“Los partidos políticos no pueden pasar de agache su responsabilidad en la guerra”

La periodista Marta Ruiz hizo parte de la Comisión de la Verdad que entregó su Informe final el pasado 28 de junio. / EFE

Foto: EFE - Carlos Ortega

Marta Ruiz fue la única periodista que integró el grupo de once personas que tuvo el encargo de construir el Informe final de la Comisión de la Verdad. Su paso por varias redacciones de los principales medios del país, reporteando e investigando el conflicto armado, la llevó a insistir en la necesidad de tener una narrativa más comprensible y explicativa de lo que ha sucedido en Colombia en las últimas décadas.

No es gratuito que ella fuera la encargada del capítulo titulado “No matarás, recuento histórico de la guerra en Colombia”, que explica por qué inició el conflicto y cuáles fueron los factores que le permitieron un desarrollo tan largo, de casi 60 años. Las 557 páginas de este volumen contienen entrevistas con personas que participaron en las decisiones sobre la guerra desde diferentes orillas: expresidentes, excongresistas, políticos, funcionarios públicos, periodistas y excomisionados de paz, responsables y víctimas del conflicto, para desarrollar el relato en orden cronológico (desde 1920).

¿Por qué el capítulo se llama “No matarás”?

Nosotros encontramos que la línea de continuidad del conflicto armado es la violencia política. Nos matamos por las ideas, política, competencia electoral, rentas, disputas territoriales, conflictos sociales, conflictos laborales... Este es un mandamiento no solo religioso, toda la sociedad está construida para vivir sin matarnos. Y quiero hacerle homenaje a Mockus, quien dijo que la vida es sagrada y debíamos recobrar el tabú de la muerte. Un primer mandamiento para vivir en paz es no matarse.

¿Por qué empezar el relato en los años 20?

El mandato no nos dio un período para el esclarecimiento. Nosotros nos propusimos hacerlo desde 1958, pero nos vamos a los años 20 porque, para cumplir el mandato de esclarecer el origen y las causas, había que revisar factores históricos o antecedentes que expliquen lo que sucedió. Lo que vimos es que la historia nuestra tiene continuidades y rupturas. Cuando uno lee solo las continuidades podría concluir que es la misma guerra desde el siglo XVIII hasta hoy, y no es así. Hay rupturas y quisimos leer qué pasa en los momentos que baja la violencia, qué es lo hace que podamos bajar la violencia y vivir períodos en paz.

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¿Hemos tenido períodos de paz?

Hemos tenido momentos, no de paz total, pero sí de paz parcial. Hemos tenido una paz incompleta, imperfecta, en una sociedad donde la violencia, como dijo el presidente Gustavo Petro en la presentación del Informe final, es endémica. Encontramos que fuera de la hegemonía conservadora, que fue un momento de relativa paz, hay otros en los que, a pesar de persistir los conflictos sociales con violencias, se logra bajar la violencia. Uno es el Frente Nacional, que logró un momento de paz, aunque engendró otra violencia; la promulgación de la Constitución del 91 fue un momento de paz, aunque duró poco; la desmovilización de las Auc bajó la violencia en muchos territorios, sin ser una paz total. En general, las desmovilizaciones y los procesos de democratización han traído esperanzas de paz. No podemos hacer miradas maximalistas ni totalizantes.

¿Y por qué no se ha podido llegar a la paz total, término que está de moda?

Esto no es nuevo: en Colombia ha imperado la paz negativa; es decir, el silencio de los fusiles. El problema es que cuando se silencian se nos olvida que hay que hacer otras cosas. Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, generó un plan de rehabilitación, pero duró año y medio porque se acabó la plata; se creó una comisión de la verdad que hizo un trabajo importante, pero no logró la reconciliación. Quedó pendiente la tarea de atacar las causas más estructurales del conflicto, resolver el tema de la tierra, la democratización, la violencia política. Veo tres factores claros: el primero, no hemos tenido un programa de reconciliación nacional; el segundo, no hemos avanzado en la paz territorial —cabe destacar esfuerzos como el de Belisario Betancur con el PNR—, y el tercero es que hay factores de poder que han saboteado con violencia esas reformas que se necesitan. Es lo que Otto Morales Benítez llamó los enemigos agazapados de la paz.

Entonces, ¿cuál es la ruta para consolidar la reconciliación?

Creo que es la primera vez que estamos ante la oportunidad de transitar hacia la reconciliación, porque le estamos haciendo una apuesta a la verdad. En otros momentos le hicimos apuesta al perdón y olvido, pero eso es un tema del pasado. Ahora la verdad nos pone las cartas sobre la mesa, hay un mecanismo de justicia transicional, y eso, como lo dijeron en La Habana, allana el camino a la reconciliación; es la primera vez que metemos el dedo en la llaga.

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¿Y cuál es su lectura sobre la paz territorial?

