Lorenzo Caraffi es el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), organismo que está operando hace 53 años en el país y que hoy cuenta con 13 oficinas y unas 500 personas trabajando en terreno. Su designación ocurrió en plena pandemia (agosto 27 de 2020) y por eso tuvo que llegar a Bogotá dos meses después.
Esta es su tercera misión en el país. Entre 2002 y 2003 fue jefe de la oficina en Saravena, Arauca, donde vivió una de las peores coyunturas en plena guerra entre las Farc, el Eln y las Auc. Luego regresó en 2008 a liderar la delegación del centro del país, un trabajo que desarrolló más desde Bogotá, aunque siempre estuvo conectado con los lugares más afectados por el conflicto de esa zona.
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Esta es su primera entrevista con un medio nacional. Dice que guardó silencio durante dos años porque creía que era mejor conocer la nueva realidad del país antes de hablar. Ya con la posibilidad de decantar sus experiencias se anima a comparar las “varias Colombias” que ha conocido.
Acaba de llegar de Nariño, ¿qué realidad se encontró?
Esta es una de las visitas que realizo acompañando a los equipos en su trabajo cotidiano, hago preguntas, escucho, observo. Es el privilegio de trabajar con el CICR, porque tenemos un diálogo con autoridades a alto nivel y seguimos con la presencia en los territorios y en contacto con las comunidades más afectadas por los conflictos. Este acceso y respeto a nuestro trabajo existe hace décadas y nos permite tener la credibilidad cuando decimos que estamos preocupados por la situación humanitaria del país. Nariño es uno de los territorios que nos preocupa más, tiene el récord más alto en desplazamientos masivos en 2021 y 2022, hay presencia de varios grupos armados luchando por el territorio, además de la presencia de la fuerza pública. Es un buen ejemplo de un problema que existe históricamente en Colombia y es la falta de oportunidades económicas, de servicios de educación, de salud, de vías, y todo esto tiene impacto sobre la situación humanitaria existente. Esta visita fue útil y espero que sea útil cuando hablo de la situación en Colombia, porque no hablo de fuentes secundarias, sino de la experiencia vivida. El año pasado estuve en el Chocó donde me di cuenta de la situación conflictiva y de los desafíos logísticos para trabajar. Todo mi respeto a mis colegas que trabajan en estas condiciones. El año pasado estuve en Catatumbo acompañando presidente del CICR que estuvo de visita.
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¿Por qué guardó silencio durante dos años si usted ya conocía el país por sus anteriores misiones?
Estuve ya dos veces en Colombia y conocí a Colombias diferentes: la de comienzos de los 2000 en Saravena, Arauca, era diferente a la que encontré cuando regresé en 2008 a Bogotá y es diferente a la de hoy. Era más prudente tener un conocimiento directo para poder hablar de la realidad de ahora y no solo del pasado.
¿Qué comparación puede hacer de esas realidades que conoció en sus anteriores misiones y que incluso ni el mismo Estado colombiano conoce?
Eso lo puedo confirmar, ni el Estado colombiano ni muchas personas que frecuento en Bogotá conocen esos territorios. Entre 2002 y 2003 fui jefe de la oficina en Saravena, Arauca. Fue un periodo de conflicto intenso, casi todo el país estaba afectado por los conflictos, no había un rincón del país que no estuviera afectado y había una percepción generalizada de esta realidad. Regresé en 2008, después de la desmovilización de las Auc, y la dinámica había cambiado de manera radical. Desde Bogotá, nuestra oficina cubría la cordillera oriental y buena parte de los llanos, territorios donde anteriormente habían existido conflictos y que ya estaban más tranquilos. Seguían existiendo conflictos en muchos territorios, pero ya era una Colombia con dinámicas diferentes. Ahora llego después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y observo un gran cambio y es que, comparado con el pasado, hay una porción del país que está siendo más y más afectada por los conflictos, como el Pacífico, Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, donde no hay mucha concentración de personas, pero que no podemos olvidar. También en los territorios de frontera, como Arauca, Norte de Santander o el sur de Bolívar, Antioquia.
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¿Qué le sorprende más?
Lo que me marca desde el comienzo es la distancia, que no existía antes, entre la Colombia central, que no ha vivido el conflicto y la Colombia de esos territorios que ha vivido los conflictos de manera más intensa, sobre todo en los últimos cinco años. Es como si esta Colombia central haya dado la vuelta a la página y no pusiera atención hacia la otra Colombia que está sufriendo de manera creciente. Si miramos los indicadores de consecuencias humanitarias y tomamos como base el 2017, el aumento fue claro en desplazamientos masivos, confinamiento, víctimas de artefactos explosivos o ataques contra los servicios proveedores de salud. Las consecuencias se concentran en esos territorios.
¿Cómo ha visto el cambio en Arauca con la situación de la migración y la atomización de nuevos grupos, como las llamadas disidencias?
Cuando llegué a Saravena había tres grupos armados. Ya era complicada la situación, ahora se complicó más desde comienzos de este año con la violencia entre antiguas estructuras de las Farc y el Eln con consecuencias humanitarias muy elevadas, el desplazamiento individual subió 1.300 % desde el año pasado, hubo una intensificación de conflictividad muy clara, comparado a otros territorios donde hubo una disminución. Es por eso que tenemos una presencia en Saravena desde 1994 y vemos que las necesidades han aumentado de manera significativa.
