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5 Aug 2022 - 8:07 p. m.

La Alta Montaña de los Montes de María: termómetro para la justicia transicional

Para las comunidades de esta región, la apertura del macrocaso 08 de la JEP supone una última esperanza frente casos de montajes judiciales y persecución contra el movimiento social.

Héctor León Hernández Flórez

Las comunidades montemarianas, en Sucre y Bolívar, han exigido que se les den garantías de paz y seguridad (foto de referencia).
Las comunidades montemarianas, en Sucre y Bolívar, han exigido que se les den garantías de paz y seguridad (foto de referencia).
Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado

El caso de los montajes judiciales o judicializaciones como instrumento de persecución contra el movimiento social de la zona alta de la montaña en los Montes de María continúa siendo uno de los mejores termómetros medidores de la justicia de transición en esta emblemática subregión del Caribe occidental y el país. Y emblemática no solo en cuanto al horror y los crímenes atroces cometidos en este territorio, también en cuanto a las arraigadas resistencias históricas que le han hecho frente a dichas violencias.

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En la experiencia de la comunidad étnico-campesina de los Montes de María, específicamente del proceso social de la Alta María, más conocida como Alta Montaña, el comienzo del siglo XXI sobrevino con distintas movilizaciones y disturbios internos que de cierta manera cohesionaron a la comunidad en una lucha común: llamar la atención del Estado ante el abandono histórico.

Con ello, se reintegró el movimiento social disperso por motivo de la macrocriminalidad y extrema violencia para la época. Esta fue la oportunidad para que los antiguos líderes de las luchas campesinas se reencontraran con los liderazgos juveniles con vocación social y amor por su comunidad.

Al tiempo, la militarización del territorio, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de relativa paz y el exterminio de la guerrilla de las Farc traería consigo otro blanco militar: el renaciente movimiento social montemariano, doctrina conocida como “quitarle el agua al pez”, en este caso, quitándole oxígeno al movimiento social.

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De estas juventudes florecieron liderazgos como el de Jorge Luis Montes Hernández, quien ha dedicado toda una vida a la comunidad altimontañera, la resolución de conflictos cotidianos, también como docente rural, promotor de salud, conductor de camión, entre otros, trabajo social que le pondría una cruz sobre su frente en una zona donde la fuerza pública en conjunto con redes de cooperantes entre la población civil buscaba a como diera lugar al “enemigo interno”, es decir, a los presuntos milicianos y colaboradores de las guerrillas.

El joven Montes, líder carismático en quienes sus predecesores confían, fue implicado en una incursión armada cometida el 1 de agosto del 2000 por el Frente 37 de las Farc en el emblemático corregimiento de Macayepo, parte de la zona de Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, en la subregión montemariana.

Equiparando la protesta social al delito de rebelión, por conexidad, la justicia ordinaria declaró su participación en crímenes como homicidio en persona protegida, secuestro, desplazamiento masivo cometidos por miembros de este grupo armado.

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Para el año 2013, cuando el movimiento social montemariano se encontraba en su mejor momento, mientras avanzaba en la exigencia de derechos a la reparación integral, el retorno y desarrollo para la región, Jorge Luis Montes fue detenido.

Luego de movilizar más de 1.200 campesinos a la ciudad de Cartagena, junto con autoridades locales y entidades como la Unidad para las Víctimas, el joven líder que durante más de dos décadas desempeñó un rol fundamental de cohesión social dentro de su comunidad, fue procesado y condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena en 2018, por la incursión armada en la que se endilga su responsabilidad.

Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en los mal llamados falsos positivos judiciales, o montajes judiciales, judicializaciones y otros actos de persecución, las víctimas de estas prácticas no han sido integrantes de las organizaciones guerrilleras, sino civiles, muchos de estos participando activamente en la denuncia o la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas.

Explica el colectivo de asistencia socio jurídica que los montajes judiciales han obstaculizado el trabajo de dichos defensores y, a la vez, han sido utilizados para criminalizar y deslegitimar el trabajo en defensa de los derechos de las víctimas y los procesos organizativos tanto en zonas rurales como urbanas.

