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El proyecto de reforma a la ley de víctimas (1448 de 2011) es una de las principales apuestas de los 16 representantes de las curules de víctimas en su segundo año legislativo. Desde la bancada de la paz, con la que han logrado posicionarse en el Congreso, presentaron una propuesta distinta a la del Gobierno, donde la centralidad es incrementar el presupuesto para la reparación y el número de víctimas reparadas.
“Nuestro proyecto se centra en acelerar la reparación, ampliar el concepto de víctima y mejorar la atención. Para eso, proponemos un billón de pesos adicionales a lo que ya se había presupuestado porque todos los días se están produciendo víctimas en el país y la reforma merece voluntad política y presupuesto para hacerlo”, afirmó Diógenes Quintero, representante por la circunscripción de Catatumbo y vocero de esa bancada.
La iniciativa es distinta a la que pretende radicar el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas, que pretende más que una reforma, una actualización de esa ley. Tal como lo contó El Espectador el pasado julio, ese proyecto recogería, entre otras, la idea de ampliar la fecha desde la que una persona puede acreditarse ante la Unidad de Víctimas. Actualmente, la ley estipula que las personas podrán acceder a los programas de la Unidad si vivieron hechos victimizantes desde el 1.° de enero de 1985.
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La razón de que la bancada de paz esté presentando un proyecto aparte es que durante las mesas de concertación y trabajo sobre la propuesta de reforma del Gobierno, se manifestó que podría no revaluarse el presupuesto que actualmente se tiene para la reparación. Esa ha sido una de las luchas de la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, desde que empezó en esa cartera. En varias intervenciones ha dicho que Colombia “requiere más de 60 años para reparar a sus víctimas”.
En abril, el mismo presidente Gustavo Petro dijo que no había plata para la reparación, pues se necesitan 301 billones de pesos para reparar a las más de 9 millones de víctimas, cifra que se alcanzaría en 125 años.
La bancada de la paz se distanció del proyecto del Gobierno y construyó la propuesta de 50 páginas que presentaron el pasado 6 de septiembre a la Secretaría General de la Cámara de Representantes. “Para nosotros una reforma de la ley de víctimas que no toque los presupuestos ni acelere el ritmo de la reparación no tiene sentido”, dijo a Colombia+20 el vocero de la bancada de la paz.
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¿Cómo se financiaría esa reforma a la ley de víctimas?
Los 16 representantes de las curules de paz proponen tres fuentes de financiación para agilizar la reparación a las víctimas: la primera a través del Presupuesto General de la Nación, la segunda la reforma tributaria y por último los ingresos excepcionales o extraordinarios de la Nación. Estos últimos se refieren a los ingresos que llegan por el alza del petróleo o las exportaciones del país.
En el caso de la reforma tributaria, dice Quintero que fue un acuerdo al que se llegó con el Gobierno cuando ese proyecto estaba en trámite. Es allí donde habría la adición del billón de pesos. “Acordamos un compromiso con el Gobierno, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Hacienda para que se destinaran mayores recursos para las víctimas dentro de la Reforma Tributaria. Nosotros proponíamos un billón de pesos adicional a lo que ya se había presupuestado”, explicó Quintero.
Sobre el Presupuesto General, la propuesta afirma que habrá un impacto fiscal, pues no se busca la asignación de nuevos recursos, sino un ajuste y distribuyan mejor los recursos del presupuesto asignado a través de un procedimiento “más adecuado y expedito” que sea más eficaz para la reparación de las víctimas.
Según cifras del Plano Plurianual de Inversiones del Ministerio de Hacienda (2022-2026), se destinaron 1.66 billones de pesos para implementar el punto 5 sobre víctimas del Acuerdo de Paz con las FARC. Este dinero se destinará para las “estrategias para la reparación integral, la reparación colectiva y los planes de retorno y reubicación; así como la continuidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, se lee en el documento.
Además de la adición de un billón de pesos a lo ya establecido, la bancada de la paz le plantea al Gobierno que suba su meta de reparación de víctimas de 600 mil a 1 millón. En el Gobierno de Iván Duque la meta era de 500 mil víctimas reparadas, pero solo se indemnizaron 320 mil, es decir, apenas el 53%.
“A este ritmo no se va a lograr la meta porque en este año solo se han indemnizado a 72 mil víctimas. Si se proyecta eso a los tres años que hacen falta, no va a lograr ni la mitad de lo que se ha proyectado. Se necesita aumentar el presupuesto para lograr esa cifra”, señaló el vocero de la bancada de la paz.
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En el país existen víctimas que llevan más de 20 años esperando reparación por parte del Estado, demoras que han significado para la población, organizaciones sociales y políticos un acto de revictimización. Por eso, dentro del proyecto de ley de la bancada de la paz, se propone la creación de enlaces de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a Víctimas en las 16 subregiones PDET - donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- para garantizar un servicio descentralizado y más oportuno.
Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en lo corrido de este año ha destinado más de 774 mil millones de pesos -del Fondo de Reparación-, para indemnizar a cerca de 72.000 personas.
¿Qué ha pasado en 12 años con la ley de víctimas?
Según cifras entregadas a esta redacción por parte de la Unidad para las Víctimas, desde enero del 2012 al 31 de mayo de 2023 se entregaron 9,4 billones de pesos para indemnizar a más de un millón trescientas mil víctimas.
Esta entidad fue creada por la Ley 1448 de 2011 o también conocida como ley de víctimas, y desde entonces ha registrado a más de 9 millones de víctimas del conflicto armado colombiano, de las cuales, más de 7 millones son sujetos de atención, es decir, reciben medidas de asistencia, atención y reparación integral.
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La Unidad también tiene a su cargo la reparación colectiva de las víctimas, que corresponde a comunidades étnicas, campesinas, organizaciones o grupos que desde su colectividad fueron afectados durante el conflicto armado. Hasta el 31 de mayo del 2023, la entidad registra 903 sujetos de reparación colectiva, de los cuales, 625 son comunidades étnicas; 219 comunidades campesinas y 59 organizaciones o grupos.
De los 903 sujetos de reparación colectiva, 511 han sido acompañados en acciones de rehabilitación que van desde lo jurídico hasta lo psicológico, que se realizan en alianza con el Ministerio de Salud.