‘Martín Sombra’ confirma autoría de las Farc en masacre atribuida a los ‘paras’

Ely Mejía Mendoza, conocido en las Farc como Martín Sombra, actualmente está en libertad por vencimiento de términos y a la espera de juicio en el que espera demostrar su inocencia en el secuestro del ganadero de Caquetá Samuel Estupiñán, ocurrido en diciembre de 2017.

Foto: Sebastián Forero Rueda

“Por la masacre de San Carlos de Guaroa en este momento Martín Llanos está pagando una condena injusta, porque esa emboscada fue autoría de las Farc”. Con esas palabras, el exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada, en abril de este año, dio un vuelco a una investigación de más de dos décadas en la justicia ordinaria, que siempre apuntó a los paramilitares como los responsables de esta masacre cometida el 3 de octubre de 1997, exactamente hace 24 años, en ese municipio de Meta y en la que murieron 11 miembros de una comisión judicial. Colombia+20 de El Espectador obtuvo un nuevo testimonio que corroboraría esta versión y contradice una sentencia de una alta corte de la justicia colombiana.

Lozada reveló este hecho en medio de una rueda de prensa, en la que expuso las pruebas documentales de que las Farc fueron también las autoras del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Ese día mostró 11 mensajes extraídos de la correspondencia de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, que probarían la autoría de la exguerrilla en el crimen del dirigente conservador. El último de ellos, enviado por Marulanda al Mono Jojoy, del 6 de octubre de 1997, apenas tres días después de la masacre de San Carlos de Guaroa, decía:

“Sobre la acción de San Carlos de Guaroa, si todavía no hemos hecho ninguna clase de comunicado podemos permanecer q.a.p, mientras estudiamos la importancia del caso, porque en estos momentos es muy conveniente de que se rompan las relaciones Gobierno-paramilitares, ya que no cogieron cuerpo de delito nuestro. ¿Qué tal la propuesta? Parecido a lo de Gómez Hurtado”.

Ese mensaje es hasta ahora la única prueba de que habrían sido las Farc las perpetradoras de la masacre. Por eso, la versión no ha tenido credibilidad entre quienes conocen de cerca la investigación judicial, los sobrevivientes y los representantes de las víctimas, caso similar a lo que ha ocurrido con Gómez Hurtado. La desconfianza en este caso es aún mayor, pues existe sentencia de primera y segunda instancia, confirmada en casación por la Corte Suprema de Justicia, que condenó a 38 años de prisión a los jefes del grupo paramilitar los Buitragueños, es decir, Héctor Germán Buitrago, conocido como Martín Llanos; su hermano, Nelson Orlando, y su padre, Héctor José.

El 3 de octubre de 1997, una comisión judicial integrada por miembros del CTI de la Fiscalía, el DAS, la Procuraduría y el Gaula del Ejército salió de Villavicencio hacia el municipio de San Martín (Meta) para incautar una finca de propiedad de narcotraficantes. Cuando regresaba a la capital del departamento, luego de la diligencia judicial, fue emboscada por un grupo armado que la atacó.

Pero hay una nueva pista: el testimonio de Ely Mejía Mendoza, exjefe guerrillero de las Farc conocido como Martín Sombra. Lo último que se supo públicamente de Sombra fue en febrero de 2020, cuando fue capturado por las autoridades, señalado de participar en el secuestro del ganadero Samuel Estupiñán, en Caquetá, el 31 de diciembre de 2017. Hace semanas, recuperó su libertad por vencimiento de términos y ahora, en entrevista con este diario, confirma que la responsabilidad de la masacre de San Carlos de Guaroa recae en la otrora guerrilla.

Lea: Las Farc, no los paramilitares, serían los responsables de la masacre de San Carlos de Guaroa

Según Martín Sombra, la masacre nace de una orden operacional que él, el Mono Jojoy (entonces comandante del Bloque Oriental) y Manuel Marulanda impartieron en ese momento a un guerrillero del Frente 43 de las Farc, para que saliera hacia la zona de San Carlos de Guaroa a lo que ellos llamaban “orden público”, es decir, enfrentarse con el Ejército, para “foguear” a los hombres de sus filas.

