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En el mismo sitio donde los indígenas nasas se reunieron en 2008 para repudiar el asesinato de José Eduin Legarda, Aída Quilcué, entonces consejera mayor del Consejo Indígena del Cauca (CRIC) y esposa del comunero asesinado, se quedó esperando ayer, junto con la comunidad, a representantes del Ministerio de Defensa y del Ejército que debían pedirles perdón. La indignación de los indígenas al ver que ni el ministro Luis Carlos Villegas ni el viceministro Aníbal Fernández de Soto fueron al acto, previamente acordado con el Ministerio del Interior, fue mayor, pues desde 2015 la justicia ha emitido tres sentencias ordenando que se lleve a cabo.
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Los que sí acompañaron a la comunidad a través de mensajes escritos y de video fueron el exjuez español Baltasar Garzón, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland.
Según el director de asuntos étnicos del Ministerio del Interior, Horacio Guerrero, el viceministro Fernández de Soto fue designado para participar en el acto de perdón, como lo concertaron el año pasado estas dos entidades y los indígenas. Sin embargo, al ser consultado por este diario, Fernández de Soto negó dicho acuerdo. “El director de asuntos étnicos del Ministerio del Interior está equivocado”, enfatizó.
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Ante la petición de los indígenas que esta institución convoque y transporte a cientos de nasas para que el Estado pida perdón, dijo que el Ministerio de Defensa tiene la disposición de pedir perdón a las víctimas, pero “no se trata de organizar toda una minga en torno al tema”. Fernández de Soto insiste en que su oficina no tiene los recursos para cumplir esta solicitud de la comunidad y que las sentencias judiciales no lo obligan a un acto multitudinario.
No obstante, el evento organizado ayer en La María (Piendamó) recibió financiación del Ministerio del Interior.
El viceministro también adujo otras razones para no asistir al acto de perdón: “Se trata de un evento que también conmemora el aniversario del CRIC, pero con una connotación política en la medida en que miembros del CRIC son candidatos al Congreso”.
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El proceso de la familia de Legarda y del movimiento indígena caucano para que el Estado pida perdón ha sido largo y tortuoso. Primero, un proceso penal que duró casi tres años les dio la razón. Lo que desde el principio estuvo claro, es que Eduin Legarda fue asesinado por un grupo de soldados del batallón José Hilario López cuando se movilizaba en una camioneta por la vía que de Inzá comunica con Popayán (Cauca). La justicia estableció que los uniformados dispararon en 106 ocasiones y que tres balas impactaron al comunero, quien murió días después en el hospital San José de Popayán.
En declaraciones dadas a diferentes medios de comunicación, Justo Eliseo Peña, comandante de la III División del Ejército en el momento de los hechos, aseguró que la camioneta en la que se movilizaba Legarda había desacatado una orden de pare impartida por los militares que hacían el retén. “Ningún atentado”, sentenció el uniformado. Sin embargo, los indígenas se dieron a la tarea de recopilar todas las pruebas: se trató de una emboscada para asesinar a la consejera del CRIC y esposa de Legarda, dijeron.
Después de que Legarda fuera trasladado herido al hospital de Popayán, la guardia nasa retuvo a un grupo de militares señalados de haber cometido el crimen. Luego, los entregó a Leonardo Barrero, entonces comandante de la 29ª Brigada del Ejército, hoy candidato al Senado por el Centro Democrático.
El 16 de diciembre de 2008, en un documento que guardan los indígenas, quedó escrito que Barrero se comprometía a desmentir “que el fallecido Eduin Legarda había hecho caso omiso a un retén militar”, como lo aseguraron los oficiales. Pero “eso no se cumplió, si se hubiera cumplido el proceso penal hubiera sido distinto”, dice hoy Quilcué, la viuda.
Edwin Legarda.
La líder indígena recuerda que el Estado también la calumnió en medio del proceso penal, cuando afirmó que en el carro iba una comandante guerrillera y, luego, que Quilcué había mandado a matar a su esposo por problemas de pareja. También le abrieron cuatro procesos penales de los cuales salió absuelta y su hija sufrió un atentado (nunca aclarado) en mayo de 2009, cuando tenía 12 años.
En 2010 fueron condenados a 40 años de prisión por el asesinato de Legarda el sargento viceprimero Alexis Ramírez Vivas, el cabo tercero Javier Adolfo Osorio Díaz y los soldados campesinos Numar Armido Buitrón Cabezas, Lizandro Obando Caicedo, Javier Francisco Belalcázar Tróchez y William Weimar Lemeche Hurtado.
Tras el proceso penal siguió el administrativo. El 9 de abril de 2015, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad por el asesinato. El fallo dictaba que la ceremonia tenía que hacerse máximo ocho meses después de la sentencia.