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Respecto a esos nuevos actores en la frontera, en Arauca, ¿cómo analiza el involucramiento de Venezuela en esos conflictos?
Le dejaré el análisis de la situación de Venezuela a mis compañeros de la oficina de Caracas. Este es un elemento de complejidad ulterior. El año pasado hubo violencias en la frontera, entre el Eln y el frente 10 y la Segunda Marquetalia. La frontera complica las cosas e implica trabajar con nuestros colegas del otro lado para comprender las dinámicas y atender las necesidades de las personas afectadas por esta situación.
¿No cree que esa desconexión de la Colombia central con la periférica ha existido siempre?
Se intensificó. Mi segunda misión tenía un privilegio y es que estaba en Bogotá y frecuentaba los mismos lugares de hoy. Mi percepción es que la distancia aumentó. A comienzos de los años 2000 no era muy grande porque se sentían las consecuencias de los conflictos en cada rincón del país, pero aumentó desde mi salida en 2010 y a mi regreso hoy.
¿El Acuerdo de Paz tuvo que ver en ese aumento o qué cambios se lograron con la firma?
Después del Acuerdo algunos territorios están en una situación más pacífica que antes. Uno de los efectos fue la reestructuración y reorganización de los grupos, nosotros no los llamamos disidencias porque es como colocarlos a todos en el mismo costal y son grupos diferentes. Nosotros hacemos un análisis jurídico y llegamos a concluir que algunos de esos grupos están en situación de conflicto armado, no hay unas Farc, pero hay varios grupos que se declaran herederos de las Farc y eso complica las cosas para las poblaciones afectadas, porque la situación es más difícil de leer que en el pasado, ya que en el mismo territorio hay varios grupos que se pelean por el control territorial.
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¿Encontró al país dividido y polarizado por el tema de paz, incluso ahora que hay anuncios de diálogos y negociaciones?
Tengo la impresión de que Colombia es un país donde se debate mucho, hay posiciones muy consolidadas y el tema de la paz divide. Creo que todos los colombianos quieren la paz, el objetivo final es de cierto consenso, hay divisiones de carácter político sobre cómo llegar a ese objetivo. Lo importantes es que nosotros no estamos involucrados en esas polémicas. Somos una organización puramente humanitaria, independiente, neutral, imparcial, trabajamos para asistir y proteger a las víctimas de los conflictos. Cualquier iniciativa que lleve a reducir las consecuencias humanitarias nos hace muy felices. No se nos pide una opinión de con quien puede negociar el gobierno, es una decisión de carácter político del gobierno. Nosotros podemos ayudar con intermediación como en el pasado, si nos lo piden.
Por eso tenemos cuidado al interpretar nuestra calificación de los conflictos armados. Nosotros tenemos el Derecho Internacional Humanitario como guía y hay unos criterios claros para establecer donde hay conflicto y donde no lo hay. Uno es el nivel de intensidad de las hostilidades y el nivel de organización de los grupos armados. No está escrito en ningún lado que un grupo debe tener objetivos políticos o económicos. Es por eso que no entramos en ese debate. Esa actitud rigurosa hace que podamos tener diálogo, acceso y posibilidad de ayudar en comunidades.
¿Ustedes hacen alguna diferencia entre quienes firmaron el Acuerdo de Paz y lo burlaron y los que no firmaron?
Nosotros analizamos cuáles son los grupos armados que están dentro del umbral de actor armado en un conflicto armado no internacional. Algunos son herederos de las Farc-Ep, pero la calificación no empieza con el origen de los grupos, el análisis es sobre quien opera en los territorios y hay muchos y pequeños. En nuestro último informe consideramos que hay tres actores que pueden ser considerados post Farc: el que nunca se desmovilizó, que lidera Iván Mordisco, que no se acogieron al proceso de paz; la Segunda Marquetalia, y el Comando de la Frontera en Putumayo. Hay otros que se dicen grupos post Farc que nosotros no consideramos como parte de un conflicto. La diferencia es importante porque el objetivo es enmarcar el ámbito de la aplicación del DIH que prevé el uso de la fuerza letal como un derecho de excepción. Lo que esté fuera es del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Como CICR decimos que hay seis conflictos armados; no significa que la situación es peor a lo que había hace 20 años. Si miramos la situación a partir de 2016, después de la firma del Acuerdo de Paz, claramente hubo un aumento significativo y muy preocupante de las consecuencias humanitarias en territorios específicos del país.
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¿Es más grave la situación ahora que hace 20 años?
Es el nivel de afectación territorial. Antes parecía todo el país afectado, ahora son territorios específicos donde se concentran más las afectaciones. Y han crecido ciertas afectaciones como los desplazamientos, el confinamiento, las víctimas de artefactos y minas, el asesinato selectivo. No hay distinción entre quien participa y quien no participa en las hostilidades, por eso hacemos intervenciones con los actores armados pidiendo que respeten el principio de distinción.
