Segovia y Remedios en litigios nacionales e internacionales, puntualizó que han emprendido más de diez procesos de formalización, ninguno de ellos exitoso, por múltiples trabas con el gobierno nacional.
Sobre este punto, la Presidencia aseguró que el objetivo del Gobierno es “buscar alternativas tecnológicas que puedan ser utilizadas en la extracción y el beneficio del oro en la región del Bajo Cauca. Así como avanzar en la caracterización integral de la pequeña y mediana minería, con miras a la formalización”, agregando además que el presidente Petro ha ordenado “la revisión de toda la titulación minera en la zona [del Bajo Cauca], con el fin de determinar quiénes son los tenedores de los derechos mineros y con cuáles cuenta el Estado”.
La trazabilidad de las transacciones: una deuda pendiente
Otras voces consideran que, aunque hubo un acuerdo para levantar el paro, el problema de fondo sigue intacto: mientras no haya voluntad para la formalización, ni un control real del Estado a las rentas que genera la minería, esta seguirá controlada por organizaciones criminales.
Carlos Andrés Mejía, quien ha defendido la necesidad de implementar un sistema nacional de trazabilidad para las transacciones que se hacen con el oro, asegura que por ahora sólo se aplazó el problema, sin resolverlo. “El negocio es tan rentable que atacar la máquina y quemarla no detiene el negocio”, sostiene Mejía, “todo el negocio se sostiene en el dinero, pero el dinero no tiene ninguna resistencia”.
Mejía defiende una tesis novedosa, que incluso ha sido respaldada por la OCDE: el Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en controlar las transacciones que se hacen con el oro, que empiezan desde que se compra en la boca de la mina hasta que llega a los mercados internacionales, endureciendo las condiciones para los eslabones más altos de la cadena, es decir las comercializadoras internacionales y los bancos, que es en donde en su opinión el oro ilegal se convierte en dinero que entra sin problemas al sistema financiero.
Hasta ahora la estrategia se ha centrado en perseguir a pequeños y medianos mineros sin títulos, pero no a quienes compran y exportan toneladas de oro de origen ilícito. De acuerdo con la Contraloría, el 85% del oro que exporta el país es ilegal, pero paradójicamente, según Mejía, el producto de esas ventas regresa a través de cuentas bancarias y transacciones que no son sujetas por ningún control.
Lea también: La encrucijada minera de Segovia y Remedios
Este sistema de trazabilidad permitiría contrastar datos de las transacciones para identificar cuestiones tan diversas como si hay restos de mercurio en los lingotes (lo que permitiría identificar qué comercializador exporta oro extraído con métodos contaminantes), hasta determinar cuáles ventas fueron simuladas o realizadas por testaferros que suplantan a barequeros y mineros de subsistencia para blanquear el oro ilegal.
Si bien durante el consejo de ministros realizado el 4 de abril en Caucasia, tras los acuerdos con los mineros se anunció que el Gobierno iba a “estudiar alternativas de comercialización del oro, que cuenten con la participación técnica del Estado”, lo cierto es que desde 2022 hay una norma estableció “mecanismos necesarios para determinar la procedencia y trazabilidad de los minerales, registrar las transacciones mineras y establecer las herramientas de control necesarias para su aplicación”, de acuerdo con la ley 2250 de del 11 de julio de 2022.
Aunque la ley daba un plazo de seis meses para crear dicho sistema de trazabilidad, ese plazo ya se cumplió y el Ministerio de Minas aún no ha logrado concretarlo, lo que ya motivó una circular de la Procuraduría el pasado 23 de marzo, que requiere al Ministerio “a establecer y reglamentar los mecanismos necesarios para determinar la procedencia y trazabilidad de los minerales en la fase de comercialización, controlando así todo el proceso de la cadena de valor de la minería”.
En esa misma circular la Procuraduría hace un llamado urgente a la formalización de los pequeños y medianos mineros, de cara a evitar que se reactive el conflicto.
El Estado ya pagó por el desarrollo de un Sistema de Trazabilidad de Minerales en 2022, que fue probado en un escenario controlado y, según Mejía “está listo para ser puesto en operación y funcionamiento”, pero se necesita un decreto del Ministerio de Minas que le otorgue un marco regulatorio.
El borrador del decreto para poner en práctica este sistema ya existe y establece que “el registro de las transacciones de compra y venta en línea de la comercialización de minerales [...] deberán ser realizadas a través de la plataforma tecnológica dispuesta por la autoridad minera [que] debe permitir la verificación en tiempo real de la cantidad y calidad de minerales que han sido producidos, comprados, vendidos, transformados, beneficiados, distribuidos, intermediados, exportados y consumidos, procedentes de los explotadores mineros autorizados, comercializadores mineros autorizados, plantas de beneficio y transformación”.
El cambio de Gobierno y de funcionarios en la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas ha retrasado varios procesos, entre ellos el de implementar el sistema de trazabilidad, de acuerdo con Carlos Andrés Mejía.
“Controlar la comercialización le sirve absolutamente a todos, principalmente al Gobierno por el tema tributario y porque los datos los puede utilizar para diseñar políticas públicas”, asegura Mejía. “Esto permitiría discernir y no tratar a todos los mineros como criminales sólo por sospecha”, concluyó.
Le puede interesar: Caso Lucas Villa, un testigo fue asesinado en Pereira