Las dos caras de la moneda en la adjudicación y formalización de tierras a campesinos

La meta del Fondo de Tierras para el 2026 es formalizar 7 millones de hectáreas. De momento, cifras oficiales registran tan solo 900.000 ha. con este objetivo.

Foto: David Campuzano

¿Las promesas para implementar el primer punto del Acuerdo de Paz le están quedando grande al Estado? ¿Este gobierno es el que más tierras ha titulado en la historia de Colombia? ¿Siguen existiendo estereotipos de género para adjudicar y formalizar tierras? Sobre este tipo de inquietudes se llevó a cabo el conversatorio ’¿En qué va la Reforma Rural Integral (RRI)?’, un encuentro creado por Colombia2020 en alianza con la embajada de la Unión Europea y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Los panelistas, Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación; Elena Ambrosi, procuradora delegada para el Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz; Magaly Belalcázar, miembro de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales – Caquetá, y Daniel Cano, coordinador de Relacionamiento Político del Instituto Kroc, expusieron sus ideas durante más de una hora y media, mostrando encuentros y desaciertos entre sus puntos de vista que, a grandes rasgos se dividieron entre los que ven que la implementación en el primer punto del Acuerdo de Paz va a paso de tortuga y con un futuro incierto y aquellos que ven el vaso medio lleno y aseguran que los temas de catastro, adjudicación, formalización y titulación de tierras en los lugares más azotados por el conflicto armado van por buen camino.

En este segundo grupo estuvo el consejero Emilio Archila. El funcionario permanentemente defendió la tesis de que en el país debe prevalecer la paciencia para pensar en una implementación integral del acuerdo. “La Corte Constitucional establece que los temas pactados en el acuerdo deben implementarse durante los tres gobiernos siguientes a la firma. Contamos con multiplicidad de maneras de cumplir con los objetivos y a nuestra lectura de los acuerdos, por ejemplo, en las zonas PDET no se requiere duplicar la planeación y las cifras respaldan”, dijo.

Junto con Archila, Myriam Martínez, de la ANT, aseguró que además de que este gobierno es “el que más ha titulado en la historia”, desde su organización están innovando para llegar a más lugares con formalización de tierras. En ese sentido, agregó que están haciendo un barrido predial en ocho municipios, que entrarán en lista de “las miles de hectáreas (ha.) que ya se han formalizado y que se conjugan con un inventario de baldíos que ninguna otra administración ha tenido”, agregó.

Con una mirada diametralmente distinta a las versiones del gobierno y a la luz de un informe emitido por el Ministerio Público, la procuradora Elena Ambrosi indicó que cumplir con las metas de formalización que propone el acuerdo es algo titánico. Además de sugerir que el Fondo de tierras (como está en el Acuerdo) es “solo para adjudicación”, aseveró que la meta de 7 millones de ha. formalizadas propuesta para 2028 no tiene rumbo fijo, pues apenas se han consolidado en los primeros cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz, cerca de 900.000 ha.

“De ahora en adelante tendríamos que formalizar alrededor de 700.000 ha. al año para cumplir con las metas, eso implica un esfuerzo mayúsculo del Estado, que no sé si se alcance”, redondeó Ambrosi.

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Desde su vocería como lideresa social e impulsora en temas de género, Magaly Belalcázar se mostró aún más escéptica con las voluntades políticas del Estado para cumplir con los pactos territoriales del primer punto. La vocera caqueteña denunció que mientras la tierra esté “en manos del mismo gobierno, en manos de grupos armados y en manos de narcotraficantes”, los impulsos a las medidas específicas de la RRI no zarparán a buen puerto.

“Solamente se han avanzado en cinco puntos de los 27 que están estipuladas como medidas específicas en la adjudicación de tierras. Esto también se explica porque hay vigentes estereotipos hacia las mujeres con la entrega de tierras”, precisó la lideresa.

A su turno, la procuradora Ambrosi apoyó esta postura de Belalcázar al afirmar que “hay que fortalecer los procesos agrarios para recuperar tierras, y que haya integralidad: toca apostarle a la asistencia técnica, porque solo la tierra no transformará la vida de las personas”.

Sobre esto, Emilio Archila pidió que se quitara la idea de que “no se está haciendo nada por la RRI. No permitamos que se vuelvan a ocultar cosas y que nos quedemos en el pasado”, sostuvo.

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¿Hay consensos a la vista?

Daniel Cano reconoció que gracias a la gestión de la ANT se han descongestionado procesos que antes eran “difíciles de tratar ante el INCODER”. El investigador también propuso que el decreto 902 del Fondo de tierras no se puede contemplar como algo minúsculo, teniendo en cuenta que ha permitido mayores indicadores de ordenamiento social, a pesar de que queden puntos pendientes en aspectos relacionados con la formalización de algunos de estos lugares.

Magaly Belalcázar pidió que estas ideas de progreso en la tierra tenían que estar estrictamente vinculadas con la seguridad en los territorios, pues según ella, “sería importante hacer la vinculación de la reforma rural integral con la magnitud de los asesinatos de los lideres sociales y defensores de las tierras”.

De cara al futuro existen decenas de desafíos en la RRI que trascienden los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Y si bien el Acuerdo estableció un plazo de doce años, desde 2017 hasta 2028 para su ejecución, situación que rajaría al Estado con las condiciones actuales, la voluntad territorial para categorizar predios y adjudicar fondos está entendida como una tarea conjunta que pide a gritos ser armonizada pronto para un genuino desarrollo rural como apuesta de largo alcance.