A pesar de los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por avanzar en las negociaciones de paz total, la violencia sigue golpeando a las comunidades con constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en medio de un aumento de las disputas por el control territorial y de la fragmentación de los grupos armados. Así lo alerta el más reciente informe sobre la situación de Derechos Humanos en el mundo de la Amnistía Internacional.
El documento hace un recuento de cifras de distintas organizaciones que soportan esa idea. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), por ejemplo, durante el mandato de Petro se duplicaron las zonas en disputa entre los grupos armados, con una cifra que llegó a 14.
Ese aumento se vio reflejado en los ataques contra la población civil. Las cifras de la Oficina de la ONU para la coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) solo en 2025 hubo 2.794 hechos de violencia en el país. De ese número, 1.390 fueron afectaron a las comunidades.
“Según la OCHA, durante 2025, al menos 7.728 personas se vieron afectadas o fueron víctimas por diferentes artefactos explosivos. Asimismo, diversos grupos armados aumentaron el uso de drones para realizar ataques con explosivos”, añade el informe.
La Amnistía Internacional también advierte que dentro de la población civil, la más afectada, de forma desproporcionada, fue la afro, la indígena y campesina. El 90 % de las víctimas de desplazamientos, por ejemplo, era campesina, según CODHES. El otro 10 %, afro e indígena. “Los confinamientos y las restricciones de la movilidad humana afectaron mayoritariamente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que sumaban el 40 % de las víctimas”, señala el documento.
Esa lógica, la del confinamiento, se refleja principalmente en Chocó, el departamento más afectado por este tipo de violencia en el último año.
En ese territorio el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) –recuerda el balance– denunció la persistencia del control armado ejercido por el Clan del Golfo. “Según esta organización, el ejercicio del poder acumulado debilitaba los procesos organizativos de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas que habitaban la región históricamente”, dice el informe.
La violencia contra defensores de DD. HH.
Otra de las conclusiones del apartado dedicado a Colombia del informe es que “defender los derechos humanos continuaba siendo una labor sumamente arriesgada” y también estigmatizada.
La Amnistía Internacional recuerda que el Programa Somos Defensores registró 509 agresiones contra este tipo de liderazgo entre enero y septiembre de 2025. También señaló que, entre julio y septiembre, “se había registrado en promedio 1,67 agresiones diarias y que, aunque esta cifra suponía una reducción del 25 % frente al mismo periodo de 2024, se preveía que 2025 superara a los dos años anteriores en número total de ataques”, se lee en el informe.
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El balance también pone sobre la mesa que la situación para los defensores que llegan de Venezuela buscando asilo o refugio sigue siendo hostil. En ese contexto, presenta el caso de Luis Peche y Yendri Velásquez, dos defensores que llegaron del vecino país y que sufrieron un atentado en Bogotá.
Ese aumento de la violencia –alerta el informe– se ha dado en medio de un ambiente cada vez más estigmatizante para quienes defienden los derechos humanos, una práctica que se ha visto desde el mismo Gobierno Nacional. “En marzo, el presidente Petro declaró que las organizaciones de la sociedad civil de la región del Catatumbo estaban “subordinadas” a los grupos armados que operaban en la zona y su gobierno se negó a rectificar cuando se le pidió que se retractase”, dice la Amnistía Internacional.
La estigmatización también ha venido desde los grupos armados. En septiembre de 2025 –recuerda el documento– el Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, “estigmatizó directa y públicamente al Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), afirmando que estaba involucrado en las acciones de otros grupos armados. La continuidad y escalada del ataque contra CISCA y otras organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos generaba preocupación sobre su situación de riesgo y las barreras que enfrentaban en el ejercicio de sus actividades”.
El balance sobre la desaparición forzada: avances en búsqueda y retos en implementación
El informe de Amnistía Internacional advierte que la desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más persistentes en el país. “Entre enero y mayo, el CICR documentó 136 casos nuevos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados, entre ellas 26 niños, niñas o adolescentes”.
A la par, se registran avances en la búsqueda de víctimas. “Entre enero y septiembre, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas había encontrado a 111 personas con vida, recuperado 1.161 cuerpos y realizado 166 actos de entrega digna de cuerpos y ‘encuentros para la verdad’ con familiares”.
En materia institucional, el informe también deja ver los tiempos rezagados que tuvo la Ley de Mujeres Buscadoras. “Se continuó discutiendo la reglamentación de la Ley 2364 de 2024, por medio de la cual se reconocía y protegía de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, pero al finalizar el año no se había aprobado”.
Aunque el documento menciona ese retraso al cierre del periodo analizado, el decreto que reglamenta la ley que protege a mujeres buscadoras del país se firmó finalmente en enero de este año, por lo que el reto ahora está en su implementación.
El informe también resalta un hecho sin precedentes en el reconocimiento a las víctimas. “En junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima a Yanette Bautista y, en una decisión sin precedentes, reconoció su labor como mujer buscadora de víctimas de desaparición forzada”.
El hito de las sanciones de la JEP
El informe también pone el foco en los avances del sistema de justicia transicional, especialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en 2025 emitió sus primeras sentencias contra exintegrantes de las antiguas FARC por secuestro y contra miembros de la Fuerza Pública por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, lo que se conoce como ‘falsos positivos’.
Ambos fallos marcan un hito en el mundo, pero también abrieron interrogantes sobre su implementación. “Diversos actores, incluida la misma JEP, alertaron sobre las deficiencias en la financiación y puesta en marcha de la infraestructura requerida para la correcta ejecución del componente restaurativo de las sanciones propias”, advierte Amnistía Internacional.
A esto se suman cuestionamientos sobre el alcance de las penas. “El componente retributivo de estas sentencias también fue criticado por su falta de claridad en la ejecución y respecto a la compatibilidad con otras actividades de las personas condenadas”, añade el balance.
El documento también destaca avances en materia de reconocimiento a las víctimas. “En enero, después de más de veinte años de litigio y negociación, el gobierno llegó a un acuerdo con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que incluyó compromisos institucionales en materia de reconocimiento y reparación”.
Sin embargo, persisten tensiones institucionales: “Continuaron las disputas entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria en investigaciones relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional”, dice el documento.
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