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“Nuestro relato no será políticamente correcto. Molestará a los grupos políticos, a las instituciones, a los expresidentes, como nos tiene que molestar a todos. Hay hechos profundos que Colombia no puede callar. No es una verdad para hacer señalamientos o deslegitimar a alguien. No es una verdad para destruir instituciones. Por el contrario, es una base para que las instituciones se hagan fuertes”.
Con estas palabras, Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dejó claro que el informe que entregará la entidad que encabeza, en noviembre de este año, levantará dolores, orgullos y molestias, pero también reconciliación y alivio, principalmente, para las víctimas del conflicto.
Así lo señaló en el encuentro “Hablemos de verdad”, realizado ayer por Colombia 2020 de El Espectador, en alianza con la Embajada de Alemania en Colombia. Allí también participaron Clemencia Carabalí, lideresa social en el norte del Cauca y Premio Nacional de Derechos Humanos 2019; Javier Alberto Ayala, brigadier general del Ejército Nacional; Gonzalo Restrepo, líder empresarial y negociador por parte del Gobierno en La Habana (Cuba), y Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes.
Los invitados hablaron acerca de sus expectativas sobre el informe y discutieron también acerca de las responsabilidades que han asumido, o no, los grupos armados y distintos sectores del país en la construcción de este relato.
Rodrigo Londoño, como excomandante de las Farc-Ep, espera que este informe “produzca un tsunami en la conciencia social del país, que haga reflexionar a todos los sectores”. Y después de ese revolcón, que “quede clara la acción conjunta por la paz y la reconciliación, por sacar definitivamente las armas de la política”.
Fue enfático en las verdades que desea que estén en el documento, como el origen de la guerra desde la disputa entre liberales y conservadores, las consideraciones del Estado para el gasto militar en el conflicto, los hechos y personajes que afectaron el Acuerdo de la Uribe en 1984, las responsabilidades de lo sucedido en el Palacio de Justicia, el exterminio de la Unión Patriótica y hasta las responsabilidades de la insurgencia en la guerra.
“Debemos responderles a las víctimas por los crímenes de guerra por parte de las Farc-EP, como el secuestro, el reclutamiento de menores y los casos de violencia sexual. Los antiguos mandos del secretariado hemos venido asumiendo públicamente esa responsabilidad. Y lo seguiremos haciendo para recuperar la dignidad de las víctimas”, dijo el exjefe guerrillero.
(Lea también: “El informe molestará a todos los grupos políticos, Colombia no puede callar”: padre de Roux)
El general Javier Alberto Ayala, por su parte, advirtió sobre la importancia de que el informe “respete la legitimidad institucional” y la visión de las Fuerzas Armadas como garantes de los derechos humanos, las libertades y el ejercicio democrático. También insistió en que sus hombres y mujeres, quienes siguen combatiendo grupos armados, sean reconocidos como héroes que mantuvieron el orden constitucional y evitaron “que la lucha armada se haya convertido en la posibilidad para que se generara una dictadura que llegara por las armas”.
El militar destacó que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la fuerza pública entregó 18.000 folios de información a la Comisión de la Verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos armados ilegales, y reiteró que mantendrán el diálogo con esta entidad hasta que cumpla su mandato.
Por otro lado, para Clemencia Carabalí, víctima y lideresa afro del norte del Cauca, el informe debe tener en cuenta la multiculturalidad del país y la conexión entre el racismo y la guerra. “Necesitamos que se diga quiénes se beneficiaron en términos económicos y políticos con nuestros desplazamientos como pueblo negro, mujeres, niños y niñas”.
El relato al que se llegue, agregó Carabalí, se debe “aproximar al dolor que vivimos las víctimas”, para luego “adoptar medidas concretas de reparación que permitan superar las brechas de desigualdad racial, que el conflicto armado amplió en nuestros territorios, en nuestros cuerpos como mujeres y en nuestras vidas”.
La lideresa aprovechó el espacio para buscar respuestas. A Rodrigo Londoño le dijo que los pueblos étnicos esperan sus aportes de verdad, como lo hizo la exguerrilla con el caso del político Álvaro Gómez Hurtado. Le preguntó si están igual de comprometidos en revelar los hechos atroces en contra de las comunidades afros.
