Los firmantes de paz se dirigieron por primera vez –al menos de forma pública y conjunta– al presidente electo Abelardo de la Espriella, quien en reiteradas ocasiones ha criticado con vehemencia al Acuerdo de Paz y a las instituciones que derivaron de él.
Este 26 de junio enviaron una carta abierta al nuevo mandatario en la que le solicitaron garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en 2016 y dar un nuevo impulso a la implementación del ese pacto firmado con las antiguas FARC en la Habana.
En el documento, difundido por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los excombatientes reconocen las diferencias que De la Espriella ha expresado frente al Acuerdo, pero recuerdan que “los compromisos del Estado trascienden las posiciones políticas de quienes llegan al poder. Cumplir el Acuerdo no significa respaldar a un gobierno, a un partido o a quienes lo negociaron; significa fortalecer la institucionalidad, la seguridad jurídica y la confianza de los colombianos en la palabra del Estado”.
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Según escribieron, a casi 10 años de la firma del Acuerdo Final –que se cumplen el próximo 24 de noviembre–, el 85 % de las personas que dejaron las armas permanece en la legalidad y continúa vinculada a su proceso de reincorporación. “Pocos procesos de paz han logrado sostener un nivel de permanencia semejante. Esa cifra demuestra que quienes dejamos las armas seguimos honrando el compromiso asumido con Colombia, incluso en medio de enormes dificultades”, se lee en la misiva.
Sin embargo, advirtieron que persisten graves dificultades. como la seguridad que sigue siendo, según la carta, la principal preocupación. “Desde 2016 han sido asesinados 489 firmantes de paz, con una tasa de homicidios 20 veces superior a la media nacional. Además, el 94 % de las personas firmantes considera que la débil presencia institucional es la principal causa de inseguridad”, añade la misiva.
Como explicó hace unos días a Colombia+20 Leonardo González, director de Indepaz, ese será un reto para la estrategia de seguridad basada en la confrontación armada que ha planteado De la Espriella porque el fenómeno no puede leerse únicamente como una consecuencia directa del conflicto armado. “No se trata solo de actores armados ilegales. Detrás de muchos asesinatos hay disputas territoriales, economías ilegales y conflictos socioambientales”, señala. En muchos casos, añade, los grupos armados ejecutan los crímenes, pero responden a intereses más amplios.
El documento de los firmantes también cuestiona los resultados de la política de paz total impulsada por el gobierno del saliente presidente Gustavo Petro. “Mientras el Estado concentraba buena parte de sus esfuerzos en nuevos procesos con organizaciones que aún permanecían en armas, miles de firmantes vimos cómo el Acuerdo perdía impulso. Ello significó una mayor estigmatización, el deterioro de las condiciones de seguridad y el desplazamiento forzado de firmantes de paz”, afirmaron.
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Otras preocupaciones de los firmantes de paz
Además de las dificultades en materia de seguridad, los excombatientes señalaron que persisten barreras para acceder a tierra y vivienda. De acuerdo con las cifras citadas en la carta, apenas el 27 % de los firmantes en zonas rurales y el 11 % en zonas urbanas son propietarios de sus viviendas.
A eso se suma que, según señalan, el 25,45 % de los firmantes está desempleado y que solo 2.459 de más de 11.000 personas registran aportes activos al sistema de seguridad social.
En medio de esas dificultades, los firmantes insistieron en que el Acuerdo de Paz no se limita a la reincorporación de quienes dejaron las armas. “Su propósito es reparar a las víctimas, fortalecer la presencia del Estado en los territorios históricamente abandonados, impulsar el desarrollo rural, ampliar la democracia y crear las condiciones para que ninguna generación de colombianos vuelva a encontrar en la violencia un camino posible”, escribieron los excombatientes.
Asimismo, hicieron un llamado a fortalecer la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación, que consideran clave para el futuro de la implementación.
“Usted no negoció este Acuerdo, pero como Presidente de la República le corresponde garantizar que el Estado colombiano cumpla la palabra que comprometió. Ese será también un mensaje de confianza para millones de colombianos: que en nuestro país los compromisos de Estado se honran, independientemente de quién gobierne”, se lee al final de la carta.
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