¿Cuáles son los retos de las curules de paz para la nueva legislatura?

Los 16 congresistas representan a las víctimas de los 170 municipios más golpeados por la violencia en Colombia.

Foto: Bancada de Paz

Después de su primer año como portadores de la voz de las víctimas en el Congreso, en el que lograron posicionarse como bancada de paz, los 16 representantes de las circunscripciones especiales de paz se enfrentan a una nueva legislatura en la que el Gobierno de Gustavo Petro quedó sin coalición.

Los 16 congresistas representan a 170 municipios catalogados en el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016 como los más golpeados por la guerra y donde se están implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)-creados también por este Acuerdo-.

Su llegada a la Cámara de Representantes es un avance de reparación para las víctimas, a través de la participación política de voceros que expongan sus problemáticas ante el Congreso de la República.

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En la primera legislatura del Gobierno, la bancada de la paz conformada por tres mujeres y trece hombres han trabajado por poner en el debate político las peticiones de las víctimas en materia de seguridad, educación, mejoramiento de vías, proyectos productivos y reparación. Poco a poco han logrado hacer sentir su voz e impactar a las comunidades que representan; por ejemplo, con el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos.

“Nuestro principal reto es mantenernos unidos como bancada porque ha sido clave para hacernos sentir y notar en el Congreso y con el Gobierno. Este siempre va a ser el reto en los próximos tres años”, explicó Diógenes Quintero, representante por la circunscripción de Catatumbo y actual presidente de esa bancada.

En entrevista con Colombia +20, varios representantes de las curules de paz manifestaron que a pesar de haber expresado su interés de aportar a los espacios de diálogo y acercamientos de la política de Paz Total, no han recibido respuesta por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“Nosotros representamos las regiones más violentas de este país, no solamente donde se vivió de manera más cruel el conflicto armado, sino donde hoy se sigue viviendo. Los grupos están recrudeciendo la violencia, desplazando cada día más ciudadanos y generando más víctimas”, señaló Jorge Rodrigo Tovar, representante por la circunscripción de Sierra Nevada y Serranía del Perijá.

Tras la salida de las FARC de los territorios en 2016, llegaron otros grupos armados ilegales y se crearon disidencias de esta guerrilla que no están a favor de lo pactado en La Habana.

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Las disidencias de las FARC como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Clan del Golfo o AGC; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tienen presencia en los departamentos de las circunscripciones de paz: Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda, ha venido adelantando acercamientos y diálogos con estos grupos y también con las bandas criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó. El gobierno ya instaló la mesa de conversación con las bandas de Buenaventura; las bandas de Medellín y con el ELN ya pactó el cese al fuego bilateral que iniciará el próximo 3 de agosto e iniciará el cuarto ciclo de diálogos, el 14 de agosto, en Caracas.

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Aunque se han visto avances con la Paz Total de Petro, los representantes de la bancada de paz siguen esperando una respuesta y que el gobierno les dé la posibilidad de llevar la voz de las víctimas y sus conocimientos del territorio a esos espacios.

Plataformas como Congreso Visible ven la participación de los representantes de las curules de paz como un aporte clave en la articulación entre el gobierno y la Mesa Nacional de Víctimas, al igual que incidir en los encuentros regionales y procesos pedagógicos de las negociaciones de paz.

Ley de víctimas y territorios PDET

Uno de los proyectos claves que se radicará en la nueva legislatura es la reforma a la ley de víctimas (1448 de 2011). La directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón y el ministro de justicia, Néstor Osuna, desde el gobierno y la bancada de paz han presentado propuestas que tienen puntos de encuentro claves para avanzar en la reparación a las víctimas.

Ambas propuestas coinciden en ampliar la fecha de acreditación de las víctimas ante la Unidad; mejorar la atención integral en los territorios; y aumentar y acelerar la indemnización.

La iniciativa de hacer cambios surge luego de conocer de boca del presidente Petro, que se necesitan $301 billones, cifra que se alcanzaría en 125 años, para reparar a las más de 9 millones de víctimas. Además de 150 billones para implementar el Acuerdo de Paz.

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Para los representantes de las curules de paz es clave avanzar en estas reformas para saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con las víctimas del conflicto. “Seguiremos insistiendo en acelerar la indemnización, el pago a las víctimas y mejorar la atención integral porque en estos momentos se encuentran rezagados y dilatados”, resaltó Luis Ramiro Ricardo, representante de la circunscripción por Montes de María.

La inversión a los territorios PDET es vista por la bancada como otro de los retos importantes para esta nueva legislatura, pues se necesita materializar los proyectos y promesas en los 170 municipios priorizados.

“Llevamos un año de gobierno y aunque se ha visto presencia de funcionarios en los territorios, no hay acciones contundentes todavía. En las vías, la productividad, la salud, la educación no han habido cambios trascendentales, con los que la gente pueda sentir y ver que llegó el gobierno”, enfatizó Quintero, presidente de la bancada.

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El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, manifestó en entrevista con este equipo periodístico que los proyectos PDET “no se podrán cumplir todos en este gobierno”. La razón: hay dificultades en 834 de los 3.200 proyectos vigentes en los que fueron invertidos cerca de 5 billones de pesos.

Preocupación por riesgos en elecciones regionales

El próximo 29 de octubre se realizarán la elección de los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de los 1.101 municipios de los 32 departamentos.

La bancada de la paz le manifestó a Colombia +20 su preocupación por la seguridad de los y las candidatas regionales, pues muchos de los territorios que representan están cooptados por grupos armados ilegales.

“Estos grupos al margen de la ley están previniendo a la población civil acerca de sus intereses en la jornada electoral y esto es muy delicado. La seguridad electoral no puede considerarse solo en términos de garantías electorales de la Registraduría, sino también en materia de seguridad a la población civil”, señaló el representante de la circunscripción por Montes de María, quien hace parte del Comisión Especial Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral.

La Misión de Observación Electoral (MOE) afirmó que se presentó un incremento del 88% en la violencia, en comparación al proceso electoral de 2019. La presencia y disputa entre grupos armados ilegales por el control territorial generó en los primeros seis meses de 2023 más de 600 casos de violencia registrados por la MOE.

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Las alertas también se encendieron en los departamentos del Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo donde tienen presencia las disidencias de las FARC, autodenominados Estado Mayor Central (EMC), esto tras romper el cese al fuego con el gobierno de Petro el pasado mes de mayo.

En un comunicado, el EMC instó a los candidatos locales a rechazar apoyos de “partidos tradicionales y guerreristas” y aseguraron que habría “sanciones” a los actos de corrupción como compra de votos, entrega de materiales, falsas promesas u ofrecimiento de puestos.

Llevar a buen puerto los acercamientos y diálogos con los grupos armados ilegales que afectan a las comunidades en los territorios del país es uno de los principales retos del gobierno Petro, al que la bancada de paz quiere sumarse, pues de la mano del cese de la violencia vienen los avances en reparación a las víctimas.