El guerrillero, conocido como Marco Aurelio Buendía o Braulio, recibió la orden operacional del Mono Jojoy en el campamento de los Llanos del Yarí, al sur de La Macarena (Meta) y partió desde ese punto hacia el norte del departamento al mando de una tropa de alrededor de 120 hombres. Es importante que aclarar que Sombra fue históricamente cercano a Marulanda y, para la época, ya había creado varios frentes guerrilleros, organizado tomas y entrenado centenares de hombres en las filas, razón por la que estaba en ese campamento del Yarí y presenció ese momento.

En su recorrido, la tropa pasó por Puerto Lleras y se detuvo varios días en el campamento del Frente 43, en ese momento al mando de Géner García Molina, conocido como Jhon 40 (hoy en las disidencias), y el Negro Antonio (muerto en combate años después). “Esas eran áreas de nosotros. A Buendía lo tiramos para San Carlos de Guaroa para que hiciera la ‘escuela’, porque usted no puede ser comandante sin tener mentalidad agresiva”, dice Sombra. El grupo de guerrilleros que estaba en esa zona cumpliendo la orden operacional no tenía conocimiento de que la comisión judicial estaba en la región y haberse encontrado con ella ese 3 de octubre fue una coincidencia. De hecho, asegura, fue un error haber asesinado a funcionarios judiciales.

De acuerdo con la versión de Sombra, en ese enfrentamiento murieron, al menos, cinco guerrilleros que tenían mando en el Frente 43: el negro Berteín, Wilson Rincón, Mayerlis, Camilo y Carlos. Después del hecho, la decisión fue guardar silencio sobre la autoría de las Farc, para que fuera atribuida a los paramilitares, como lo dice el mensaje de Marulanda y como, en efecto, sucedió.

Lea también: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”: Carlos Antonio Lozada

La versión de Martín Sombra tendría pocas personas vivas que podrían corroborarla. Marulanda y el Mono Jojoy murieron; Marco Aurelio Buendía, que comandó la tropa ese día, fue asesinado en un combate con el Ejército en Cundinamarca, en 2003; Jhon 40 está en las disidencias de las Farc, y el Negro Antonio también falleció. A pesar de esto, Sombra entregó esta versión de la masacre ante los tribunales de Justicia y Paz, en el que fueron juzgados los paramilitares cuando se desmovilizaron.

Paradójicamente, otro testimonio que respaldaría la versión de las Farc sobre su responsabilidad en la masacre es de un antiguo enemigo de guerra: Manuel de Jesús Pirabán, conocido como Pirata, excomandante del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia. A su vez, Pirabán fue también enemigo de Martín Llanos y, de hecho, esos dos grupos paramilitares sostuvieron una cruenta guerra en Meta y Casanare. Según su versión, Llanos es inocente en el caso de la masacre de San Carlos de Guaroa.

Lea también: “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté”: exjefe paramilitar de los Llanos

En octubre de 1997, Pirabán lideraba las Autodefensas Campesinas Independientes de San Martín, un grupo autónomo que combatía a las Farc en la región y empezaba a hacer acciones conjuntas con los paramilitares que mandaron los Castaño de Urabá. Fue meses antes, en julio, cuando entre estos dos grupos paramilitares cometieron la masacre de Mapiripán, en la cual Pirata ha reconocido su responsabilidad.

