Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la vía que comunica a San Vicente del Caguán con las veredas de los Llanos de Yarí, entre Caquetá y Meta, hay dos letreros que dicen lo mismo: “Señor conductor, conserve el tiquete de pago, le puede ser exigido más adelante”. Son los peajes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas Campo Hermoso y Retiro Alto, instalados a las orillas de la trocha desde 2005, cuando los campesinos mismos abrieron la carretera.
Hasta hace 16 años los carros sólo llegaban a Campo Hermoso, caserío al que arribaban los caballos cansados después de dos días de camino con su amo. Cuando la temporada era de invierno, un tractor los llevaba a San Vicente, y para el regreso la misma rutina. Por eso muchos campesinos optaban por salir una vez al mes y hacer el mercado para todos esos días.
Las JAC se constituyeron a través de la ley 19 de 1958, cuando gobernaba el presidente Alberto Lleras Camargo. No había muchas orientaciones en el modelo organizativo para estos sitios apartados, por lo que dirimir diferencias vecinales, construir una escuela o una carretera implicó que empíricamente las JAC fueran construyendo una legislación paralela a la oficial, la cual tuvo alta incidencia de grupos armados de izquierda, como fue el caso de las Farc para el Yarí.
La carretera se construyó con aportes de $13.000 por cada cabeza de ganado que un campesino tuviese en la zona. Luego, los carros empezaron a transitar libremente por las sabanas, entonces apareció la figura del peaje comunitario para poder costear el mantenimiento de la carretera de tierra. En los peajes especificaron los precios que deben pagar para tal fin: camión, $15.000; turbo, $10.000; camioneta y taxi, $5.000, y moto, $1.000. “Con su aporte apoya el desarrollo y progreso de nuestra región”, se lee en la valla de aluminio sostenida por dos troncos de un árbol fino de esta región.
Así empezaron a recaudar cerca de $180 millones anuales, pero el mantenimiento de la vía les cuesta en promedio $240 millones. Por eso decidieron mantener la contribución ganadera, pero reduciéndola a $5.000, como aún ocurre. “A las personas que se niegan a pagar el impuesto, nos vemos en la necesidad de hacerlas llamar por la guerrilla, porque el señor o señora no está colaborando por el bien común de mantener las vías. Ahí es donde tenemos apoyo de la guerrilla. Antiguamente éramos temerosos de divulgar esto”, relata Roque Farfán Londoño, vicepresidente de la JAC de la vereda El Guayabo.
Desde los inicios del conflicto armado, para nadie ha sido un secreto que la administración de justicia en estas regiones estuvo ligada al grupo armado dominante en la zona. Según la Fundación Paz y Reconciliación, hasta 2005 las Farc eran quienes convocaban a consejos de resolución de conflictos, “mediante reuniones mensuales en las que la guerrilla reunía a las comunidades para solucionar problemas vecinales: desde asuntos de linderos hasta sentimentales”.
Iván Merchán Gómez, uno de los comandantes del Bloque Oriental de las Farc, donde se desarrolló la Décima Conferencia, dice que la guerrilla ha orientado a la comunidad para exigirle al Estado que cumpla con sus deberes: hacer carreteras, puestos de salud y escuelas. “Desafortunadamente esto no pasa, por eso las JAC se organizan y cada año piden $5.000 o $10.000 para arreglar las carreteras. Hacen bazares y luego recolectan toda esa plata y la invierten. Nosotros apoyamos con combustible y guerrilleros trabajando. Cogemos la motosierra, la pala y también les ayudamos”.
Otra de las experiencias organizativas es cuando entre varias veredas reúnen hasta 20 becerras, las engordan y a la vuelta de un año pueden reunir hasta $400 millones. Con esa plata compran la maquinaria y se empieza a romper carretera. “La guerrilla no obliga a nadie. Sólo respaldamos lo que la misma comunidad aprueba. Lo que hacemos cuando nos avisa la JAC que alguien no pagó es decirle: ‘Vea, señor, usted no está colaborando con esta causa. Hermano, aquí la comunidad es la que manda’”, dice el comandante.
