Los "falsos positivos” en los que habría participado “Jorge 40”

Rodrigo Tovar Pupo está recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Las alianzas del Bloque Norte con miembros del Ejército en los departamentos del Cesar y La Guajira son un vox pópuli en la Región Caribe. Aunque no hay un registro exacto sobre el número de ejecuciones extrajudiciales, para los habitantes era común identificar a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2003 y 2008, “pagando favores políticos con el Ejército a través de los mal llamados falsos positivos”. Así lo mencionó Deivis Flórez Cantillo, defensor de los derechos humanos en Barranquilla y quien lleva varios de los casos documentados a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp).

Con la llegada de Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como Jorge 40, el Comité y las víctimas que representan piden a la Jurisdicción Especial para la Paz que tenga en cuenta su aporte verdad en el marco del caso 03, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como dadas de baja en combate, en el que hay 4.439 víctimas y 255 miembros de las Fuerzas Militares que han rendido versiones voluntarias. Aunque la organización sabe que los paramilitares no puedan entrar a la JEP como combatientes, resalta importancia de aceptar a Jorge 40 y que él, a su vez, cuente lo que sabe sobre los 300 hechos que han documentado en el Caribe ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

El Comité le explicó a este diario que no se han dado suficientes sentencias ni en la justicia ordinaria ni en Justicia y Paz para cuantificar la magnitud de esta modalidad en el Caribe. Los investigadores y defensores afirmaron que serían al menos 300 los “falsos positivos” que se dieron en alianza con el Bloque Norte de las antiguas AUC cuando en la época comandaba Rodrigo Tovar Pupo o Jorge 40, porque son los casos que han asumido. Pero, resaltaron, puede haber muchos más.

Hay familiares de víctimas que llevan esperando la llegada del exjefe paramilitar hace décadas. Una de ellas es Amparo Cantillo*, a quien le desaparecieron su hijo en 2006 mientras se transportaba de su casa materna a la casa de su tía en Valledupar (Cesar). Seis meses después de la desaparición, su madre lo encontró en una lista de “guerrilleros dados de baja en combate” del Batallón José María Córdova de Santa Marta.

“Desde que mi hijo desapareció comencé a buscar entidades gubernamentales para poner el denuncio, pero no me lo recibían porque tenían que pasar entre seis y nueve meses para darle la presunta muerte”, cuenta Cantillo. Sin embargo, apenas se enteró de que su hijo era un “falso positivo” comenzó una lucha por conocer la verdad sobre lo que sucedió ese día. Según las investigaciones sobre el caso, al joven de 24 años lo habrían llevado a la fuerza hombres identificados como miembros de las AUC.

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Además de hacer pasar a su hijo como guerrillero, en los informes del Ejército se menciona, de manera contradictoria, que también fue un desmovilizado del Bloque Norte. De acuerdo con esta documentación, el joven supuestamente había pertenecido a las AUC y seis meses más tarde se habría unido a la guerrilla de las Farc, una teoría absurda pues siempre estuvo a su lado y se dedicaba a oficios varios.

“Mi hijo no había ni siquiera terminado el bachillerato y él trabajaba en labores varias. El día que lo secuestraron y lo desaparecieron él iba camino a casa de una tía, desde donde nos íbamos a dirigir para la misa de seis años de fallecimiento de mi madre. Desde ahí no volví a saber nada. Luego me enteré de que el mismo día que se lo llevaron, lo asesinaron", relata Cantillo.

Las hipótesis y acusaciones sobre el caso se dieron, además, gracias a las sentencias de los tribunales de Justicia y Paz en los que, según el Comité, se dieron confesiones y revelaciones de excombatientes de las AUC y “de las propias filas del Ejército, sobre el apoyo en casos específicos en los que se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales de personas civiles que fueron posteriormente reportados como integrantes de grupos armados dados de baja en presuntos combates”, se contó en el informe Ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Primera División del Ejército en el Caribe, entre los años 2003-2008, entregado a la JEP en junio de 2019.

