Colombia + 20
Haciendo País

“El problema de la minería no son las dragas ni la retroexcavadora, es el hambre”

Así lo dice Yarley Marín, miembro de la Mesa Minera de Segovia y Remedios y presidente de la Mesa Minera Agroambiental del Nordeste Antioqueño. Delegados de esas entidades tuvieron esta semana una reunion con el Ministerio de Minas para buscar soluciones a la crisis que a principios de este mes provocó un paro minero de tres semanas.

Camilo Alzate González
31 de marzo de 2023 - 08:18 p. m.

Yarley Marín es miembro de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, y también es el presidente de la Mesa Minera Agroambiental del Nordeste Antioqueño. Ejerce la minería desde niño, como muchos en esa región donde el oro ha sido sustento desde tiempos precolombinos. Los mineros del Nordeste Antioqueño han buscado tender puentes para resolver la reciente crisis, propiciando reuniones y diálogos de alto nivel para establecer un diálogo entre las comunidades mineras y el Estado.

Todo eso de cara al paro minero que se dio a principio de este mes en el Bajo Cauca antioqueño y que fue protagonizado por al menos 5.000 mineros de Antioquia y Córdoba. La causa fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez: “La orden es perentoria: guerra total contra las finanzas criminales. Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales”.

Cinco días después, el presidente Petro tuvo que enviar a cinco viceministros para atender la situación, de las carteras del Interior, Defensa, Minas y Energía, Medio Ambiente, así como el Departamento Nacional de Planeación. Entre tanto, la conversación por la transición energética seguía su curso y se hablaba de la creación de un distrito minero, pero la cosa se fue convirtiendo, para sumar, en un lío de orden público, pues se hablaba de infiltración de grupos armados ilegales en la protesta. El paro duró casi tres semanas y produjo 2.600 millones de pesos en pérdidas, solo en el sector del transporte de alimentos y pasajeros.

El último de esos encuentros que convocó la Mesa Minera ocurrió en el Ministerio de Minas el 27 y 28 de marzo, donde estuvieron reunidos con la viceministra Johana Rocha. Marín dio algunos detalles de ese encuentro.

¿Cómo les fue su visita al Ministerio de Minas? ¿Qué acordaron?

Estuvimos con la viceministra de minas Johana Rocha, hablamos de la problemática y como el Gobierno esta afrontando este tema que no es nuevo. Desde la Mesa Minera de Segovia y Remedios, desde la Mesa Minera Agroambiental del Nordeste Antioqueño, le decimos al Gobierno que no pueden tratar una problemática social como si fuera un problema de orden público. Si hablamos del Bajo Cauca, hay mineros que no son de organizaciones al margen de la ley y tienen la capacidad de comprar ese tipo de maquinaria, y el Gobierno lo que hace es dinamitarla. El problema no son las dragas o las retroexcavadoras: el problema es el hambre, la necesidad. Supongamos que, como dijo el ministro de defensa, esas máquinas son del Clan del Golfo y por eso las dinamitan: ¿qué va a hacer el Clan del Golfo? Comprarse otra, es obvio que ellos tienen una renta de la minería, pero sus máximos ingresos vienen de la extorsión. Si les van mal y les queman una máquina, van a cobrarle más caro a las comunidades. El tema no es de dónde esos grupos tienen sus rentas, lo que el Gobierno tiene que plantearse es por qué la gente trabaja al lado de esas retroexcavadoras: porque hay hambre, porque hay necesidad.

Pero está claro que estos grupos se financian con el oro…

Esas rentas no dependen netamente de la minería, que es un renglón importante sí lo es, pero dependen más de la extorsión, aunque sean dueños de algunas minas. Mientras haya hambre va a existir gente que trabaje con ellos. Algo similar pasa en Buriticá (Antioquia), ellos tienen los accesos a las minas, pero no son los que trabajan, ¿quién trabaja? La gente que tiene hambre y necesidad.

En contexto: La encrucijada minera de Segovia y Remedios

¿Qué les dijo la viceministra Rocha?

