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Llegamos al décimo episodio de ‘Onda Pacífica’, una serie de programas radiales entre Colombia +20 de El Espectador y la red de emisoras de paz de la Radio Nacional de Colombia. Esta vez desde Fonseca (sur de La Guajira), contaremos las historias de reconociliación a seis años de la firma del Acuerdo de Paz, pero también de aquellas luchas comunitarias que algunos campesinos siguen librando por mantener sus territorios libres de intervenciones mineras.
Esta región, bordeada por la Sierra Nevada de Santa Marta y por la Serranía del Perijá, fue crudamente afectada por las Autodefensas bajo el mando de Rodrigo Tovar, conocido en la guerra como “Jorge 40″. Uno de los hechos que más impactaron la comunidad fue la masacre de Palomino, ocurrida el 6 de septiembre de 1999 cuando las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira entraron al corregimiento de Palomino en el municipio de Dibulla, donde asesinaron a cinco personas luego de haberlas sacado de sus viviendas. En la memoria de los guajiros también está la masacre de Bahía Portete, ocurrida en abril del 2004 y en la que asesinaron a 12 personas.
La Guajira no olvida. Pero sí es ejemplo de perdón y reconciliación. En el corregimiento de Pondores, a una media hora desde el casco urbano de Fonseca encontramos las historias de los excombatientes de las Farc que a seis años de la firma del Acuerdo de Paz hacen un balance sobre los cumplimientos y los pendientes, pero sobre todo advierten sobre los riesgos a la seguridad que viven en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación.
También viajamos hasta el corregimiento de Cañaverales, del municipio de San Juan del Cesar, donde el consejo comunitario afro de la zona lleva 13 años oponiéndose a que la minería de carbón llegue a su territorio. El próximo 26 de noviembre habrá una audiencia pública del Senado para la actualización de la política minera en Colombia en ese corregimiento: solicitarán la creación un código minero que tenga en cuenta y respete los derechos de la ciudadanía en zonas de afectaciones mineras.
Siga aquí la emisión en vivo:
La lucha de los excombatientes por vivir en paz
Edier Fabián Romero, de 22 años, habla sobre los excombatientes de las Farc como si perteneciera a ellos. Ha sobrevivido al desplazamiento forzado, al desarraigo de su país y a las persecuciones de los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas que impartieron terror en la época mas dura de la violencia en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
Gracias al Acuerdo de Paz firmado hace seis años en el Teatro Colón, Romero logró volver hasta La Guajira, de donde es oriundo, para reencontrarse con su tío, un exguerrillero que dejó las armas en 2017 para comenzar su retorno a la vida civil. Desde 2018, cuando los espacios territoriales eran zonas veredales, el joven de 22 años llegó hasta Pondores para comenzar una nueva vida y aprovechar las oportunidades académicas que los excombatientes tenían: se graduó de bachillerato y ahora hace parte de los escoltas del esquema colectivo de ese ETCR.
Aunque los procesos productivos de esta zona han sido exitosos por la autogestión de los exguerrilleros, los riesgos de seguridad están latentes. El 23 de julio de este año el Ejército hizo un allanamiento en una zona donde las mujeres en reincorporación tienen un proyecto productivo llamado Dama Verde, dedicado a la comercialización de plantas ornamentales, frutales y aromáticas, además de ganadería. Betsabé Molero, una de las lideresas, asegura que ”desde aquel incidente no hemos tenido la misma asistencia de antes. Las mujeres dejaron de ir por miedo a ser asesinadas en el camino”.
En Cañaverales se oponen a la minería en su manantial
En el corregimiento de Cañaverales, municipio de San Juan del Cesar, el consejo comunitario afro lleva desde 2009 oponiéndose a la minería de carbón en su territorio. Óscar Gámez, el presidente de la Junta de Acción Comunal, asegura que el Ministerio del Interior no ha cumplido con la exigencia de realizar una consulta previa en el territorio frente a este proyecto y asegura que el 98 % de la población de esta zona se opone al megaproyecto. “Ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en Cerrejón. Nadie nos va asegurar que nuestro territorio va seguir así. Nos van a desplazar”.
Este sábado 26 de noviembre el Congreso de la República realizará una audiencia pública en el corregimiento para solicitar la creación un código minero que los tenga en cuenta, los escuche y proteja sus territorios. La compañía con la que están en disputa se llama Best Coal Company, una multinacional turca que actualmente tiene una licencia ambiental para explotar ese territorio por 10 años.