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Un brutal y desgarrador llanto. La desesperación de un niño de 12 años que patea el aire y golpea las paredes con un dolor innombrable mientras mira el cadáver de su madre. A su lado se ven algunas personas de la comunidad, paralizadas, quizás de temor y de resignación. Una de ellas grabó un video que se ha visto de forma masiva y ha suscitado el rechazo de miles de colombianos, incluyendo el presidente de la República Iván Duque. Un clamor nacional que venció las diferencias políticas por unas horas y pidió detener la violencia que en los territorios sigue desplazando y asesinando a los pobladores.
La madre asesinada el viernes 21 de junio era María del Pilar Hurtado, una líder comunitaria de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor) del Cauca que se había desplazado. Llegó a Tierralta (Córdoba) hace un año, porque había sido amenazada tras denunciar los lugares de desaparición forzada, asesinatos y torturas conocidas popularmente como “casas de pique” que tenían los narcos y paramilitares en Puerto Tejada, Cauca, según Andrés Chica, de la Fundación Cordoberxia. De hecho, era parte de la mesa de víctimas de Puerto Tejada.
Llegó desplazada a Tierralta, al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe, a esconderse de la muerte con su esposo y sus cuatro hijos de 5, 12 (mellizos) y 14 años. Trabajaba en reciclaje junto con su esposo. Por esos días en que llegó a esta región se había dado la invasión por parte de personas de muy pocos ingresos, muchos de ellos desplazados por la violencia y migrantes venezolanos, de unos lotes en desuso cercanos al barrio 9 de agosto.
Un barrio popular que se constituyó producto también de una invasión en 2013. María del Pilar, de 34 años, optó por levantar un rancho para almacenar su trabajo en uno de estos lotes, uno de ellos de propiedad de Fabio Otero Paternina, un terrateniente de la región, padre del actual alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez, del partido Centro Democrático.
“María del Pilar tomó un lote y levantó una polisombra y por ser líder empezó a llevar el proceso con la gente, hasta se reunió con el alcalde mismo en varias ocasiones para entregar los listados de las familias que estaban aquí y requerían una vivienda”, señala Andrés Chica, de la fundación defensora de derechos humanos Cordoberxia.
En un primer momento llegaron a un acuerdo y concertaron con el alcalde Otero que si desocupaban el predio, de forma voluntaria, la Alcaldía lo dividiría y se los titularía después. Pero ante el incumplimiento de la promesa, las familias volvieron a invadir el lugar.
Dos días después, las personas que lideraron el proceso fueron amenazadas en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la estructura armada ilegal que hace presencia en esta región y ocupó sin oposición del Estado los espacios dejados por los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, luego del proceso de paz, especialmente en los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba.
Allí, al parecer, apareció referenciada de forma despectiva María del Pilar Hurtado, junto a ocho líderes más, aunque no por su nombre. “A estas personas las declaramos objetivo militar. Ya estamos cansados de esta manada de hijueputas desocupados que se las pasan es invadiendo lotes”, dice el panfleto. Desde entonces, contando a María del Pilar Hurtado, han asesinado a cuatro personas mencionadas allí, por eso se cree que fueron los autores materiales del asesinato de la líder.
Entretanto, las conversaciones entre las familias ocupantes y la Alcaldía se rompieron y entre la última semana de mayo y la primera de junio entró el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía a sacarlos del lote. “Antes de esta salida se veía a la Policía transitando en carros cerca del predio y detrás de ellos iban en motos personas armadas atemorizando con disparos al aire, por eso es que la gente dice que son paramilitares que operan con la Fuerza Pública”, denunció Chica.
El alcalde Otero, a través de un comunicado, dijo que María del Pilar no estaba vinculada a los nombres que aparecen en el panfleto y que no era líder, desvirtuando las denuncias hechas por Cordoberxia. La Defensoría del Pueblo, en un trino de su cuenta oficial de Twitter, desvirtuó esta comunicación del alcalde:
Por lo pronto, los hijos de María del Pilar fueron trasladados, con apoyo de las autoridades departamentales, a Puerto Tejada, Cauca, al igual que el cuerpo de su madre. Allí la velaron y enterraron el fin de semana sus familiares y amigos en medio de una profunda tristeza.
El control de las AGC
Las AGC, conocidas entre la población como “paramilitares” por ser “los mismos que integraban las Autodefensas Unidas de Colombia antes de su desmovilización”, como señalan habitantes de Tierralta que piden reserva de su identidad por razones de seguridad, “se han posicionado como el actor armado ilegal predominante, con presencia en la totalidad de municipios, corregimientos y territorios indígenas de estos lugares del sur de Córdoba”, dice la última alerta temprana para Tierralta de la Defensoría del Pueblo y agrega:
“Estos individuos, además de ser parte de un mecanismo amplio y continuo de vigilancia y control poblacional, actúan como fuerzas de choque, portan armas de fuego de corto y largo alcance, radios de comunicaciones, visten durante el día de civil o con prendas de color negro, en ocasiones con el rostro cubierto, mientras que en las noches son vistos con uniformes camuflados. Estas características se evidencian especialmente en las zonas donde tienen intereses frente a la explotación ilegal de oro, las zonas de cultivos de coca, los espacios donde se obtiene el clorhidrato de cocaína y las de tránsito hacia las costas de Córdoba, Sucre y Urabá”.