Cuando se creó el Frente Nacional, el conflicto residual (que es social, político y armado) estaba muy localizado en el Tolima y en otros territorios, pero cuando se le dio tratamiento de guerra, se desparramó por todo el país. El Estado colombiano ha tenido un problema para incorporar los territorios al proyecto de nación. Nosotros decimos que el Estado se ha desplegado en una matriz de privilegios y exclusiones, por eso hay regiones como el Pacífico, el Caribe y la Amazonia. Hay momentos en los que las regiones se entregaron a los privados. En una época la Iglesia cumplió algunas funciones del Estado; en otros momentos se le entregaron a las empresas, las guerrillas, los paramilitares... incluso a los esmeralderos se les entregó la soberanía. Es lo que llamamos soberanía fragmentada o delegada. Hay un déficit de Estado y ciudadanía, eres un tipo de ciudadano si vives en Bogotá y otro si vives en Mocoa. El Estado no puede seguir protegiendo los intereses privados ni los privilegios a las élites, debe proteger a la población entera.

¿Cómo se reciclan o reorganizan los grupos armados en este contexto?

No se atienden todos los factores de persistencia del conflicto y por eso siguen vigentes. Hay un punto de inflexión en la Constitución del 91, ahí perdimos la oportunidad de hacer una paz total. Hubo posibilidades, pero no teníamos los instrumentos ni la conciencia. Se intentó que confluyeran las guerrillas que estaban por fuera y se trató de solucionar el tema del narcotráfico con un sometimiento a la justicia —algo parecido a lo que se está planteando ahora—. Pero no se logró y creo que el tema del narcotráfico nos explica por qué. Muchos de los conflictos en América Latina se cerraron porque hubo transiciones democráticas y cambios institucionales, como el Cono Sur, pero en ningún país el narcotráfico logró una inserción en el sistema político como ocurrió aquí. La manera como se cruzaron guerra insurgente-guerra contrainsurgente y narcotráfico-guerra contra las drogas les dio la licencia de continuar. Eso ligado a la forma como se dio la descentralización, en un momento de competencia y mercado, cuando el Estado no logró el control, determina lo que pasó.

¿Por qué se centra tanto en el tema del narcotráfico?

El narcotráfico no solo es una economía criminal, es un factor de acumulación de poder económico y político. Es un actor de la guerra que explica en parte su prolongación, junto a la incapacidad de reformarnos. La guerra más dura en Colombia viene después de la Constitución, hay una reacción apenas se promulga: no vamos a compartir el poder.

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Pero también hubo una sociedad permisiva...

El narcotráfico ha sido un motor para la aguerra y la guerra fue motor para el narcotráfico, tanto que hubo espacios para que el narcotráfico tuviera sus ejércitos privados. Ha habido esfuerzos en Colombia para acabar con el narcotráfico, aunque con la estrategia equivocada. Cuando el gobierno quiso acabar con Pablo Escobar, lo logró, y lo ha hecho así hasta con Otoniel. Yo creo que la pregunta es otra: ¿cómo se insertó el narcotráfico en el sistema político? Hay que preguntarles a los partidos políticos qué hicieron, por qué es imposible competir en una campaña electoral porque es imposible de pagar, quién financia esas campañas.

Y hay un elemento que ha señalado el exministro Andrés Felipe Arias: el narcotráfico como factor estabilizador de la economía colombiana. Los campesinos y los cultivos vienen después y se articulan con las guerrillas, pero los otros eslabones de la cadena se articulan al poder económico y político. Debemos preguntarnos si la estrategia ha sido la correcta.

¿Qué preguntas se quedaron sin resolver?

Me quedan muchas preguntas sobre el poder en Colombia. No logré explicarme cómo Carlos Castaño pasó de ser, en el año 93, un pistolero del cartel de Medellín a ser un hombre tan poderoso en el 98. No entiendo cómo se delega el poder en un hombre como él por parte de algunos sectores en Colombia. Quisiera haber indagado más sobre los partidos políticos, porque tienen una altísima responsabilidad de lo que sucedió en el país, ellos decidieron irse a la guerra. Todos, los de derecha y los de izquierda. No pueden pasar de agache.

¿Qué encontraron en esa relación entre el poder civil y el militar?

Vimos que, por ciertas configuraciones históricas, sí había una autonomía relativa de los militares. Observamos que muchos presidentes les dijeron: “Vayan, ganen la guerra; yo no pregunto cómo”. Es un poco el sentido de las mamás que les decían a sus hijos: “Traigan plata honradamente o traigan plata”. Este fue uno de los motivos para entrevistar a los presidentes. Todos ellos dicen que dominaban y tomaban las decisiones, pero en la práctica muchos no tenían la información. Los militares han sido algo incomprendidos y los ministros de Defensa tampoco sabían mucho, siempre ha sido algo en lo que no se meten los civiles. Una de nuestras recomendaciones es retomar el control de los militares, porque Colombia lo perdió.

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¿Cuándo y quienes perdieron ese control?

