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La entrevista estaba pactada para las 6:40 de la mañana del pasado viernes en la Escuela de Caballería. La idea era hablar sobre la actitud de la institución castrense frente al sistema integral de justicia transicional. La excusa eran dos noticias polémicas: una directiva que habla de crear un relato unificado del Ejército ante la Comisión de la Verdad y una ley de veteranos que asigna un espacio para los héroes de las fuerzas militares en el Museo Nacional de la Memoria. Un capítulo más de esa batalla por la verdad y la memoria que se desató después de la firma del Acuerdo Final con las Farc. El general Nicacio Martínez llegó muy puntual, pero pidió responder el cuestionario por escrito, con el compromiso de contestar luego unas contrapreguntas por teléfono.
A pesar de múltiples intentos, eso no ocurrió. Sin embargo, Colombia2020 decide publicarla por considerar que a pesar de que no existió la oportunidad de controvertir las respuestas, hay argumentos de interés público sobre lo que piensan los militares frente al espinoso tema de la verdad de lo que ocurrió en el conflicto.
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¿De qué se trata su directriz sobre la verdad institucional de las fuerzas militares?
El Ejército se toma en serio a la Comisión de la Verdad. Por eso trabaja y crea mecanismos necesarios para entregar información de manera organizada que aporte a la verdad. La directriz está contenida en el Plan 2811 del 13 de marzo de 2019, tiene su génesis en el Plan de 2 de noviembre de 2018, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares. Las directrices del Comando General deben ser desarrolladas por cada fuerza para que se ejecuten; por esa razón se expide el Plan 2811. Su objetivo es atender la obligación de las entidades del Estado de contribuir a la construcción de verdad sobre lo ocurrido entre 1953 y 2016, desde la perspectiva de las Fuerzas Militares.
¿Cómo incide esa directriz en las versiones voluntarias de los militares que comparecen ante la JEP?
La entidad destinataria de la información de la que estamos hablando es la Comisión de la Verdad. La destinataria de las versiones de los comparecientes es la JEP y son individuales, pero este aspecto no es objeto de los planes. Si se tiene esto claro, se desvanece el equívoco. De ninguna manera se pretende incidir con esta directriz en el relato individual y voluntario de algún compareciente a la JEP. Las versiones que rindan nacen de su compromiso individual con la verdad y en ello debo ser absolutamente radical: no hay ningún interés en coordinar relatos. Con este Plan, el interés es entregar un informe como institución legítima del Estado que hace doscientos años se ocupa de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional.
¿No cree que eso puede ir en contravía de la verdad que buscan las víctimas y la justicia transicional? ¿Por qué se tomó esta decisión?
Al contrario, nuestras informaciones y narrativa aportan a la verdad. Presentar nuestro punto de vista no solo es legítimo sino obligatorio. Lamento que el término narrativa hubiere sido interpretado como libreto o coordinación cuando su definición estricta se refiere a “la habilidad en narrar o contar algo”; es ello lo que se pretende desde la institución, presentar lo que se considera la verdad de lo ocurrido en el conflicto, las responsabilidades que pudieren tener algunos de nuestros miembros y la victimización que otros tantos militares sufrieron en el conflicto.
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¿Cuáles son los principales argumentos que componen esa verdad institucional? ¿Podría darnos algunos ejemplos?
La afectación a los militares como seres humanos, como víctimas. Esta será una línea de argumentación que permitirá entregar un producto final estructurado dirigido a relatar la verdad desde las perspectiva de las Fuerzas Militares.
¿Cómo manejar una verdad institucional cuando los comparecientes están retirados de la institución?
Reitero que existe independencia entre lo que la institución cuente en la narrativa y lo que cada uno de los comparecientes diga a la JEP. Este aporte individual lo hace cada persona que haya manifestado su sometimiento a la Jurisdicción, cada militar víctima que haya solicitado a la JEP o a la CEV su reconocimiento como tal y en cada caso depende de lo que cada uno haya vivido, sentido y pensado. En últimas, no se puede construir verdad y memoria sin tener en cuenta a quienes participaron ya sea directa o indirectamente en el conflicto.
¿Esa verdad institucional incluye la aceptación de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante más de 50 años de conflicto?
Esa verdad institucional será valorada, contrastada y calificada por los organismos judiciales y extrajudiciales del Sistema Integral de Verdad, con participación de víctimas y comparecientes. Será al final de este ejercicio que se conocerán los informes respectivos.
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La directora de la Unidad de Búsqueda dice que se cortó la comunicación con ustedes para que la institución aporte información sobre personas que fueron desaparecidas por ustedes durante el conflicto, ¿qué pasó allí?
Atendemos los requerimientos que hacen las autoridades. No conozco las razones de esta afirmación. Hemos designado a un oficial de enlace con la Unidad de Búsqueda para facilitar nuestro apoyo institucional. Con los funcionarios delegados hemos llevado a cabo acciones de coordinación, información, planeación y localización en las direcciones territoriales de la Unidad.
¿La institución ha aportado información sobre ubicación de personas que fueron desaparecidas por acción de las Fuerzas Armadas?
No tenemos esa información. La institución viene haciendo pedagogía para que quienes van al sistema integral, aporten a la verdad plena sobre ese y otros temas.
¿Ustedes están aportando información para la búsqueda de integrantes de fuerzas militares que desaparecieron durante el conflicto?
Por supuesto, en nuestro interés de construir verdad, necesariamente debemos procurar la dignificación y visibilización de aquellas personas que siendo soldados han sido víctimas. Por ello, el 30 de noviembre pasado aportamos nuestro primer insumo para contribuir a la ubicación de militares desaparecidos a través de un informe a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. En este informe se documentan 113 casos de militares dados por desaparecidos y 325 casos de secuestro, así como las graves afectaciones a su vida, integridad y dignidad humana.
¿Cómo atenderán los casos de personas desaparecidas en cementerios, donde los militares dejaron cientos de cuerpos de excombatientes y civiles, como ocurrió en La Macarena, Meta?
Los atenderemos en el modo, tiempo y lugar que las autoridades determinen. Hasta ahora no hemos recibido requerimiento sobre el tema.
¿Qué piensa del artículo 9 de la Ley de Veteranos, que habla de disponer de un espacio en el Museo de Memoria para exaltar las acciones de las fuerzas militares?, ¿qué tuvieron que ver ustedes en la redacción de esa ley?
Escribir en nuestra historia las acciones valientes y de sacrificio de los hombres y mujeres que entregaron su vida por la patria es apenas razonable. Cómo no honrar al único servidor público cuya razón existencial, en palabras de la Corte Constitucional, está dada para defender la Constitución. La redacción fue del Congreso de la República elegido por la ciudadanía.
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¿Cómo manejar esta exaltación cuando hay militares procesados por violaciones a los derechos humanos?
La ley exalta acciones nobles, valerosas para hacer valer la Constitución, la ley y la democracia y para proteger la vida, la honra, los bienes, las creencias y los demás derechos y libertades de sus conciudadanos. Es apenas obvio que quienes han sido condenados o sancionados por la comisión de delitos o faltas disciplinarias no podrán estar en este sitio de honor.
El artículo 25 de esa misma Ley prevé que perderán los beneficios quienes hayan sido condenados por actos ajenos al servicio. ¿Podrían acceder a estos beneficios quienes estén investigados, por ejemplo, por falsos positivos? ¿Cuáles son los actos ajenos al servicio?
Es tan clara y transparente la ley, que establece las causales para perder los beneficios. No podrán bajo ninguna circunstancia acceder quienes se apartaron de la Constitución y la ley que debían proteger, sea cual fuera la denominación de la conducta cometida.
¿Le están dando algún tipo de seguridad a los militares que están declarando en la JEP que han sido amenazados?
La autoridad competente para valorar el nivel de riesgo y determinar quién debe procurar su protección, es en este caso la JEP. El Ejército ha recibido una solicitud de prestar seguridad y protección a un compareciente. Esa solicitud está siendo atendida conforme a los protocolos con la reserva que el caso demanda.
Militares y exparamilitares que han comparecido ante la JEP insisten en que oficiales activos están detrás de las amenazas contra ellos y sus familias. ¿Qué decir al respecto?
El Comando del Ejército tuvo conocimiento de estas denuncias a través de la prensa. De manera inmediata solicitamos a la Fiscalía General dar inicio a las acciones penales que correspondieran, acciones que entiendo ya fueron iniciadas y cursa actualmente una indagación.
Cada semana se expone un nuevo caso de corrupción dentro de la institución, ¿se debe a que hay más casos de corrupción o a que ahora sí se denuncian?
Cada caso denunciado ante el Ejército Nacional surte el trámite que la ley señala; es decir, inicio de investigaciones disciplinarias y se informa a la autoridad penal.
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Se dice que esta racha de denuncias contra las Fuerzas Militares hace parte de una guerra de poderes en el interior de la institución, ¿quién o quiénes estarían detrás de estas denuncias?
Me niego a creer en esa afirmación, como soldados hemos sido formados en principios y valores. Reitero que en cada caso concreto que ha sido denunciado serán las autoridades competentes las que al final de sus acciones de investigación determinen qué ocurrió en cada caso.
¿Qué harán para recuperar su popularidad y credibilidad?
Constitucionalmente hemos recibido el mandato de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, no de ser populares. Nuestra credibilidad radica en la legitimidad de nuestras acciones.
La legitimidad se pierde con cada denuncia sobre manejo de recursos de la gasolina, de las provisiones, de los gastos reservados, de contratos, de los permisos para portar armas. ¿Qué solución de fondo habría para este problema?
La corrupción es detestable. Una de las herramientas más eficaces es la denuncia correcta y oportuna. El Ejército está contribuyendo para que estos hechos sean investigados.
¿Qué tiene que decir sobre el caso de su sobrino Cesar Augusto Martínez?
Mi posición como servidor público debe primar sobre la afinidad familiar. Es un caso denunciado ante las autoridades, quienes se encargarán de determinar si existe o no responsabilidad. Si fuere hallado responsable tendrá que asumir. Es mi deber informar que en este caso, como en cualquier caso, se presta toda la colaboración a la Fiscalía para que adelante con éxito la investigación. Se han dirigido las acciones para capturar a los responsables de este delito como efectivamente ha ocurrido e informado a la opinión pública, desde quienes participaron en facilitar la salida de un vehículo oficial sin los controles requeridos, hasta quienes ejecutaron la acción criminal.