Uno de los monitoreos más juiciosos que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia lo ha hecho el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Trimestralmente, este centro de estudios analiza de forma cualitativa y cuantitativa cuánto se ha avanzado o retraído la ejecución de políticas públicas que pactó el Estado colombiano con las antiguas FARC.
En su más reciente informe anual, publicado en junio de 2023, desde Kroc aseguraron que el Acuerdo de Paz podría demorarse más de lo pensado en su implementación. Y esto más allá de los factores económicos que el presidente Gustavo Petro advirtió hace seis meses cuando dijo que el país apenas contaba con una tercera parte de lo recomendable para implementar esta paz.
En ese documento que analizó el periodo entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 estableció que el 31 % de las disposiciones acordadas en Cuba se habían cumplido, el 20 % se encontraba en estado intermedio, el 37 % en estado mínimo y el 13 % aún no iniciaban su implementación. Los puntos 1 (Reforma Rural Integral - RRI) y 2 (Participación Política) fueron los de indicadores más bajos.
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En línea con impactos de la RRI y de la Solución al Problema de las Drogas (cuarto punto del Acuerdo Final), el Instituto Kroc publicó este martes el informe “Hacia una paz sostenible: Un análisis de la implementación del Acuerdo Final y su relación con el ambiente”, un documento que a lo largo de 196 páginas describe con análisis desde los territorios y con gráficos cómo entre diciembre de 2016 y mayo de 2023 se cumplieron los compromisos relacionados con el medio ambiente.
El panorama es poco alentador. De acuerdo con el Instituto Kroc, a mayo de este año, el 58 % de las disposiciones con enfoque ambiental tenía un avance mínimo, el 10 % no había iniciado su implementacion , un 21 % tiene un nivel intermedio de implementación y apenas un 11 % se había cumplido a cabalidad.
El Instituto Kroc desagrega el Acuerdo de Paz de La Habana en 84 disposiciones con enfoque ambiental, de las cuales 33 están recogidas en la Reforma Rural Integral. Los otros 51 temas ambientales del acuerdo están repartidos en los otros cinco puntos. Pero el hecho de tener más medidas no es sinónimo de mayor eficiencia en la implementación, pues en este caso la Reforma Rural Integral es el punto que tiene más retrasos. Como se lee en el documento, “tuvo el mayor porcentaje de disposiciones ambientales en estado mínimo, lo que indica que la mayoría de estas medidas ha avanzado poco en su implementación”.
El punto 4 del Acuerdo de Paz muestra, según el documento del Instituto Kroc, avances y el punto de Víctimas (quinto) sobresalió como el que tiene mayores medidas completas.
El Instituto Kroc hace una salvedad que hay que tener en cuenta. Una disposición no implementada no necesariamente se da por ausencia o negligencia de las personas que ejecutan el Acuerdo de Paz. Esto sucede cuando “carecen de evidencia suficiente que garantice su total implementación dentro del plazo estipulado. Los puntos 1, 2 y 5 concentran la mayoría de estas disposiciones, lo que enfatiza la necesidad de un esfuerzo adicional para avanzar en su implementación”.
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Una mirada por áreas medioambientales
Las categorías ambientales que se tienen como referencia en este documento son: cambio climático, vitalidad de los ecosistemas, salud ambiental, y participación, seguridad y garantías de no repetición.
Las cuestiones relacionadas con cambio climático son las que más implementación completa tienen con un 21 %. Le sigue participación con 14 % y salud ambiental con 13 %. La vitalidad de los ecosistemas es el único ítem sin porcentaje de implementación completa.
Lea el informe completo:
El éxito del cambio climático, en comparación con los otros puntos, se explica tras un análisis cualitativo de los puntos en común que tiene con el Acuerdo de La Habana.
Allí se muestra que están presentes los contenidos de “algunas de las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, en especial el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (PNRECFC), el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) y el Plan Nacional de Asistencia Integral, Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (Plan AT). Estos planes buscan fortalecer la resiliencia de las comunidades y ecosistemas para enfrentar los impactos presentes y futuros del cambio climático”.
El Plan Marco de Implementación tiene una alta incidencia con ese ítem pues representa varias de sus políticas centradas en la Reforma Rural Integral.
Como explica el Instituto Kroc, el cambio climático involucra “en creación, fortalecimiento y actuación coordinada e integral en la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático en el contexto del proceso de construcción de paz, diseño normativo e institucional. Por ejemplo, en este sub-eje se analiza el Plan Marco de Implementación (PMI) como instrumento fundamental en la ejecución de los acuerdos y destaca los compromisos relacionados con la cooperación internacional”.
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El Instituto Kroc en el informe “Hacia una paz sostenible: Un análisis de la implementación del Acuerdo Final y su relación con el ambiente” detecta oportunidades para aumentar los niveles de implementación de compromisos que pueden promover la vitalidad de los ecosistemas.
Allí se encuentran y proponen la formalización de mecanismos de diálogo y concertación entre el sector privado y las comunidades (los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y otras comunidades en donde conviven diferentes etnias y culturas) incorporando las lecciones aprendidas de la aplicación de los tres protocolos sobre conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra.
A su vez, frente al cambio climático, se insta al Congreso para que adelante y reglamente la Jurisdicción Especial Agraria, que el Ministerio de Ambiente promueva campañas de difusión de la oferta para aumentar la vinculación a las alternativas productivas para las comunidades en Áreas de Especial Interés Ambiental y que se determinen más áreas de cultivo para trabajar en una política de drogas diferenciada, transversal e interinstitucional.