“Pasó un año de espera paciente a que el Ministerio de Defensa cumpliera”, cuenta Quilcué. El 27 de enero de 2016, la familia de Legarda y Quilcué interpusieron un derecho de petición ante el Ministerio de Defensa para que la entidad designara a las personas responsables del acto de desagravio e indicara cómo se desarrollaría.
Transcurrieron ocho meses y no obtuvieron respuesta. Vino entonces una acción de tutela instaurada el 5 de septiembre de 2016, pero, siete días después, el Ministerio de Defensa apenas trasladó el derecho de petición al Ejército. Al otro día, la institución castrense dio algunos detalles: “La capitana Catalina Reyes Pulido, coordinadora jurídica militar de la Tercera División del Ejército, es la persona elegida para realizar las reuniones con la beneficiaria”.
Quilcué buscó a la capitana Reyes Pulido y ella le dijo que “no tenía competencia para comprometer a la institución ni determinar las condiciones en que se cumpliría la orden judicial”, según quedó documentado en el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, del 2 de febrero de 2017.
En dicha sentencia, el alto tribunal le dio la razón a la familia y les ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército realizar el acto de perdón en los 30 días siguientes a la providencia. “No entiende la Sala las razones por las que la institución se ha relevado de la obligación de dar cabal cumplimiento al fallo de reparación directa, máxime cuando el término que otorgó el Tribunal Administrativo del Cauca fue ampliamente suficiente”, dice el alto tribunal.
“Pero me quedé esperando que eso se cumpliera”, sostiene Quilcué. Pasó un año de la sentencia, tiempo durante el cual ella y la familia buscaron que estas instituciones cumplieran la orden. Según el abogado de los nasas, Ernesto Perafán, dichas entidades se negaron en varias oportunidades, argumentando que no tenían recursos para este tipo de actos.
¿Y los autores intelectuales?
Aunque los soldados y suboficiales fueron condenados a 40 años de prisión, tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, los militares se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedaron en libertad condicionada mientras este tribunal especial entra en funcionamiento. Allí deberán decir toda la verdad sobre este caso, como quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.
Para la época del asesinato de Legarda, Quilcué era la consejera mayor del CRIC. Por eso estuvo al frente de la minga indígena que caminó desde el norte del Cauca hasta Bogotá durante 12 días. En el inicio de las movilizaciones fueron heridos 122 indígenas y uno murió. Por eso tomaron la decisión de caminar hasta la capital. “La minga fue un reto para el Gobierno”, afirma Quilcué.
Luego, la entonces consejera del CRIC viajó a Ginebra (Suiza) con el fin de exponer la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. Lo hizo entre el 10 y el 14 de diciembre de 2008, durante el primer examen periódico universal de Naciones Unidas sobre derechos humanos. “El gobierno de Álvaro Uribe perdió el examen porque muchos gobiernos votaron a favor de la sociedad civil y por el llamado a proteger la vida y a los distintos procesos sociales”, recuerda la líder.
El 16 de diciembre de 2008, Quilcué estaba esperando a Legarda en Popayán. Él la iba a recoger para ir a una reunión en la que el CRIC haría un balance de la minga, pero no llegó porque fue emboscado. La líder asegura que el atentado iba dirigido a ella. Y, a pesar de que no hay una sentencia que lo ratifique, sigue esperando la verdad sobre quién ordenó el crimen.
Los pueblos indígenas “le seguimos apostando a la paz”, dice Quilcué al explicar por qué asistieron al acto de perdón convocado al que no llegó ningún funcionario del Gobierno. “Si el Estado no replantea su actuación frente a las víctimas, va a ser muy difícil construir paz”, concluye.
Cronología: El perdón obligado del Ejército a sus víctimas
Julio, 2012
El Ejército pidió perdón público en (Yopal) Casanare por el asesinato del ciudadano Javier Eduardo Garcés Guacarapare, el 5 de mayo de 2006. Según la sentencia, se trató de un asesinato en persona protegida.
Junio, 2015
El Ejército aceptó su responsabilidad y pidió disculpas en Buenos Aires (Cauca) por la masacre perpetrada por los paramilitares del bloque Calima en abril de 2001. Fueron asesinados más de 20 campesinos e indígenas.
Octubre, 2016
El Ejército pidió perdón a Fabiola Lalinde, la madre de Luis Fernando Lalinde, un joven militante del Partido Comunista desaparecido y asesinado por el Ejército el 4 de octubre de 1984.
Julio, 2017
El Ejército pidió perdón en Cali por la masacre de diez policías y un civil, asesinados en 2006 en Jamundí (Valle) por hombres de esa institución.