Pirabán explica que cuando ocurrió el hecho, la primera reacción fue atribuírsela a los Buitragueños, pues eran quienes tenían la presencia consolidada en esa región. Sin embargo, apenas un mes después tuvo conocimiento de que la masacre en realidad podría haber sido responsabilidad de las Farc. A principios de noviembre, él y sus hombres detuvieron a dos guerrilleros de esa insurgencia, menores de edad, que hacían labores de inteligencia en el municipio de Fuente de Oro y los trasladaron a una finca de su propiedad. Allí, en medio de los interrogatorios habituales, afirmaron haber participado en esa masacre, como parte de las Farc. Además, aseguraron en ese momento que en el hecho había muerto el negro Berteín, como dice Martín Sombra.

Esos guerrilleros se quedaron trabajando para Pirabán, formando parte de su estructura e incluso uno de ellos se desmovilizó con él en 2006 y hoy está vivo. Igualmente, cuenta que en medio del proceso de Justicia y Paz coincidió con Sombra y allí él le habría relatado que la autoría de la masacre era de las Farc: “Él me dijo: ‘Esa masacre se la están echando a los Buitrago, pero fuimos nosotros’”.

En lo único en que no concuerda la versión de Pirában y la de Sombra es la razón de la presencia de la guerrilla en ese municipio. El exjefe paramilitar señala que el grupo insurgente salió ese día a darle un golpe a la estructura de los Buitragueños, porque tenía conocimiento de que iban a trasladar cocaína por ese corredor. Pero cuando estaban esperando el camión con la droga, quienes pasaron por allí fueron los miembros de la comisión judicial, después de incautar la finca. Los insurgentes no los estaban esperando ni tenían conocimiento de que la comisión estaba allí, pero fueron quienes terminaron cayendo en la emboscada.

Los sobrevivientes y víctimas de la masacre sostienen que en su momento la fiscal quinta de Justicia y Paz los buscó y les informó que Martin Sombra se había atribuido esa masacre en sus versiones libres ante esos tribunales. Sin embargo, esa investigación nunca prosperó y las víctimas que fueron llamadas no le dieron credibilidad a esa nueva versión.

Contra 24 años de investigación judicial

“Para mí es incomprensible la versión de las Farc porque en el proceso hay suficientes pruebas de la participación de los miembros de la estructura paramilitar de Martín Llanos”, asegura Eduardo Carreño, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que lleva el caso y conoce de cerca el expediente.

El sustento probatorio al que se refiere el abogado es resultado, principalmente, de lo que logró la misma comisión judicial ese día. Si bien el hecho que se conoció fue el combate en el que murieron los 11 miembros de la comisión, un par de horas antes de esa emboscada ocurrió un primer enfrentamiento que es clave en el proceso judicial. Ese 3 de octubre la comisión, integrada por miembros del CTI, el DAS y la Procuraduría, acompañada por el Gaula del Ejército, incautó la finca El Alcaraván, de propiedad de narcotraficantes. Cuando regresaba a Villavicencio fue atacada por hombres armados.

Los militares de la comisión respondieron y, como resultado del fuego cruzado, tres de los atacantes murieron y otros tres fueron capturados. Enseguida, los detenidos fueron interrogados e identificados como miembros de la estructura de los Buitragueños. Como quedó probado en el expediente, en ese momento los capturados advierten de una emboscada que más adelante ejecutaría el resto del grupo armado, mucho más numeroso.

Le recomendamos: Pastor Alape y “Martín Llanos” piden hablar juntos del conflicto armado ante la Comisión de la Verdad

Luis Fernando Sierra era en ese momento el jefe operativo del CTI en Villavicencio y era quien iba dirigiendo la comisión. “Ellos nos manifiestan que más adelante nos atacaría ese grupo armado e incluso uno de ellos nos dice ‘vayámonos ya porque ya viene el grueso de la gente, que está en una finca que queda muy cerca, vayámonos ya porque incluso hasta a nosotros también nos matan”, sostiene. “¿Y quién respalda eso? Lo respaldan las declaraciones de todos los sobrevivientes de la masacre que la Fiscalía posteriormente llamó, entre esos yo”, añade.