No obstante, y en esto insiste la secretaria de la JAC de Campo Hermoso, Olga Lucía López, a medida que el conflicto armado se intensificó y en muchos casos involucró a la población civil, la autonomía de las juntas se fue fortaleciendo. Esto empezó a ser una constante cuando el paramilitarismo arreció en estos territorios, mientras la Fuerza Pública empezaba a cercar al grupo insurgente por aire y tierra. En medio de esta dura disputa, los rumores de personas acusando a otras de ser colaboradores de un grupo o de otro hicieron que se cometieran muchos errores. En 2005, las Farc delegaron, a través de manuales, la administración de justicia en las JAC.
Luego de 2005, en zonas donde la presencia de las Farc es considerable, empezaron a aparecer los manuales de convivencia, un reglamento paralelo al de las funciones de los inspectores de Policía, pero ajustados a la realidad y mucho más expeditos. Un ejemplo es el manual de 45 puntos que la guerrilla emitió en Putumayo en el 2013.
Entre los puntos que relaciona el documento se hace énfasis en el tema de la convivencia y en las actividades económicas en la zona. “Toda comunidad que piense realizar bazares, consultará previamente con la directiva de la junta y lo hará únicamente con el fin de recaudar fondos para la misma y no con fines o propósitos personales. Toda persona mayor de 15 años que viva en la vereda debe aparecer inscrita en el libro de socios de la JAC y participar activamente en los trabajos de las mismas; quien no lo haga, la comunidad no se hará responsable de ella”, dice el manual.
Los 28 puentes de madera fina de árboles de ahumado que hay desde San Vicente hasta la vereda El Diamante, donde se desarrolló la Décima Conferencia de las Farc como grupo alzado en armas para convertirse en partido político, también los hicieron las JAC. Hoy existen muchos comités que administran por tramos de carretera esos peajes con contribuciones por cabezas de ganado. “Ensayar con el peaje fue culturalmente una enseñanza para nosotros, porque estamos acostumbrados a que no nos cobren por pasar, pero la gente fue viendo la mejoría de la carretera y entendió el mensaje”, dice la líder de la JAC de la vereda El Guayabo.
Normas y obras de pura ingeniería campesina resistiendo en medio de un conflicto de tantos años. Están tan organizados que a través del peaje saben cuántos carros y de qué tipo ingresan a la zona. También buscan la madera y construyen los puentes. Todo esto por una sola razón, que la da el vicefiscal de la JAC de la vereda el Yarumal en Caquetá, Juan Debia: “Porque nos han abandonado. Uno ve por las noticias que en Bogotá se van a gastar un jurgo de plata en el metro y nosotros acá sí tenemos que poner del bolsillo”.
En San Vicente hay muchas organizaciones que agrupan a las JAC del Yarí. Unas más fuertes que otras. Se han sabido organizar a pulso en medio de una guerra que no los ha dejado soñar. Olga Lucía López admira el tesón de la asociación de la vereda La Novia, que está creciendo rápidamente: en poco tiempo construyó su colegio y abrió carretera. “Es una organización con dirigentes diligentes que logran cosas para la comunidad”, comenta.
El pasado viernes Iván Márquez anunció la aprobación de los acuerdos de paz por parte de todos los frentes de la guerrilla, en el marco de la Décima Conferencia de las Farc. “Díganle a Mauricio Babilonia que ahora sí puede soltar las mariposas amarillas”, citó una frase de Gabriel García Márquez. Sin embargo, aun con ese final feliz, en los Llanos del Yarí las JAC siguen a la espera de que el Gobierno construya escuelas, vías y puestos de salud para que por fin cientos de aurelianos en busca de sueños puedan salir del letargo de la guerra y para que termine de una vez por todas estos 100 años de soledad.