Hablamos con ella de crear una mesa técnica anticriminalización de la minería, hemos visto como muchas multinacionales, y este es el caso de Segovia, han manipulado a la Fiscalía para que haga extinción de dominio, capturas, aunque luego no haya pruebas suficientes para condenar a los mineros y tengan que liberarlos por vencimiento de términos, pero siguen vinculados a los procesos. ¿Qué le estamos diciendo al Ministerio? Trabajemos, lleguemos hasta el Fiscal General, revisemos los casos, miremos dónde se han cometido errores y si alguno debe pagar sus culpas que las pague, la ley es individual, no son todos los mineros. Acá se direcciona el aparato judicial para proteger los capitales extranjeros. La ministra nos dice que vienen trabajando, que le habían ofrecido unas propuestas a los compañeros del Bajo Cauca, con quienes nos solidarizamos. También rechazamos los actos de violencia contra la misión médica y los ataques que se han presentado en ese sector, pero apoyamos a nuestros compañeros mineros ancestrales y tradicionales.

¿Hay una ruta a seguir?

Hay varios sectores políticos que no están de acuerdo con que se derogue el decreto 2235 de 2012 [que restringe el uso de la maquinaria pesada en la minería artesanal], que es la petición de los mineros del Bajo Cauca, la viceministra nos dice que va a avanzar en el Plan Nacional de Desarrollo para hacer cambios a la política minera y que el nuevo código de minas sea efectivo, y reglamentar la ley 2250 de 2022, que puede beneficiar a una gran cantidad de mineros. Pero nosotros creemos que así como el Gobierno abordó esta vez la problemática vamos a seguir en el mismo contexto de criminalización y estigmatización, quienes vamos a pagar los platos rotos, quienes vamos a poner muertos, a pagar las extorsiones, somos los mineros. Aquí hay una problemática que el Gobierno no quiere abordar desde otra óptica, si hablamos de legalizar la coca, ¿por qué no legalizamos la minería también? Hay unos intereses económicos que no quieren que la minería se formalice, porque les conviene más la ilegalidad.

Vea también: El costo del progreso

No se puede ocultar que el Clan del Golfo se apoderó de ese negocio…

La culpa no la tiene la actividad minera, es que ellos extorsionan a todo mundo, a las tiendas, a las minas, el problema no es el Clan del Golfo, el problema es que el gobierno ha permitido que se fortalezcan, la culpa no la tenemos nosotros, es la incapacidad del Estado para combatir estos grupos al margen de la ley. Si la política es dinamitar, entonces van a tener que dinamitar casi a todo el mundo, porque ellos extorsionan en todos lados: al señor que vende papitas en la calle, al que tiene el almacén, a la multinacional, al pequeño minero, al mediano, y ellos también tienen sus minas, pero no podemos estigmatizar. Es como decir que el Congreso está lleno de ladrones, ¿entonces vamos a dinamitar el Congreso porque hay corruptos? Una máquina genera empleo por lo menos para 200 personas, porque hoy el oro no está superficial, llevamos más de 500 años explotando el oro, ¿cómo quiere el Gobierno que un minero de subsistencia -que sólo usa una pala y una batea- consiga el sustento? No puede, hoy el oro se encuentra a cuatro, cinco, quince o hasta veinte metros de profundidad, los mineros necesitan estar al lado de las retroexcavadoras, sino no pueden sobrevivir.

¿El Clan del Golfo extorsiona también a MINEROS S.A., la empresa que tiene uno de los mayores títulos de explotación de oro en el Bajo Cauca?