Luego de movilizar más de 1.200 campesinos a la ciudad de Cartagena, el joven líder que durante más de dos décadas desempeñó un rol fundamental de cohesión social dentro de su comunidad, fue procesado y condenado

Bajo un aparente manto legal, este ataque contra Jorge tuvo consecuencias principalmente a nivel colectivo, buscando debilitar la fortaleza del proceso social de campesinos víctimas, población juvenil y de mujeres agrupada en dicho movimiento.

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Ya en 2007, vísperas a posesionarse como concejal municipal de El Carmen de Bolívar y con posterioridad a la gran Visita Humanitaria de 2006 propiciada por Montes y la comunidad de la Alta Montaña, el líder había sido detenido por más de un año antes de archivarse su proceso, aunque solo temporalmente. En dicha visita se denunciaron hechos de violencia por parte de la fuerza pública ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos con ocasión a los controles ilegales, confinamientos, humillaciones y ataques contra la dignidad, limitaciones a la movilidad y estigmatizaciones,

De hecho, según el expediente, se ratifica lo denunciado en su momento por el ex Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, quien se refirió en medios como la Revista Semana y Equipo Nizkor sobre el caso de Jorge: “Se fundamenta en algunos testimonios de desmovilizados de las Farc y dos campesinos desplazados, quienes no refirieron detalles sobre su participación directa en los homicidios, limitándose a señalamientos genéricos de pertenencia al grupo alzado en armas”.

Precisamente, el patrón de conducta de este tipo de persecuciones, según explica el Cajar, se destaca por sus irregularidades, el papel clave de supuestos desmovilizados de las organizaciones guerrilleras, la recolección ilegal de información por parte del extinto DAS y otros organismos de inteligencia y la fabricación de informes de inteligencia dentro de instalaciones militares que luego son usados por las fiscalías para la apertura de los procesos.

Sumado a esto aparece la utilización redes de cooperantes dentro de la sociedad civil con el fin de reforzar la estigmatización y ruptura del tejido social. A nivel nacional, los máximos dirigentes como el expresidente Álvaro Uribe y los medios de comunicación tradicionales también aportaron de manera coordinada con lo suyo: la estigmatización de las comunidades rurales como la Alta Montaña y los Montes de María y la publicación de noticias parciales sin rigor investigativo.

La esperanza del caso ante la JEP

Fueron múltiples las detenciones arbitrarias y judicializaciones contra líderes y lideresas de la Alta Montaña, siendo los hechos máximos de violencia los dos montajes judiciales contra su líder emblemático Jorge Montes (2007 y 2013), llevándolo hasta su condena en la jurisdicción ordinaria (Juzgado Primero del Circuito Especializado de Cartagena y el Tribunal Superior de Cartagena - Sala Penal) causando daños a la comunidad en su totalidad.

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Varios de estos hechos se encuentran reconocidos y reconstruidos en el formidable trabajo de reconstrucción de memoria histórica realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Proceso Pacífico de Alta Montaña, publicado en 2018 y titulado “Un Bosque de Memoria Viva: desde la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar”.

Mientras tanto, los campesinos de la Alta Montaña montemariana esperan justicia por parte del tribunal de reconciliación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como última instancia; pues la JEP se encuentra en labores priorización de nuevos macrocasos en donde se perfila su participación dentro del “Caso 08: sobre crímenes de miembros de la Fuerza Pública en alianza con los paramilitares”, en el cual se prevé la acreditación de víctimas bajo el caso sombrilla que cobija los graves crímenes cometidos por este actor armado, aunado al criterio territorial que pretende incluir subcasos de subregiones como Montes de María, el Ariari y el Magdalena Medio.

