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Apostarle a una sustitución de cultivos integral y que impulse la creación de empresas, asegurar la conectividad vial y el transporte de productos y resolver las necesidades básicas insatisfechas. Estas fueron algunas de las peticiones centrales que los cultivadores de coca de Chocó, Valle, Cauca y Nariño le hicieron al presidente Gustavo Petro durante un multitudinario encuentro del Litoral Pacífico y el Piedemonte Costero que tuvo lugar en Bocas de Satinga (Olaya Herrera, Nariño).
Uno de los principales reclamos de las comunidades fue el acceso a la educación. Sobre eso, el presidente Petro anunció que en febrero comenzará la construcción de la sede de una universidad en el municipio de Barbacoas, Nariño.
Al evento, organizado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), asistieron más de 3.000 miembros de comunidades afro, indígenas y campesinas que llegaron desde 19 municipios de la región pacífica que concentran el 45% de las siembras de coca del país.
“Aquí hemos dicho que queremos primero asociatividades, porque esto no se puede hacer de manera individual. Segundo, que cualquiera que sea la alternativa de sustitución, si no hay ayuda del Estado, si no hay crédito barato, si no hay acompañamiento tecnológico, no se le podrá competir a la coca”, dijo Petro durante el evento.
Además, hizo un llamado a “no demonizar” la hoja de coca y dar el paso a su industrialización, y una vez más puso de relieve la importancia de asegurar la presencia integral del Estado en regiones con siembras de uso ilícito.
El segundo encuentro cocalero
El de Bocas de Satinga es el segundo encuentro de este tipo. La primera gran cumbre cocalera se dio en El Tarra, Norte de Santander, a mediados de diciembre de 2022.
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“Acá llegamos para encontrar solución a la problemática de los cultivos de uso ilícito, pero también necesitamos que se avance en la paz, y eso debe hacer con participación de las comunidades como un actor independiente en las mesas de diálogo”, dijo el líder afro Jairo Rodolfo Torres, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño (Asocoetnar).
Respecto a la paz, durante su intervención, el presidente Petro le hizo una propuesta de cese al fuego territorial al ELN, uno de los grupos ilegales que protagoniza la disputa territorial de la región pacífica y que ya está sentado en una mesa de diálogos con el Ejecutivo.
“Trabajemos en serio un cese al fuego, que nos dejemos de matar y en primer lugar se ponga la existencia tranquila de la ciudadanía. Podemos comenzar no en la idea nacional, sino en la idea territorial y regional”, dijo Petro durante el encuentro cocalero, en el que sugirió a Nariño como departamento piloto de la propuesta.
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Al margen de la propuesta al ELN, algunos líderes presentes en el encuentro criticaron el discurso de Petro, la mitad del cual se enfocó en la fallida lucha contra las drogas y la responsabilidad de países extranjeros. Uno de ellos aseguró que, “aunque se hicieron reflexiones valiosas, lo que las comunidades esperaban era sentar compromisos concretos para la sustitución de cultivos y la paz, y de eso hubo muy poco”.
¿Qué propusieron las comunidades cocaleras en el encuentro?
La agenda de la cumbre giró en torno a tres temas centrales: sustitución de economías ilegalizadas, paz total y relaciones con la tierra y comunidades étnicas.
Durante varias horas, en 20 mesas redondas (territoriales e interétnicas), las delegaciones hablaron de sus propuestas para acabar con las siembras de coca, marihuana y amapola, transformar sus territorios y vivir en paz.
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En varias de sus intervenciones, el jefe de la DSCI, Felipe Tascón, reiteró que se debe dar el salto de hablar de “sustituir cultivos ilícitos” a “sustituir economías”. Respecto a este tema, las comunidades volvieron a expresar su voluntad de aportar al proceso de sustitución, pero destacaron la necesidad de abrir líneas de comercialización para sus productos y fortalecer la producción local, para lo cual pidieron que se apliquen estudios y un enfoque étnico.
En el espacio también se puso de relieve la desconfianza por la falta de transparencia y la corrupción en la implementación de recursos para la paz y la sustitución.
De otro lado, las comunidades pusieron sobre la mesa los conflictos que involucran a comunidades indígenas, afrodescendientes, colonos, agricultores, empresas y organismos gubernamentales, sobre todo cuando se entrecruzan cuestiones ambientales y territoriales.
Uno de los temas urgentes para las comunidades es resolver la titulación y legalización de las tierras.
El representante a la Cámara por la curul de paz de la zona Pacífico y Frontera, Gerson Montaño, le dijo a Colombia+20 que las expectativas del encuentro se centran en responder a cuatro puntos: conexión vial y de comunicaciones de esta región con el país; inversión social para superar la pobreza y pobreza extrema; desarrollo integral basados en la conservación ambiental y/o cuidado de la naturaleza; y desarrollo agroindustrial de la región.
“Sabemos que es complicado hacer este ejercicio en este municipio, que solo tiene acceso por mar y río, pero la escogencia de un lugar aislado fue para hacer pellizcar a la institucionalidad para que vea lo que ocurre acá”, dijo durante el evento el director de la Dirección de Sustitución, Felipe Tascón.
Al evento asistieron delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, los ministerios de Justicia, Interior, Transporte, Educación y Agricultura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), organizaciones de cooperación internacional, entre otras entidades.
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Raúl Delgado, director de la ART y cabeza de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), anunció que ya está en marcha una inversión de 80.000 millones de pesos en el pacífico nariñense, el pacífico medio y Chocó, tres regiones que no habían sido priorizadas en administraciones anteriores y que tienen altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
Se trata de un compromiso que revive la esperanza en varias poblaciones donde las comunidades no solo viven aisladas y a merced de los grupos armados ilegales, sino ajenas a condiciones dignas de vida, salud, vivienda y educación. Una realidad que esperan empiece a transformarse, pero que no parece tener respuesta pronta.