Para mantener el dominio de este amplio espacio territorial, que se articula con el Urabá, bajo Cauca antioqueño y la subregión de la Mojana, las AGC controlan la coca que está en aumento y amedrentan a los campesinos que venden la pasta base del alcaloide a otros que no trabajan con ellos.
“Basta revisar las cifras del monitoreo de cultivos de uso ilícito realizado por el SIMCI, que registran entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017 un incremento de las áreas cultivadas de coca en esta región de un 350.7%, al pasar de 1.363 hectáreas a 4.780”, detalló la Defensoría del Pueblo.
Y es que, por ejemplo, su control y terror es tal que ahora están extorsionando a los campesinos que dejaron la coca. Luego de meses de espera llegaron a la región los pagos del Gobierno para las 2.600 familias comprometidas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (una medida que nació del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc para darle respuesta a este problema en las regiones) y ya las AGC estarían cobrando a los campesinos “vacunas” de $100.000 pesos por pago, denunció la Fundación Cordoberxia.
A esto se suma los enfrentamientos que tienen con estructuras armadas compuestas por disidencias de las Farc, que se autodenominaron Nuevo frente 18 -Román Ruiz- Cacique Coyará de las Farc, que nunca creyeron en el proceso de paz.
Lo más preocupante, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, es que la expansión territorial de las AGC y el control del corredor de movilidad que tienen, que integra las subregiones de Urabá, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño, “se ha facilitado por la lógica contrainsurgente que ha priorizado la Fuerza Pública en estos casos”. En la región sólo permaneció hasta 2018 la Brigada 11 (antes de la desmovilización de las Farc operaban en Córdoba la Brigada 11, las Brigadas móviles 16, 24 y la Fuerza Contundente de Acción Decisiva –FUCAD–).
Por el contrario, dice la alerta temprana, “son comunes las reiteradas demoras injustificadas, obstáculos y desidia en la implementación de los puntos uno, dos y cuarto del Acuerdo de Paz. A esto se suma el creciente fortalecimiento de la economía ilegal del narcotráfico”.
Producto de esas alertas tempranas, el Gobierno dispuso la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, con 6.000 hombres del Ejército para el bajo Cauca y el sur de Córdoba, que entraron a operar en enero de 2019. Una fuerza al mando de la Séptima División, que encabeza el general Juan Carlos Ramírez, quien consultado por este diario dijo que hace 20 días iniciaron operativos, en el sur de Tierralta y el oriente de Urabá, y que por eso han desmantelado seis campamentos de las AGC y tres combates, aunque reconoce que aún no puede decir que tienen el control de este lugar.
El complejo mapa de actores armados en la región lo completan los denominados Caparrapos, un grupo disidente de las Autodefensas Gaitanistas, que tiene su mayor punto de concentración en Antioquia y que ha comenzado a extender su poder por el sur de Córdoba.
El llanto insondable de un niño junto al cadáver de su madre es una constante y no un caso aislado en esta región del país que pide a gritos garantías para vivir dignamente.
Amenazado por denunciar el asesinato de Hurtado
El consejo de seguridad en la Alcaldía de Tierralta, al que incluso fue como delegado del presidente Iván Duque el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, buscaba esclarecer quién podría estar detrás de la muerte de María del Pilar Hurtado.
Allí estuvo también la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz; el alcalde de Tierralta, Fabio Otero; el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez; el director de fiscalías Seccional Córdoba, Iván Márquez; el procurador regional Nicolás Barguil; el comandante de Policía de Córdoba, Jairo Baquero; el director del ICBF Córdoba, Alberto José Jiménez; la defensora del pueblo, Ana Carolina Sánchez, entre otros funcionarios.
A medio día de ese sábado 21 de junio el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que seguían “las investigaciones por el homicidio de María del Pilar Hurtado” y que “aún no se ha determinado con total certeza el autor de este execrable hecho”. Esto luego de que Botero dijera a un periodista regional que el crimen había sido perpetrado por el ELN y fuera corregido por el consejero Barbosa que, en rueda de prensa, indicó que en Tierralta quienes operan son las AGC y los Caparrapos, principalmente. La gobernadora de Córdoba, por su parte, anunció la entrega de hasta $20 millones por información que permita dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del asesinato.
Lamentablemente, el encuentro de seguridad también terminó con nuevas amenazas y desplazamientos forzados:
“Nosotros denunciamos lo que pasó, incluyendo el video tan doloroso del hijo de María del Pilar que puso el tema en la ventana nacional. Eso obviamente levantó ampolla y lo primero que salió a decir el alcalde Otero es que María del Pilar Hurtado no era una líder. Nosotros demostramos que sí en el consejo de seguridad. Después, el alcalde me mencionó en su cuenta de Twitter y me dijo que buscaba enlodarlo en el asesinato de María del Pilar Hurtado. El sábado en la noche, después de ese cuestionamiento, me amenazan a mi celular en un mensaje de texto: “Guerrillero defensor, te vamos a dar donde mas te duele por sapo vallase dd aqui si no quiere que lo pelemos no no importa escolta (sic)””, cuenta Andrés Chica, de Cordoberxia.
La amenaza lo sacó desplazado junto con su familia de Tierralta. La Unidad Nacional de Protección le prestó ayuda. "Aunque protejamos la vida no nos sacarán del territorio, volveremos con toda la dignidad del caso", dijo. Su salida se suma a las más de 1.700 personas que se han desplazado este año por la violencia y los enfrentamientos armados en el Sur de Córdoba.