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Una fuerte polémica suscitó la solicitud que hizo la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa para que le entregara archivos de inteligencia, informes y bases de datos, algunos de carácter reservado, desde 1953 hasta la fecha, que les sirva como insumo para esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyeron los hechos más graves del conflicto armado.
Los militares retirados sentaron su voz de protesta al considerar que “hay información sensible que no puede ser pública”. En concreto, uno de los puntos de discusión fue el 29 de la carta, donde la Comisión solicita el registro de inteligencia sobre personas y organizaciones, así como hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, decidió retirar ese punto de su solicitud.
“En la carta hay tres cosas distintas, una es tener copia de documentos históricos, que son cerca de 25 puntos. Otra es acceder (no pedir copia) o poder mirar los archivos que están protegidos en las Fuerzas Armadas. Eso no los vamos a sacar, no estamos pidiendo las hojas de vida, ni una copia, estamos pidiendo poder ver esa documentación. Un tercer capítulo pide autorizaciones para dialogar con distintos miembros de Fuerzas Armadas que están en el interesante proceso de recuperar su memoria histórica. (...) No necesitamos esas hojas de vida, nuestra carta recoge 40 puntos muy serios que fueron producto de debate. No vamos a insistir en ese punto, nos acogeremos a la conversación que tengamos con Ministerio de Defensa. En ningún caso haremos señalamientos a personas, ni queremos provocar juicios personales, ni de tipo jurídico, sino para tener claridad sobre lo acontecido”.
María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), recordó que la Comisión de la Verdad no puede atribuir responsabilidades individuales y recordó que existe una prohibición expresa para ello. “Eso le corresponde al órgano judicial que en este caso es la Jurisdicción Especial para la Paz. Puede pedir información, pero no puede usarla para atribuir ninguna responsabilidad”.
Uno de los críticos de la solicitud del padre De Roux es el coronel (r) José Obdulio Espejo, quien dice que este hecho evidenciaría un sesgo entre los comisionados a la hora de reconstruir la verdad del conflicto. No obstante, celebró que la Comisión de la Verdad excluyera el punto 29. “Se ve que el padre es una persona inteligente y receptiva, y echarse para atrás sobre el tema de las hojas de vida es un gesto transparente y él es una persona coherente con el mandato que le dieron. Se había excedido en lo que pidió”.
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Una perspectiva distinta tiene Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien respaldó la solicitud inicial de la Comisión de la Verdad de solicitar información relacionada con las hojas vida de los miembros de la fuerza pública que participaron en operativos de inteligencia. “No constituiría un error pedir información de hojas de vida. Si existe reserva con relación a esos documentos individuales, más que darlo como una polémica pública debe darse de forma privada, eso está reglado y no debe ser objeto de controversia. Esa petición, así sea individual, tiene fundamentos legales”.
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Ante la polémica, el presidente Juan Manuel Santos le ordenó al Ministerio de Defensa que le entregara los archivos reservados de inteligencia a la Comisión de la Verdad, salvo aquellos que puedan comprometer la seguridad nacional. Sobre este particular, el padre De Roux afirmó: “Comprendo la inquietud sobre el cuidado de asuntos que son de seguridad, toda guerra es un proceso que toca la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones, pero la fuerza de la comisión es la apuesta por la verdad”.
“Su solicitud está respaldada en la ley”
La norma que respalda la solicitud y acceso de todo tipo de información a la Comisión de la Verdad, incluso aquella que está bajo el rótulo de la reserva, está contenida en el Decreto-ley 588 de 2017, que fue confirmado por la Corte Constitucional. “La información confidencial, sometida a reserva, puede ser no soóo revisada sino también entregada”, asegura Jean Carlo Mejía, asesor jurídico de las Fuerzas Militares.
Desde distintas orillas, juristas expertos en estos temas respaldan esa afirmación. María Camila Moreno, directora del ICTJ, asegura que la información que solicita la Comisión de la Verdad es fundamental para desarrollar su mandato y cumplir con la tarea que tiene de lograr un informe o relato más comprensivo, incluyente y amplio posible. “Eso sólo se da en la medida en que pueda acceder a la mayor variedad y pluralidad de información”.
Para el ICTJ, es importante aclarar que el hecho de que la Comisión pueda acceder a información clasificada no significa que se está levantando su reserva. “Lo que el decreto ley dice es que faculta a la Comisión para acceder a archivos reservados. Eso quiere decir que la CEV no puede hacer pública esa información, ni siquiera puede citarla en su informe. Sólo puede acceder a ella, usarla para elaborar sus informes. Pero no está diciendo que se está levantando la reserva de esa información”, indica María Camila Moreno.
Una postura similar tiene Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia. Ella considera que la Comisión tiene plenos poderes para acceder a todo tipo de información, incluso a la que compromete la seguridad nacional. Eso quiere decir que, a pesar de ser un mecanismo extrajudicial, las autoridades no pueden oponerse a la entrega de toda la documentación que solicite y no solo la que pueda hacer referencia a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. “Puede acceder a toda la información sin ningún tipo de reserva. La contraprestación es que tienen que mantenerla secreta. Entonces esta información puede ser insumo para la elaboración de sus propias ideas, pero no podrá ser expuesta. Es como si fuera un juez. Le entregan información para resolver su caso, pero le piden confidencialidad y el juez resuelve su caso pero no hace pública esa información (salvo si encuentra que en esa información hay violaciones a derechos humanos)”.
¿Cómo entregar la información?
El padre De Roux considera que es necesario acordar con las distintas instituciones cómo será la entrega y el procesamiento de la información. “Estamos preparando un sistema contenedor de información que debe ser reservada y que no puede pasar a procedimientos judiciales”.
Además del soporte logístico y técnico para recibir y proteger la información, Jean Carlo Mejía considera importante analizar de qué manera se entregará la información reservada si el conflicto armado en Colombia aún no ha terminado. “Los que trabajamos de una u otra manera en el acuerdo de paz teníamos en su momento una visión de que iba a terminar integrándose el Eln. Pero eso no ha sucedido y hay un problema muy grande respecto a que la Comisión de la Verdad está pensada como si estuviéramos en una transición. Pero el conflicto armado continua, así como las operaciones, las labores de inteligencia, y ese es un argumento bien importante para discutir sobre cómo entregar la documentación”.
Para este viernes está previsto un encuentro entre la Comisión de la Verdad y el Ministerio de Defensa. No solo evaluarán la solicitud del cúmulo de información reservada, sino también aquella que puede comprometer la seguridad nacional. A pesar de la controversia, fuentes de las Fuerzas Militares aseguran que la relación entre esas entidades siguen siendo hoy armónicas y efectivas.