Eso es lo irónico en este país, ellos extorsionan a todo el mundo. Hablemos de Segovia, en un momento el Clan del Golfo extorsionó a la multinacional [Gran Colombia Gold, ahora llamada Aris Mining] y ellos dijeron que no pagaban. Entonces empezaron a extorsionar a Juio Erazo, un minero que trabaja con la multinacional, también dijo que no pagaba. ¿Qué hicieron? Comenzaron a matarle los trabajadores. De un momento a otro, gracias a Dios, no volvieron a matar más trabajadores, me imagino que tuvieron que haber negociado, lastimosamente siembran el terror. El Gobierno interpreta eso como una extorsión, pero cuando nos la cobran a nosotros los pequeños mineros sí nos llaman auspiciadores. ¿Quién va a querer entregarle a un grupo criminal lo que ha conseguido con tanto esfuerzo y sudor? Nadie. En el Bajo Cauca está MINEROS S.A. que es uno de los mayores contaminantes del Bajo Cauca, que desvían el río, que tienen unos pasivos ambientales enormes, entonces como son titulares [legales] pueden contaminar y cambiar el cauce del río y hacer y deshacer en el territorio…

¿Algunas de las maquinarias dinamitadas estaba dentro del título de MINEROS?

Lo que nos dicen los compañeros es que ellos están explotando áreas que pertenecen a MINEROS S.A. y que esa empresa explotó hace muchos años, en el Bagre y Zaragoza. MINEROS tiene una concesión muy grande en ese territorio y la mayoría de las áreas les pertenecen.

Pero eso es una perturbación del título, ¿acaso hay acuerdos con MINEROS S.A. para explotar esas zonas? ¿La empresa recibe algún tipo de compensación de estas dragas ilegales?

Esa pregunta tendría que hacérselas a ellos, a ver si les pagan o no por explotar dentro de su concesión. Sé que las cinco dragas que dinamitaron recientemente estaban en el río.

Vea: El conflicto por el oro con una multinacional en Antioquia

¿Cuáles son sus peticiones al Ministerio de Minas para el nordeste Antioqueño?

Falta una legislación efectiva y hay ineficacia de la secretaría de minas del departamento de Antioquia en el seguimiento a muchos títulos mineros. Hemos pedido la caducidad de varios títulos porque durante muchos años no han hecho nada: ni explotación, ni exploración. La secretaría de minas debe vigilar que sí se haga la exploración en los tiempos pactados, pero no se hace nada, a estos títulos habría que pedirles caducidad, pero como la secretaría no hizo seguimiento, ni multas sucesivas, no puede pedir la caducidad del título, porque la misma secretaría omitió sus funciones de seguimiento. ¿Qué pasa con estos títulos? Son títulos de engorde, especulan con ellos en la bolsa, pero no hacen nada de lo que tienen planteado en los programas de trabajos y obras.

¿Cuál sería la solución a toda esta crisis?

Formalizar, dejar trabajar a las comunidades, traer a la gente a la legalidad, pero no seguir con un tratamiento de orden público a una problemática social. Nos preocupa el desinterés del Gobierno y de los congresistas por el tema minero, parece que a nadie le interesa que la política minera cambie, es una política que lleva más de veinte años demostrando que no es efectiva para los territorios, ni para el Estado.

Camilo Alzate González

Por Camilo Alzate González

Licenciado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cubre temas relacionados con paz, derechos humanos y conflicto armado.@camilagrosocalzate@elespectador.com

Temas recomendados:

 

Jorge(98559)31 de marzo de 2023 - 09:01 p. m.
El hambre y la ambición a la riqueza, no importa que tengan que destruir todo a su paso; porque no nos digamos mentiras: las dragas y las retoexcavadoras no son equipos de pequeños mineros.
Aldemar(14308)31 de marzo de 2023 - 09:01 p. m.
Si la coca se legaliza se acaban las mafias, lo cual no sucede con el oro, que además tiene un impacto ambiental y social bastante grave. Hay que acabar con la gran minería a cielo abierto en el Bajo Cauca porque es inviable. Tal vez se logre regularizar la del Nordeste, si es de socavón. Ambas tienen grandes impactos ambientales y sociales y por eso deben ser reguladas!
Aldemar(14308)31 de marzo de 2023 - 08:57 p. m.
Muchos mineros pequeños y artesanales apoyan la gran minería ILEGAL porque les dejan lavar residuos de tierras removidas que ya han sido lavadas una primera vez por las empresas de las mafias. Y de eso viven, pues esas arenas y tierras todavía tienen oro. Pero todos unan mercurio para decantar el oro y todos degradan completamente las tierras y las aguas!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar