En las últimas dos semanas, el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria —uno de los pilares del Acuerdo de Paz— ha sufrido lo que debería ser su recta final en el Congreso. Pese al mensaje de urgencia del Gobierno, la iniciativa cayó en las últimas cuatro sesiones de la Cámara de Representantes del primer punto del orden del día al sexto —superado por condecoraciones y proyectos menores—, una maniobra que en la práctica ha impedido que se discuta.
Lo que debía ser una formalidad legislativa —pues el proyecto ya cuenta con ponencias positivas en Cámara y Senado y el respaldo de todas las bancadas, desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico— se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Si el Congreso no lo aprueba antes del 20 de junio de 2026, la iniciativa se archivará definitivamente.
“Son 107 días hábiles los que le quedan a la legislatura”, aseguró en entrevista con Colombia+20 la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. “Si en esos 50 días de sesiones no se sube el debate, pues claramente no habrá jurisdicción agraria. La pelota está en la cancha del Congreso de la República”.
Aunque el tiempo pueda parecer holgado, en realidad el margen político es mínimo, porque la ministra cuenta con que si no pasa en esta legislatura quedará para la próxima… pero 2026 será un año no solo electoral, con un Congreso más pendiente de sus campañas que de los debates legislativos, sino también uno en el que el Gobierno funcionará apenas con el olor de la “gasolina política” que le queda.
“El proyecto se puede aprobar hasta el 20 de junio del año entrante, pero el ambiente electoral termina matando todas las iniciativas”, reconoció a este diario el representante Gabriel Becerra, coordinador ponente.
Para el congresista, si el Congreso no aprueba la ley ordinaria antes de esa fecha, se configuraría un incumplimiento flagrante del punto uno del Acuerdo de Paz, el de la Reforma Rural Integral. “Dejaría al Presidente de la República con una deuda grave frente a la comunidad internacional y al país rural. Si el Congreso no cumple el punto uno, el constituyente originario tendría que buscar otro camino para destrabar las reformas. En ese caso, el proceso constituyente es totalmente justificable”, afirmó en entrevista con Colombia+20.
Desde el propio Gobierno, la posibilidad de una asamblea constituyente se ha mantenido en el ambiente político, aunque aún no existe una propuesta formal. El exfiscal Eduardo Montealegre publicó un borrador de proyecto, pero este no ha sido radicado en el Congreso.
Esa forma de “negociación” parece ser una moneda de cambio con el Gobierno. Cuando se discutió la ya aprobado reforma laboral, el Gobierno amenazó con llamar a una consulta popular.
Sobre la jurisdicción agraria, el presidente Petro podría convocar sesiones extraordinarias para discutir exclusivamente esta ley —“eso tiene que ser específico que lo hagan para ese proyecto”, subrayó Becerra—, pero el Gobierno prefiere que la votación ocurra en esta legislatura, antes de que el Congreso entre de lleno en el clima de campaña.
El diagnóstico es contundente: quedan solo dos pasos —la votación en la plenaria de la Cámara y en la plenaria del Senado— para que entre en vigor una jurisdicción que fue pactada hace casi una década como parte del punto uno del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral. Sin embargo, las maniobras parlamentarias y la falta de voluntad política han impedido su discusión.
“Habíamos hecho una ruta para el debate legislativo, que fuera primero en Cámara y luego en Senado”, explicó Carvajalino. “Pero la decisión de que Cámara no debata, y de que el Senado tampoco lo haga hasta que Cámara lo discuta, lo que hace es poner en suspensión el proyecto. Hay una decisión de no apoyar los proyectos del Gobierno nacional. Creo que hace parte del bloqueo institucional que no nos permite avanzar en las reformas”.
Un bloqueo con efectos en cadena
Ese “bloqueo institucional”, como lo llama Carvajalino, se materializó cuando la oposición aprovechó la ausencia del presidente de la Cámara, Julián López, sancionado por su partido, para modificar el orden del día y relegar la discusión del proyecto.
“De no creer lo que pasa en la plenaria”, reaccionó el representante Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) en una entrevista con Noticias Uno. “Cómo es posible que por delante de un tema tan relevante como es el proyecto de jurisdicción agraria se pongan leyes de honores, proyectos que realmente no son relevantes”.
La oposición, encabezada por la senadora Paloma Valencia, sostiene que el proyecto revive la llamada “expropiación exprés” y pone en riesgo la propiedad privada y señaló que el proyecto “le entrega facultades discrecionales a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adjudicar o quitar la tierra a su antojo”.
Carvajalino ha respondido públicamente a esos temores, calificándolos de “argumentos sin fundamento”. En sus palabras: “La adjudicación de bienes baldíos en Colombia ha sido una atribución de la administración desde 1811. Eso no cambia con el proyecto. La discusión está sobre las decisiones de fondo en los procesos de extinción del dominio, clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos”.
En efecto, la ministra sostiene que el debate técnico ha sido reemplazado por una “campaña de desinformación” centrada en la supuesta “expropiación exprés”. “La expropiación es hoy en la ley 160 una expropiación de fase judicial, es decir, la Agencia Nacional de Tierras presenta la demanda ante una instancia judicial y allí se define. Eso no ha cambiado”, dijo a este diario.
En contexto: El llamado urgente que hacen organizaciones sociales para destrabar la ley de Jurisdicción Agraria
La creación de la Jurisdicción Agraria no es una concesión de coyuntura, sino una deuda centenaria del Estado con el campo colombiano. La tierra ha sido el punto de partida de los grandes conflictos agrarios que desembocaron en la violencia bipartidista, el nacimiento de las guerrillas campesinas y las posteriores economías armadas. Fue también el eje central del primer punto del Acuerdo de Paz: la Reforma Rural Integral, concebida para saldar esa deuda histórica con los campesinos, los pueblos étnicos y los habitantes rurales.
Pero nueve años después de la firma, el país sigue sin una justicia agraria que resuelva conflictos de tenencia, uso y propiedad. “Mientras no haya jurisdicción agraria, la incertidumbre jurídica generada por el decreto ley 902 de 2017 deja un vacío inmenso”, explica Carvajalino. Ese decreto, emitido durante el gobierno Santos, judicializó todos los procesos agrarios y dejó paralizada la función administrativa de la ANT. “Desde 2017 no se ha resuelto de fondo un solo proceso agrario”, advirtió la ministra.
Por eso, la ANT presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 902 de 2017. La Corte admitió la demanda y se encuentra estudiando su validez. La movida fue celebrada por el Gobierno como un paso necesario para destrabar la política de Reforma Rural Integral, pero la oposición la interpretó como una maniobra política para presionar la aprobación de la Jurisdicción Agraria en el Congreso, justo en la recta final de la legislatura.
El representante Becerra resume así la paradoja: “Tenemos la jurisdicción en la Constitución, tenemos la ley estatutaria, pero no se puede implementar. Si no pasa la ordinaria, lo que tendremos es un gran elefante blanco”.
Más allá de la política, las consecuencias de esa parálisis son graves. “Hoy no hay un juez competente que pueda resolver los conflictos que tienen que ver con el campo colombiano”, explica Mónica Parada, investigadora del Observatorio de Tierras. “Los conflictos por la tierra se siguen tramitando por vías violentas. La jurisdicción agraria es la columna vertebral del sistema de justicia rural que necesita el país para hacer el tránsito a la paz”.
Parada añade que la falta de jueces especializados “impide destrabar procesos de clarificación y recuperación de baldíos que son fundamentales para llenar el Fondo de Tierras y garantizar la redistribución pactada en el Acuerdo de Paz”.
El decreto 902, dice, “le quitó a la Agencia Nacional de Tierras los dientes para hacer su trabajo, debilitó su capacidad de recuperar tierras indebidamente ocupadas y se convirtió en un obstáculo para cumplir la reforma agraria”.
El impacto no se limita al campesinado. La ministra Carvajalino lo advierte: “Los conflictos agrarios no son solo campesinos; también están los propietarios y los gremios. No hay que temerle a una justicia agraria: es una garantía para todos”.
Mientras tanto, el campo sigue sin jueces. En los territorios rurales donde el Estado apenas llega, los conflictos por linderos, servidumbres y uso del suelo siguen siendo resueltos por vías de hecho, por actores armados o por jueces promiscuos municipales sin formación agraria.
“Un conflicto no resuelto agudiza los conflictos y le abre espacio a la violencia”, dice Carvajalino. “Una jurisdicción agraria no es una formalidad; es una necesidad para garantizar que los campesinos, los grandes productores y las comunidades rurales tengan un juez que los escuche”.
A 100 días hábiles del cierre legislativo, la jurisdicción agraria pende de un hilo.
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