¿Qué pueden concluir sobre el asesinato de líderes, defensores de derechos y excombatientes, quién los mata y por qué?
Nosotros no distinguimos entre un líder comunitario y una persona que vende gaseosa en la vereda. Es una tragedia, en general, para nosotros. Lo que observamos es si esa persona estaba participando directamente en las hostilidades o no, si su muerte fue legítima en el análisis del DIH. Esa es una expresión de la lucha por el control territorial. Imagínese vivir en una vereda donde hay varios grupos armados que luchan por el control, qué tan difícil es vivir en esta situación y que fácil es ser visto como alguien que apoya a un grupo solo por vender algo. Es más complejo que en el pasado.
Ustedes han cumplido una importante labor como facilitadores en liberaciones de secuestrados, en los movimientos de guerrilleros para las negociaciones, ¿Van a cumplir un papel similar en el proceso que está por empezar con el Eln?
En nuestro trabajo cotidiano somos facilitadores, con bastante frecuencia, en la liberación de personas que están en poder de los grupos armados. Es frecuente que los grupos nos llamen para que nos entreguen las personas y eso tiene un impacto extraordinario en la vida de las personas. Yo tengo todavía esos recuerdos de lo que pudimos hacer en Saravena, es como si fuese ayer. Sobre la negociación que fue anunciada, no estamos involucrados hasta ahora, no nos lo han pedido. Si las partes están de acuerdo, nosotros estamos disponibles como lo hicimos en el pasado.
¿Qué recuerdos guarda de esas liberaciones en las que participó?
Hay una que fue muy famosa, eran dos periodistas de los Ángeles Times que estuvieron en manos de un grupo en 2003. Fui llamado por el grupo para recibirlos, llevarlos al aeropuerto de Saravena y acompañarlos en Bogotá hasta ser entregados a responsables del Times. Fue muy emocionante porque quedaron muy agradecidos con el CICR. El otro caso fue un señor bogotano que estaba en poder de un grupo. Fuimos y cuando estábamos en lo alto de la cordillera nos vio y supo que estaba siendo liberado. Ya en el aeropuerto yo mismo llamé a su esposa y escuché la primera conversación que tuvo como hombre libre con su esposa, una semana después recibí la llamada de la esposa agradeciendo, me decía: “ustedes son ángeles”. Este trabajo da la oportunidad, a veces, de cambiar la vida de las personas en el mejor sentido, es un enorme factor de motivación para los equipos. Eso se queda en la mente por siempre, y muestra el privilegio que tiene el CICR en Colombia.
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Estamos en un momento político de cambio, ¿eso qué significa para las labores del CICR en el país?
La actitud del CICR seguirá siendo la misma, no cambia. Estamos hace 52 años, haciendo el mismo trabajo, manteniendo la misma cercanía con las comunidades. Los cambios de gobierno no tienen impacto profundo en el trabajo, porque tenemos relaciones construidas con las instituciones que nos permiten hablar abiertamente de la situación.
¿Cuáles son las afectaciones que más le preocupan?
El desplazamiento masivo e individual que ha crecido mucho. El confinamiento que hace que comunidades enteras no puedan salir de sus territorios y las víctimas de artefactos explosivos. El aumento de los desplazamientos, entre los primeros seis meses de 2021 y 2022, es de 43 %. Hasta finales de junio de este año tuvimos 377 víctimas de artefactos explosivos (el año pasado fueron 489), eso significa que la conflictividad ha aumentado. El otro es un problema social, los ataques a proveedores de servicios de salud (el año pasado hubo récord desde que Colombia estableció un sistema de identificación de ataques a misión médica). Buena parte fue debido al paro nacional. Hubo 553 ataques en 2021, un aumento del 70 % comparado con 2020 y hay subregistro en zonas afectadas por conflictos armados porque hay temor de denunciar. El 20 % de esos ataques fueron perpetrados por grupos armados y el 66 % fue por la población civil, comunidades, familiares, víctimas, tenemos que sensibilizar a la ciudadana en respeto a la misión médica.
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¿Por qué hubo ese aumento durante el paro nacional?
Sí hubo un aumento debido al paro nacional, pero venía la tendencia de aumento constante. El pico es el paro. La estadística dice que en 2018 fueron 101 ataques; en 2020 fueron 325, tres veces más; en 2021, fueron 553, ahí entran los del paro nacional. En muchos casos sucede que la gente que no está de acuerdo con la atención, hay violencia entre grupos organizados o insatisfacción con las limitaciones que hay en algunos lugares, hay casos de pacientes asesinados por grupos armados. Es una gama amplia de agresiones. Hicimos una campaña a final de 2020 que se llamó El mundo está al revés para sensibilizar sobre el respeto a misión médica.
Un mensaje final...
Es importante que Colombia sepa que hay una buena parte de su población que vive en una situación difícil y que la situación se ha agravado y que es más complejo que en el pasado, es importante que haya asistencia para las víctimas y que la voz de estas comunidades sea escuchada y nuestro papel es darle visibilidad a la situación crítica es el mensaje principal, que la Colombia central no se olvide de esas comunidades.