Lina Hurtado Valero, otra integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Político, mencionó que para esclarecer la verdad sobre estos hechos de los que hay poca documentación por la reserva de varios de los documentos judiciales de Justicia y Paz, el tribunal creado para esclarecer los hechos cometidos por los paramilitares, es fundamental incluir la Unidad Militar Especial Fuerza de Reacción. “Esta fue creada en 2006 y allí llamaban como a los ‘mejores soldados’ de los batallones La Popa, Rondón, Matamoros y Santa Bárbara. Durante ese año se dice que cometieron 48 ejecuciones de las cuales solo una de ellas fue legal”.

El estrecho vínculo de estas unidades militares con el Bloque Norte, dijo el Comité en el informe, fue “a raíz de la desmovilización de los paramilitares en 2006, específicamente del Bloque Norte, cuando comenzaron a involucrarse civiles en las redes de cooperantes cuyo objeto era que brindaran información sobre grupos armados, pero que en la práctica y en ausencia de controles, se convirtió en el modus operandi que antecedió a muchos casos de ejecuciones extrajudiciales en el Comando Operativo No. 7”.

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El caso de Amparo Cantillo* es aún más grave. Cuando sus otros dos hijos mayores decidieron buscar más información sobre las razones de la muerte de su hermano, fueron asesinados en circunstancias extrañas. “Mi hijo mayor comenzó a indagar, aquí en Valledupar, y le dijeron que le iban a decir quién mató a su hermano. Lo citaron en un restaurante que no tenía cámaras ni nada y le dispararon. Luego, siete meses después, pasó lo mismo con mi otro hijo: le dijeron que sabían quién había matado a su hermano menor y fue encontrado muerto mientras buscaban información”.

Cantillo* dijo que en medio de los procesos en Fiscalía y Justicia y Paz, le confesaron extrajudicialmente que su hijo había sido víctima de los mal llamados “falsos positivos”. Hasta ahora, 14 años después, no ha habido condenas ni sanciones por los homicidios de sus familiares. Por eso, desde comienzos del 2019 se logró acreditar como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde espera conocer la verdad sobre lo que pasó. “Ya nadie me va devolver a mis tres hijos pero yo sí quiero que me digan cómo los mataron y por qué a ellos”.

El modus operandi

De acuerdo con el Comité, las formas del Ejército para reclutar a los jóvenes y así llevarlos engañados hasta zonas donde eran ejecutados no cambió cuando los casos eran en alianza con paramilitares. “La forma de reconocer cuándo eran las AUC era porque a veces iban uniformados o porque simplemente ya los conocían. Llamaban a los jóvenes con promesas de empleo falsas y luego los transportaban hasta zonas clandestinas donde los entregaban al Ejército”, explicó el abogado. Estas versiones coinciden, según la organización, con las que han documentado y recibido en los tribunales de Justicia y Paz.

“En aquella oportunidad se venía alertando a las autoridades desde marzo de 2006, que tropas del Grupo Rondón hostigaban, amedrentaban y acosaban sistemáticamente a los habitantes de las comunidades de las Lomas del Potrero, La peña de los Indios, El Caney, Ulago y El Machín, estigmatizándolos como milicianos o colaboradores de las Farc, situación que generó el desplazamiento de familias completas. La organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona alertó sobre un patrón que venía ocurriendo en la zona, relativo a que los wiwa, quienes eran capturados y privados de su libertad. Luego aparecían muertos. Por estos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 04 de febrero de 2005, medidas cautelares en beneficio del pueblo Wiwa", se expuso en el informe que se entregó a la JEP.

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La defensora Lina Hurtado aseguró que en la región del Cesar, en 2006, se documentaron al menos siete casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que desaparecieron, precisamente, el mismo día: 6 de julio. Al parecer reclutaban a varios jóvenes en una misma jornada. En el caso de Cantillo*, por ejemplo, hay evidencias de recortes de prensa de la época en el que se buscaba a varias personas que habían desaparecido en las mismas circunstancias que su hijo el mismo día. Incluso, contó que “a muchos jóvenes de la región les ofrecieron hacerse pasar por desmovilizados por un dinero, que, en la mayoría de los casos, aceptaron por encontrarse en una situación económica precaria”.

La víctima insistió en que “la única salida que tenemos ahora es la JEP, es lo único que nos queda porque ni en la justicia ordinaria ni en Justicia y Paz han podido dar con los responsables de lo que le pasó a mi hijo". No pierde la fe de conocer la verdad y de poder lograr cambios que eviten la repetición de estos macabros hechos.