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En la madrugada del 11 de mayo de 2000, cien paramilitares del Bloque Calima ingresaron al corregimiento de Sabaletas (Buenaventura, Valle del Cauca). Los hombres al mando de Elkin Casarrubia Posada, alias el Cura, asesinaron a diez personas y desaparecieron a otras tres. Esa pequeña comunidad, ubicada a 45 minutos del casco urbano bonaverense, era señalada por las autodefensas de ser una de las zonas donde hacía gran presencia el frente 30 de las Farc. Por eso, según los familiares de las víctimas, los “paras” llegaron al pueblo haciéndose pasar por miembros del Ejército, sacaron a 60 personas de sus casas, las obligaron a formarse en fila, las interrogaron con torturas y seleccionaron a sus víctimas.
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Las cifras son claras. Los hechos y los actores también. Sin embargo, cuando se busca información sobre la masacre paramilitar de Sabaletas esta escasea. Los medios de comunicación de la época le dieron un irrisorio espacio para documentar el hecho y priorizaron la información sobre los enfrentamientos entre las Farc y el Ejército en Puerto Saldaña, en el sur del Tolima. La única forma de conocer la verdad del horror vivido hace 17 años en zona rural de Buenaventura es con los testimonios de los sobrevivientes de la masacre, los familiares de las víctimas y algunos acuciosos investigadores del conflicto armado colombiano.
El gran interrogante en estos hechos es el papel que desempeñó la Fuerza Pública. Alias el Cura, quien realizó la incursión paramilitar, narró en las versiones libres de Justicia y Paz que la masacre se perpetró gracias al apoyo tanto del Ejército como de la Armada. Aseguró que, junto con el exteniente de inteligencia del Ejército, Freddy Antonio Cadavid, quien formó parte del Bloque Calima, ejecutaron la incursión paramilitar. A su vez, los sobrevivientes narran que las autodefensas, además de destruir e incendiar algunas viviendas, recorrieron los caseríos bonaverenses de Llano Bajo, Aguaclara, El Danubio, La Cascada, El Placer y El Queremal, para cometer crímenes similares. Durante ese trayecto, aseguran las víctimas, tuvieron que pasar por, al menos, tres puestos de control de las Fuerzas Armadas.
Sergio Tulio García, quien fue uno de los primeros habitantes de Sabaletas en apuntar a sectores políticos y a empresariales de financiar grupos paramilitares en Buenaventura, fue asesinado en Cali el 14 de septiembre de 2000 cuando salía de la Fiscalía. El bonaverense también fue el primero que aportó nombres de militares que advirtieron sobre la masacre paramilitar si la población no colaboraba con información sobre la guerrilla y las autodefensas. La comunidad siempre señaló que fueron rehenes por los actores armados y estigmatizados por la Fuerza Pública: “por venir del monte y llevar barro en nuestras botas”.
Carlina Hinestroza, esposa de Lucio Camacho, un enfermero de la comunidad de Sabaletas que fue asesinado durante la masacre, en entrevista con El Espectador, contó que su marido pasó a ser parte de los listados de los paramilitares como colaborador de la guerrilla. Lo acusaron de brindar asistencia médica a las Farc. “Él era una persona con un gran corazón y no hacía distinciones. Desde todos los bandos nos señalaron de ser auxiliadores de sus enemigos. Cuando él fue asesinado tan solo tenía 33 años. En ese momento mis hijos eran muy pequeños y no alcanzaron a compartir con su padre”, aseguró Hinestroza.
Lucía Hernández, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de las víctimas de Sabaleta, le contó a este diario que sólo tres paramilitares han sido condenados por la masacre. El 31 de diciembre de 2007 fueron condenados Jair Alexánder Muñoz Borja, alias Sisas; Jhon Jairo Polo Tabares, alias Bracho, y el Cura a 40 años de prisión y al pago de 86 salarios mínimos para cada uno de los herederdos de las personas fallecidas en la masacre. “Esas penas se redujeron a máximo ocho años porque ellos se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Nunca los condenaron por desaparición forzada. Además, las reparaciones económicas a los cuales los condenaron jamás fueron recibidas por las víctimas”, manifestó la abogada.
La masacre, que generó un desplazamiento de, aproximadamente, 3.200 personas a la cabecera municipal de Buenaventura, dejó a los sobrevivientes sin hogar y trabajo. Francisco Banguera, padre de Yuri Banguera, quien fue desaparecido por los paramilitares hace 17 años, le contó a este diario la actual situación económica que vive su familia: “Vivimos en una casa ajena con cuatro nietos, un hijo y mi esposa. Económicamente, cada vez estamos peor. Las víctimas de la masacre lo único que le pedimos al Gobierno es que nos ayude con viviendas para nuestras familias”.
La abogada Hernández le contó a este diario que los familiares de las víctimas no han recibido ninguna atención médica de las autoridades y que, durante la búsqueda y entrega de los cuerpos de los desaparecidos, hubo revictimización. “Hay familiares que reviven los hechos y psicológicamente quedan mal. Por ejemplo, uno de ellos pasó por episodios de alcoholismo; otro, por el trauma sufrido, tuvo un accidente cerebrovascular. Además de que la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos se hizo después de 15 años y con evidente desorganización, la entrega de cuerpos a los familiares se hizo con presencia del Ejército. Para las víctimas, esto constituye una revictimización, puesto que ellos aseguran que la masacre se coordinó con agentes estatales”, puntualizó la abogada.
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La Fiscalía, en su momento, aseguró que la entrega de los cuerpos se hizo con miembros de la Fuerza Pública porque ellos no podían entrar a la zona sin la presencia de esta. El Espectador intentó contactarse con la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Salud para conocer qué acciones han adelantado con los familiares de las víctimas en cuanto a atención física y psicológica, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.
Una Cruzada contra el olvido
En su intento por no permitir que la masacre se quedara en el olvido, los habitantes de Sabaletas comenzaron a recuperar la memoria histórica de lo que fue su pasado, guiados por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP-OEA, y otras entidades como la Universidad San Buenaventura y la Embajada Suiza en Colombia. Desde 2011, comenzaron un proceso para rescatar la memoria, retadores de su destino para construir la nueva Sabaletas.
Luego de aprender a tomar fotografías, las propias víctimas retrataron sus vivencias de lo que significa la vida para ellos. Allí aparecieron los muertos que velaron, el dolor de sus habitantes y su entorno. El libro “Identidad e imágenes. Sabaletas, un pueblo con memoria” recoge en sus páginas todo ese trabajo hecho por las víctimas y que pretende visibilizar la masacre. Ahí queda un documento que testifica la violencia vivida en esa zona de la ciudad portuaria.