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El martes, durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, varias polémicas fueron protagonizadas por el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández. Una de ella está relacionada con una afirmación en la que decía que el gobierno de Gustavo Petro le había dado vía libre al ELN para reclutar a menores de edad.
“El Gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el ELN está permitiendo que menores de 15, 16 y 17 años sean reclutados por las guerrillas”, dijo el congresista de la Alianza Verde.
En el pasado ciclo de negociaciones, que terminó el pasado 6 de febrero, el Gobierno y la guerrilla del ELN firmaron siete documentos, cinco de ellos acuerdos y dos actualizaciones de los protocolos de acciones específicas (acciones prohibidas para las partes). Una de esas actualizaciones de los protocolos tenía varios elementos nuevos, como por ejemplo la prohibición de usar “brazaletes, emblemas, insignias, banderas u otro tipo de identificación que no corresponda a cada una de las partes”. El punto 14 dice que las partes se comprometen a “no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas.
Esos documentos fueron públicos desde el pasado 12 de febrero.
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El senador Iván Cepeda, quien estaba en ese debate de moción y es miembro de la delegación de Gobierno en el proceso de paz con el ELN, respondió en la sesión plenaria que el hecho de que en el protocolo se haya establecido esa edad no significa que eso avale o permita el reclutamiento de menores de 16 o 17 años.
“No, eso de dónde saca usted esa afirmación. La ley penal en Colombia rige. No está limitada por ningún cese del fuego. Quien intente reclutar menores de edad debe ir a la cárcel, debe ser reprimido por la Fuerza Pública. Pero hemos logrado que el ELN, en ese documento que usted ha mencionado aquí, se comprometa, al menos, que en el cese del fuego eso será verificado hasta 15 años y eso no quiere decir que no se reprima en otras edades”, explicó en la plenaria.
En diálogo con Colombia+20, el senador volvió a hacer énfasis en que el protocolo es un instrumento para que las partes se comprometan a frenar el reclutamiento con una edad que fue negociada en la mesa. “Pero reitero que eso no significa que si el ELN o cualquier grupo armado recluta a un menor de 16 o 17 años no va a haber una consecuencia porque por supuesto que la hay. El protocolo no está por encima de la ley que condena esos delitos, el protocolo lo que hace es establecer unos mínimos en la negociación. La ley no la deroga un protocolo”, afirmó el senador Cepeda.
Y agregó: “No sé si estas declaraciones se hacen por desconocimiento, en el caso del senador Jota Pe es entendible ese desconocimiento, o es algo con intencionalidad porque esos documentos son públicos”.
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¿Qué dicen las leyes internacionales y la colombiana?
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica que el tema del reclutamiento se intentó abordar por primera vez en los Protocolos de 1977, adicionales a los Convenios de Ginebra, Dichos protocolos prohíben el reclutamiento de menores de 15 años, así “como su participación directa en las hostilidades”.
De hecho, dice el CICR, “en los conflictos armados internacionales, el Protocolo adicional I exige que, cuando los Estados reclutan a jóvenes entre 15 y 18 años de edad, se debe dar prioridad a los mayores”.
El otro instrumento internacional que protege a los menores de edad es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño y la niña de 1989, ratificada casi universalmente. Dicha convención también establece la edad mínima de 15 años para los niños que participan en conflictos armados.
“El primer Protocolo Facultativo de la Convención, aprobado en mayo de 2000, elevó la edad mínima para el servicio militar obligatorio de 15 a 18 años, y estableció que la edad mínima para el reclutamiento voluntario por parte de las fuerzas armadas estatales es de 15 años. Además, determinó que los grupos armados no deberían, bajo ninguna circunstancia, reclutar a niños menores de 18 años de edad y que los Estados deberían tipificar como delito cualquier reclutamiento de esa naturaleza”, explica el CICR.
Bajo este último protocolo fue aprobada en Colombia, la ley 833 aprobó en 2003 un protocolo de la Convención sobre los derechos de los niñas y niños, específicamente sobre su participación en los conflictos armados”.
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En su exposición de motivos, se dice que el Gobierno de Colombia formuló una reserva a dicho instrumento internacional consistente en declarar que el umbral cronológico definitorio de la infancia, para efectos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Convención, era el de los 18 y no el de los 15 años, como lo establece dicha disposición. “Se trata de lo que se conoce como una reserva “extensiva”, es decir, una declaración unilateral mediante la cual el Estado que la formula asume voluntariamente una obligación más estricta que la prevista en el tratado de que se trate”, dice la ley.
En otras palabras, Colombia hizo una reserva sobre los años que establecía el protocolo y de manera voluntaria dijo que el Estado asumía como obligación que los grupos armados no podían reclutar a menores de 18 años en los conflictos armados.
La difícil sesión en el Congreso
La plenaria del Senado, donde se desarrolló la moción de censura contra el ministro Velásquez, sufrió varios episodios violentos y, de hecho, casi es suspendida por orden del presidente del Congreso, Iván Name, por los gritos del senador Jota Pe Hernández contra el ministro.
La molestia del senador Hernández se dio porque el ministro dijo que parte del material que presentaron los congresistas durante sus intervenciones en el debate se trató de hechos ocurridos en anteriores gobiernos, por lo que podrían desinformar. Hernández, quien fue quien dio inicio al debate, se levantó de su silla y le dijo a los gritos a Velásquez que lo respetara y que no pusiera en duda su material de presentación.
No solo la bancada oficialista le pidió al senador respeto hacia el ministro, también lo hizo Name, quien señaló que no podía hablarle de esa manera al líder de la cartera y que, de no calmarse, levantaría la sesión.
Hernández fue hasta el podio y grabó un video en el que llamó cínico al ministro Velásquez lo que llevó a la senadora María José Pizarro, también delegada del Gobierno en los diálogos con el ELN, a pedir la palabra y declarar que era inconcebible que se refiriera de esa manera: “Solo se podrá dar el debate cuando el senador deje de actuar como un perro rabioso”.
Antes de terminar el día, la senadora Pizarro se refirió al caso y ratificó su postura. “JP reaccionó como un ‘perro rabioso’. Si esto no es violencia política ¿qué es? Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana”, dijo en otro video publicado en sus redes sociales.