Al general Ayala le mencionó las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que fueron las Fuerzas Militares quienes les entregaron las listas para atentar en contra de los pueblos y líderes afros, y agregó que el paramilitarismo ha sido una política de Estado. “Mientras estas respuestas no lleguen, solo tendremos titulares. ¿Van a dar esa información? Necesitamos carne para ese informe”, agregó.
Londoño respondió que hoy, más que nunca, están dispuestos a decir toda la verdad y que el país puede contar con la certeza de que asumirán los crímenes cometidos sin justificaciones. Reconoció, por primera vez, que los exjefes guerrilleros se equivocaron en sus primeros acercamientos con las víctimas: “Hemos aprendido bastante. Esa línea de explicar lo que pasó y la justificación es muy delgada y hemos aprendido a interlocutar con las víctimas. Esta experiencia nos muestra que aproximarnos a ellos debe ser algo manejado de manera distinta”.
El general Ayala le aseguró que las Fuerzas Armadas no pueden ni siquiera “aceptar el centro de gravedad de su pregunta”, porque como institución son garantes del respeto a los derechos humanos. Además, hizo énfasis en que “todos los hombres y mujeres que integran las fuerzas militares merecen respeto”. Para Ayala, la pregunta debe ser para quienes estén involucrados en estos crímenes: “Estas fueron responsabilidades individuales de quienes en algún momento se salieron del ordenamiento constitucional o legal”. Y resaltó que 2.800 hombres ya estén compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
(Vea: ¿Qué se espera del informe de la Comisión de la Verdad?)
El líder empresarial Gonzalo Restrepo insistió en que, más allá de las responsabilidades que asuman los guerreros, hay una verdad que debe primar y es irrefutable: los hechos atroces que vivieron las víctimas. “Por eso la justicia transicional está acordada en el punto cinco de las víctimas. Desde ahí elegimos narrar la verdad: desde esas personas que sin ser participantes sufrieron esa guerra. Y eso es importante, porque a partir de eso debemos empezar a pensar cómo ellas pueden sanar su dolor”, explicó Restrepo.
Y esa gran masa de las víctimas, por supuesto, es heterogénea. El conflicto armado se vivió en los pueblos negros, pero también en el sector económico. Aunque Restrepo reconoció que hubo terceros civiles que azuzaron la guerra, manifestó que muchos más fueron víctimas y, a pesar de eso, un gran porcentaje hoy le apuesta a acompañar los procesos de reincorporación de los exguerrilleros. “Ahora, desde el Éxito, les estamos comprando sus productos. Estamos soñando con hacer marca común para que se vea que quienes antes estaban combatiendo ahora están aportando a un campo colombiano que, si no lo salvamos, no hay Colombia futura que pueda existir”, contó.
El padre Francisco de Roux destacó que los excombatientes hoy estén en estas instancias transicionales y que, gracias a ello, en el último año el país se haya enfrentado a verdades que durante años le fueron vetadas y a pedidos de perdón que durante décadas esperaron las víctimas, como el caso de Íngrith Betancourt, secuestrada por las Farc. Del informe prefirió referirse como “un acto de amor por Colombia y un llamado a la fraternidad”. También mencionó la importancia de que cada uno acepte “su verdad personal, social e institucional para dejar la tragedia que nos dejó nueve millones de víctimas”.
Lo más importante ahora, según De Roux, es que después de ese reconocimiento, la sociedad entienda que los victimarios son seres humanos que cometieron errores, pero que pueden tener una segunda oportunidad: “La verdadera reconciliación es la de una sociedad que les dice a quienes cayeron en hechos violentos: “Vengan, porque su transformación es nuestra transformación, creemos en la voluntad que tienen. Sin esa disposición ética es difícil que Colombia supere el conflicto”.
Por ahora, según el presidente de la Comisión, quieren dejar andando una alianza para movilizar el legado de la entidad, que ya casi cumple su mandato, y que incluye a organizaciones, medios y a la sociedad completa. Además, se armará un comité de seguimiento a las recomendaciones que hagan los comisionados para darle punto final al conflicto armado.