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El caso de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, conocido mejor desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como el macrocaso de secuestro -01-, le dedicó varias diligencias a lo largo de la semana a la escucha de víctimas del Bloque Caribe de las FARC, que durante audiencias de reconocimiento en versión voluntaria hablaron una vez más ante el tribunal acerca de la responsabilidad completa y sistemática en esta práctica atroz en la que los raptaron (como civiles) para robustecerse militarmente o “canjear” secuestrados por guerrilleros presos.
Durante la jornada del jueves, la magistrada Julieta Lemaitre -quien además es la relatora de ese macrocaso- dedicó unos minutos para hablar de un caso emblemático de los secuestros que las FARC hicieron en el Caribe colombiano, un hecho que fortaleció la conducta guerrillera de realizar falsos retenes en vías nacionales para detener vehículos y secuestrar personas previamente estudiadas y meticulosamente seleccionadas que les pudiesen servir para sus fines de secuestro.
El caso al que se refería Lemaitre es el de Consuelo Araújo Noguera, raptada por el frente 59 de las FARC y asesinada el 30 de septiembre de 2001.
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“Se cumplen 22 años del secuestro y asesinato de Consuelo Araújo Noguera, que tuvo un gran impacto en esta zona (Valledupar). De gran recordación en torno a la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata. Es relevante recordarlo porque ella, al igual que varios de ustedes (víctimas de secuestro presentes en la audiencia), fue capturada por la guerrilla en un retén. Varios (comparecientes) nos van a hablar de retenes y las circunstancias que saben de cómo fue su secuestro dicen que ella fue sorprendida en un retén en la que fue identificada, secuestrada y asesinada a los pocos días. Esto es parte del contexto en esta zona del país, donde hubo también quemas de vehículos y el terror que generaban esos retenes para los locales, quienes creían que en cualquier reten podrían tener el mismo destino”, recordó la togada.
¿Cómo fue el secuestro de Consuelo Araújo por parte de las FARC?
A Consuelo Araújo la secuestraron en medio de una estrategia que en aquellos años no era tan común, pero tampoco nueva. En 1998, ya con Andrés Pastrana como presidente, la vía Bogotá-Villavicencio comenzó a ser usada por el Bloque Oriental de las FARC como un escenario predilecto para secuestrar en retenes fraudulentos (lo que pasó a conocerse como ‘pescas milagrosas’). Tan solo ese año, según cifras de inteligencia del Ejército, la exguerrilla secuestró a 70 personas con esa modalidad.
La maniobra de rapto de personas fue exitosa para los fines de ese grupo armado y desde el Secretariado comenzaron a dar la orden de extender la estrategia por más lugares del territorio nacional.
Fue así, como documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que las FARC llevaron ese tipo de secuestros a las vías Bosconia – El Copey, Villanueva – La Paz y Curumaní San Alberto (Cesar); Pamplona – Bucaramanga (Santanderes); Medellín – Bogotá; Dabeiba – Mutatá (Antioquia); Villa Pinzón – Ubaté, Facatativá – Villeta y Machetá – Sisga (Cundinamarca).
Consuelo Inés Araújo Noguera, ministra de Cultura de Pastrana, no cayó en un caso aislado. Cayó en una estrategia meticulosa que consistía en hacer falsos retenes, que a la postre significó una mina de oro para la guerrilla.
En el año 2000, luego de dos operaciones de estas en carretera, las FARC raptaron a 17 personas en Samaná y Victoria (Caldas). Luego de eso, no se conocerían más noticias de nivel nacional sobre este tipo de secuestros hasta septiembre de 2001, cuando la víctima fue Araújo, cofundadora del Festival de la Leyenda Vallenata y conocida en el Cesar como “La Cacica”.
Araújo fue una de las 3.353 personas secuestradas por las FARC durante la guerra en el Cesar.
Por años, su caso causó dudas judiciales y estuvo en la impunidad. El 15 de septiembre de 2011, los esclarecimientos sobre lo que le sucedió a la política vallenata comenzaron a asomarse. Ese día, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar de Descongestión Adjunto condenó a 18 años y ocho meses de prisión a Manuel Mendoza Rodríguez, conocido en la guerra como Copy, autor material del asesinato de Araújo.
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Años después, la justicia ordinaria dictaminó que ese hecho tuvo el respaldo de los guerrilleros Omar Antonio Castrillón y Cecil Rodríguez Sánchez. Ambos fueron capturados, judicializados y condenados.
¿Qué han dicho los exFARC sobre el caso de Araujo?
A Consuelo Araújo le propinaron seis impactos de fusil ordenados por el frente 59 de las FARC. Duró en cautiverio seis días, desde que la raptaron en la vía que conduce a Valledupar con Patillal, en inmediaciones a San Juan del Cesar.
Después de su desmovilización, una decena de comandantes de las FARC, principalmente del Bloque Caribe, han reiterado ante la JEP que nadie dio la orden de ejecutar el asesinato de Araújo. Que ese caso fue una desobediencia de guerrilleros y un hecho que nunca debió suceder.