El caso de Jorge Luis Montes sigue siendo complejo debido a su ingreso en la JEP. Primero se da a través de la Sala de Amnistía e Indulto como “excombatiente”, posteriormente, su caso fue remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que reconoció su calidad de líder social y defensor de derechos humanos declarándolo “tercero civil no combatiente”. Mientras que, por su parte, la comunidad de Alta Montaña junto con el líder Jorge Montes presentaron su caso el pasado 21 de marzo de 2022 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas mediante el informe titulado “No solo los mataban, también metían presos a los líderes y los judicializaban”: persecución institucional contra los líderes del Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la zona de Alta Montaña del Carmen de Bolívar en los Montes de María

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Adicionalmente, presentaron el informe oral que hace parte integrante del informe en su totalidad, el pasado 25 de julio, en las instalaciones del Centro de Formación de Cooperación Española, quienes apoyan y facilitan la presentación del informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz

El actual momento histórico, tanto para la JEP como para la comunidad montemariana, se presenta como la última oportunidad para la reivindicación de la confianza comunitaria en la administración de justicia, la transición institucional y la verdad plena, al menos en instancias de jurisdicción nacionales, teniendo en cuenta el carácter emblemático del caso, por ser parte de una política sistemática y generalizada contra la población civil que padecieron miles de líderes sociales en todo el país a través de persecuciones que se agudizaron desde el año 2000 con repetidas revictimizaciones y casos irresueltos como el de marras.

De igual manera, al presentarse una acusación contra Montes en una Sala y por otra parte, la exigencia de verdad plena por parte de este líder y su comunidad ante otra Sala, se confirma la complejidad del caso de Montes y la Alta Montaña como un hito para el esclarecimiento y la no repetición, habida cuenta que en la subregión montemariana se llevan a cabo procesos de transición y reconciliación, tanto a nivel comunitario como regional, que anteceden la apuesta de justicia transicional prevista desde la ciudad de Bogotá en desarrollo del Acuerdo del Paz del Teatro Colón.

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Los crímenes atroces cometidos contra la Alta Montaña, entre estos, las persecuciones, son de trascendencia para la comunidad internacional. Por esta razón, si la jurisdicción de paz a nivel nacional no contribuye con el esclarecimiento de este caso considerado emblemático para las comunidades montemarianas y el Caribe, eventualmente se activaría el sistema penal internacional del Estatuto de Roma y el control de convencionalidad que salvaguarda el sistema interamericano de derechos humanos a nivel regional.

Dicho sea de paso, la comunidad de Alta Montaña no espera ser un macrocaso pero al menos sí considera la posibilidad de ser parte de uno de ellos, más aun si se piensa en un subcaso territorial donde se incluyan distintos hechos victimizantes y bajo un criterio complejo de acumulación y agrupación con informes de temáticas similares presentados por organizaciones como Dejusticia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Cajar, entre otros.

Como se dijo, el repertorio de violencias graves para casos de persecución es amplio. Por esta y otras razones, el Sistema Integral para la Paz tiene la oportunidad para retornar la confianza institucional, se brinde esclarecimiento de la verdad regional y nacional, tanto como, recomendaciones para políticas públicas en materia de prevención de persecuciones en Colombia con fines de no repetición.

Además de ello, sería un buen ejemplo para las Fuerzas Militares y de Policía, que constantemente repiten estos hechos contra la población civil movilizada como en el actual estallido social (aun cuando la JEP no tenga competencia, sí puede sentar un precedente y dar ejemplo de no impunidad con casos dentro de su competencia).

En suma, las persecuciones contra el movimiento social montemariano hacen parte de una política sistemática y generalizada a nivel nacional, que se agudizó entre el 2000 hasta la actualidad, sin embargo, la limitante temporal de la JEP permitiría investigar solo hasta 2016, periodo suficiente para examinar y por ende, soñar con los primeros pasos mínimos para la no repetición de los crímenes.

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Con urgencia, las comunidades exigen la no repetición y el restablecimiento de la confianza en la administración de justicia, tanto transicional como ordinaria. Por último, pero no menos importante, se espera a su vez la dignificación de las ciencias jurídicas, de la abogacía o el derecho, reconociendo que a través del uso del derecho y las leyes como arma de guerra se han perpetrado graves crímenes como el de persecución.

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