El famoso discurso del Teatro Patria tiene todo el sentido porque salimos del gobierno de Rojas Pinilla y el presidente Lleras les dijo a los militares: “No se metan en la política, manejen el orden público” y luego: “Ustedes hace justicia sobre sus crímenes y si no lo hacen yo vigilaré para que lo hagan”, y les dijo otra cosa: “Ustedes tienen el monopolio de las armas, los civiles no pueden tener las armas”… ¿Y qué pasó? A los cinco años, el presidente Guillermo León Valencia rompió el compromiso y avaló las autodefensas.

Desde ahí todos los fueros se fueron deteriorando y esa sentencia de Lleras de que lo juzgo si usted no lo hace se incumplió. Muchos presidentes no cumplieron esa premisa y está documentado. Por ejemplo, cuando el presidente Alfonso López intentó hacer la paz con el Eln en 1975, el general Valencia Tovar tuvo que irse porque se opuso. Esa es una controversia bonita; el presidente dijo la paz es mía. La noción de orden público desdibujó la guerra, no había noción de que había que usar el DIH.

Con el Estatuto de Seguridad, el presidente Turbay les entregó total impunidad a los militares, en la práctica les dijo: “Hagan lo que tengan que hacer, yo no los voy a vigilar y si dicen que están torturando, yo digo que es mentira, que yo soy el único preso político de este país”. Y cuando Belisario Betancur quiso hacer una amnistía, los militares se opusieron porque con el Estatuto de Seguridad ya tenían un poco de gente en la cárcel, también se opusieron a la tregua.

Pero Santos los incluyó en la negociación…

Sí, pero no los tocó. Una gran pregunta que nos hacemos es por qué la Constitución del 91 no tocó a los militares. Recuerde que en el 89 se dio el segundo gran escándalo que demuestra que los militares están metidos con el narcotráfico, que estuvieron con Rodríguez Gacha en el asesinato de los jueces en la masacre de La Rochela y eso pasa como si nada. El primer gran escándalo fue en el 83 cuando el procurador Carlos Jiménez Gómez dijo esta es la lista de los militares involucrados con el MAS. Pero en el 89 César Gaviria y Maza Márquez presentaron un informe al Congreso que dice estos son los 130 grupos paramilitares y los militares están involucrados.

El presidente Virgilio Barco tumbó los decretos que permitían las autodefensas, que están desde el 65 y 68. ¿Cómo es posible que después del asesinato de Galán y demás hechos, la Constitución no los tocara? Sí, tumba el Estado de sitio, pero no los toca. Los militares son factor de poder, cada vez que hay una tregua hay que hacerles concesiones a los militares. ¿Los presidentes no lograron estructurar una política de seguridad? Gaviria intentó hacer una política de seguridad. No es cierto que el primero haya sido Uribe.

El problema es que toda la crisis del proceso 8.000 deviene en la ruptura de la capacidad del Gobierno de controlar a los militares y eso se extiende. Ese fue un punto de inflexión, porque vino la ofensiva de las Farc y se dijo entonces que los militares no tenían recursos. Nosotros no pudimos comprobar eso.

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¿Entonces?

No tenían dirección ni estrategia. Es que nadie se mete de lleno en el poder militar y por eso fueron acumulando un poder específico muy grande. Eso hizo metástasis con Pastrana, ahí se comprueba que tienen un poder muy grande. Hay que reconocer que el Plan Patriota canalizó mucho y cuando Uribe tomó el mando se decidió que ya no necesitan a los paras, que ya cumplieron su función y ya están es haciéndoles daño. Se decidió desmontarlos y ahí se fortalecieron las Fuerzas Armadas, pero siguió la noción de “consiga plata honradamente o consiga plata”, “traiga resultados, sin importar los métodos”.

En el período de Uribe se perdió la legitimidad que se ganó por dos factores: porque los métodos no importaron y porque en ese momento el discurso fue que toda la sociedad está en guerra y no dejó espacio para la disidencia y la oposición. El presidente entregó sus propios logros por la noción de Estado que tenía. Así como las Farc se embriagaron de poder, también pasó con Uribe. Cuando él buscó la segunda reelección se le olvidó que la legitimidad era importante y solo quería los resultados. ¿Qué reflexión le deja haber hecho este trabajo? Nosotros deberíamos volver la paz un propósito nacional. Se necesitan instituciones para la paz, porque las que tenemos son para negociar, desmovilizar y reinsertar a excombatientes.

Por eso la primera recomendación es esa, la paz debe ser el propósito de la nación, y deberíamos volcar todos los ministerios y todas las instituciones para conseguir la paz; tener una Fiscalía para la paz, un Ejército para la paz, una Policía para la paz... Tengo esta reflexión: un país que fue capaz de parar la economía para proteger la vida durante la pandemia, tiene que ser capaz de hacerlo todo para proteger la vida de la violencia. Se demostró que cuando hay prioridades se hace lo que haya que hacer; nosotros lo hicimos y todos pagamos los costos. Lo podemos hacer por esa otra pandemia que es la violencia. Ese diálogo entre la Constitución del 91, el Acuerdo de Paz de La Habana y nuestro Informe confluye en lo mismo: la paz es el pegamento para hacer que este país sea viable. ¿Cuántos muertos se necesitaron para que un dirigente de izquierda pudiera llegar al poder?