“Lo que hicieron esos compañeros no fue autorizado. Ellos la capturan, la llevan hasta Guatapurí y ahí se quedan”, le dijo en 2018 a este medio Solis Almeida, cabeza del frente 41 de las FARC.
En las audiencias de reconocimiento de esta semana en la JEP, las víctimas citadas al encuentro del Bloque Caribe -además de referirse al caso de Araújo Noguera- ahondaron en versiones voluntarias que no se pueden dar por sentadas las demás prácticas de secuestro que usaron las FARC.
Si bien los retenes se volvieron mediáticamente más acaparadores, personas acreditadas ante la JEP como Claribel Mejía, Jhonatan Mulford y Sergio López le pidieron a la magistrada Lemaitre Ripoll no dejar de lado los secuestros a grandes empresarios y ganaderos para cobrar extorsiones o prácticas (reseñando los crímenes sobre la familia Lacouture, blanco de 15 secuestros y un asesinato por parte de las FARC) también de impacto industrial y social como el secuestro de trabajadores de empresas mineras del sur de Bolívar y carboneras de La Guajira y Magdalena también fue una práctica común en el bloque Caribe.
Este es el testimonio de una víctima: “(…) Estábamos en calidad de secuestrados y la empresa debía pagar un rescate por nosotros y por la maquinaria que utilizábamos, a lo cual la compañía nunca accedió”.
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La llegada del caso al Sistema Integral para la Paz
El Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) le dedicó páginas de su capítulo “Hasta la guerra tiene límites” al caso de Consuelo Araújo. Allí quedó reseñado que ese episodio no solo abrió la masificación de víctimas caídas en secuestro por retenes, sino que hizo lo propio con personas que en operativos de rescate de la fuerza pública fueron asesinados para que no fueran rescatados.
“Ese fue el caso de la exministra Consuelo Araújo Noguera, asesinada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un sitio conocido como La Nevadita, por el Frente 59 de las FARC-EP, el 30 de septiembre de 2001, en medio de los operativos de rescate del Ejército Nacional”, se lee.
En el último año, la CEV también dejó al descubierto otra consecuencia de lo que le ocurrió a Consuelo Araújo Noguera. Y no algo que afectara propiamente a su familias.
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Como dijo la CEV, luego del 30 de septiembre de 2001 y por varios años, a las comunidades cercanas de la zona en la que la gamonal política fue secuestrada y asesinada se les estigmatizó como guerrilleras. Hubo campañas de persecución en su contra y no había nada que pudieran hacer para frenar los ataques que recibieron por crímenes que nunca habían cometido.
Para su Informe Final, la CEV recopiló relatos de varias personas del lugar, entre ellos el de una mujer indígena kankuama que explicó cómo cambió su vida luego del asesinado de Araújo:
“¿En el 2001? Sí, aquí sucedió un hecho en esa época. Consuelo Araújo Noguera, todo el mundo la conoció, una mujer muy pudiente de la familia Araújo Molina de Valledupar. Ella fue secuestrada ahí en La Vega, en unas fiestas de Patillal. Lo más aberrante es que por el solo hecho de haber una carretera y haberla pasado a ella por aquí, por este pueblo, por estos pueblos, fuimos los que pagamos ese secuestro y esa muerte. Por tan solamente pasarla por aquí nos tildaron como si todo mundo, viejo, niño, mujer, joven, todo mundo fuera guerrillero. Vivimos ese calvario y pagamos. Fui una de esas porque a nosotros nos detuvieron en el 2004. No nos encontraron ninguna prueba, fuimos dieciséis personas detenidas, solamente dos mujeres, catorce hombres”.
Una deuda con el perdón
Nunca nadie le pidió perdón a los kankuamos por esa campaña de persecución. Así como nunca nadie le ha hecho un acto de reconocimiento público a Araújo Noguera o a otros de los más de 3.000 raptados por las FARC en el Cesar.
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De hecho, esa petición de reconocimiento y perdón público es manifiesto desde hace más de dos años por la familia Araújo en Valledupar, cuando se acercaron a este medio e hicieron un pedido que llegó a oídos de la JEP, pero no ha sido acatado.
En la justicia transicional se ha abordado su caso, se ha hablado de la parte que hizo dentro del entramado criminal de las FARC, de la responsabilidad plena del Bloque Caribe y de cómo se dieron materialmente los hechos.
Sin embargo, falta un relato que ya es inminente. Quien ordenó el secuestro de Consuelo Araújo fue Juvenal Palmera Pineda, Simón Trinidad, quien este jueves fue aceptado como compareciente en la JEP y se espera una comunicación pronta para que relate las verdades de la guerra desde su posición de mando y esclarezca más situaciones vinculadas con temas de secuestro y asesinatos selectivos que autorizó siendo alto mando de la exguerrilla. Dirá por qué ordenó el 24 de septiembre de 2001 secuestrar a Araújo y 20 personas más en un retén que ayudó a volver costumbre.