De los tres capturados, uno murió en el combate que ocurrió después, el de la masacre, pero los otros dos rindieron su declaración ante la Fiscalía, confirmaron su pertenencia a los Buitragueños y dieron a conocer todo el organigrama de la estructura. Con base en esos testimonios, las declaraciones de todos los sobrevivientes y los documentos de inteligencia sobre ese grupo paramilitar en la zona, el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá condenó, el 18 de octubre de 2002, a los tres Buitrago a 38 años de prisión por esa masacre. Luego, el 9 de agosto de 2004, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena. Y, por si fuera poco, el 16 de mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia confirmó en casación la pena a los jefes paramilitares.

“Lo de las Farc no tiene ni pies ni cabeza, eso es hasta risible”, dice Sierra, quien además de ser sobreviviente de la masacre, les ha seguido la pista a los expedientes de las masacres cometidas por los paramilitares en 1997, en Meta, con connivencia del Ejército. Por su parte, el abogado Carreño desconfía del origen de los mensajes de Marulanda. “Creo que el diario de Marulanda no existe. A mí pruébenme la autenticidad del diario. Y pruébenme que sí era de Marulanda, porque si el diario lo elabora la inteligencia de las Fuerzas Militares, eso es otra cosa”. Sin embargo, señala que si las Farc se atribuyen el delito, deben explicarlo en detalle: “¿Cuál frente lo hizo? ¿Quiénes eran los integrantes? ¿Quiénes están vivos hoy que ratifiquen eso? ¿De dónde salieron y qué recorrido hicieron?”.

El problema es que ni la dirigencia de la antigua guerrilla parece tener las respuestas a esas preguntas, según consultó Colombia+20. Pastor Alape, antiguo jefe de las Farc que ya se ha comunicado con el exjefe paramilitar Martín Llanos en aras del esclarecimiento de hechos de la guerra, afirma que fueron las Farc las responsables de la masacre. Sin embargo, dice que hasta este momento no han logrado conseguir la información suficiente para atribuírsela en propiedad: “Nosotros no hemos podido encontrar personas que concretamente conozcan bien ese hecho, estamos en ese proceso. Pero de lo que tenemos conocimiento es que fue ejecutado por nosotros. Sabemos que no podemos llegar y decir ‘hicimos esto’, porque eso hay que ratificarlo en la JEP. Por eso somos claros en que hay que documentar lo mejor posible el caso”.

La otra responsabilidad

En los 24 años de investigación judicial, las víctimas han exigido también que se esclarezca la responsabilidad que ese día tuvieron las directivas de la séptima brigada del Ejército, con sede en Villavicencio, cuyo comandante era el general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez. El 19 de noviembre de 1999, el oficial fue destituido de las Fuerzas Militares por la Procuraduría.

La decisión del órgano de control se basó en que hubo reiteradas e insistentes peticiones de apoyo después del primer combate por parte de los miembros de la comisión al comandante de la brigada. Incluso se corroboró que hubo otros funcionarios en Villavicencio que fueron a pedir auxilio para la comisión. Pero la respuesta del general fue negligente. De hecho, salió junto con el comandante de la división, el mayor general Agustín Ardila Uribe, hacia San Vicente del Caguán, para una diligencia que no era urgente, aun teniendo conocimiento de la situación. El general fue llamado a indagatoria por la Fiscalía, aunque hasta hoy la investigación en su contra no ha avanzado.

Lea también: Por segunda vez, la JEP le dice al general (r) Uscátegui que no revisará su sentencia

La hipótesis de la defensa siempre ha sido que entre el comandante de la brigada y los paramilitares del Meta había contubernio. El general Uscátegui fue condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán, cometida tres meses antes de la de San Carlos de Guaroa, por los paramilitares. De haber sido las Farc las autoras de la masacre, dice la defensa de las víctimas, sería aún peor para el general Uscátegui que permitió un golpe de ese calado a manos de la insurgencia, pese a los llamados de auxilio de las víctimas antes de la tragedia.