Colombia + 20

16 Oct 2022 - 2:00 a. m.

Operación Orión en comuna 13 de Medellín: 20 años de impunidad y falta de verdad

El 16 y 17 de octubre del 2002, cientos de personas de la Comuna 13 en Medellín fueron víctimas de desaparición, homicidio y privadas de su libertad. Esta operación fue la incursión militar urbana más grande de Colombia.
Silvia Corredor Rodríguez

Silvia Corredor Rodríguez

Redactora Colombia +20
Saldo de la Operación Orión: más de 100 personas privadas de la libertad, 43 civiles heridos, dos asesinados y cientos de desaparecidos. / AFP
Saldo de la Operación Orión: más de 100 personas privadas de la libertad, 43 civiles heridos, dos asesinados y cientos de desaparecidos. / AFP
Foto: AFP - RODRIGO ARANGUA

Han pasado veinte años desde la madrugada del 16 de octubre de 2002, cuando cerca de mil hombres entre militares, policías, agentes de inteligencia, el Ejército, el Gaula de Medellín, el CTI, el DAS e integrantes del bloque paramilitar Cacique Nutibara se tomaron siete de los 23 barrios de la Comuna 13: Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias, Villa Laura y Nuevos Conquistadores.

Por tierra con tanquetas y carros blindados, y desde el aire con helicópteros artillados, la Fuerza Pública confinó a los habitantes de estos barrios, prohibieron la entrada y salida de personas, incluso de medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos. Así mantuvieron controlada la zona para alcanzar el objetivo de la operación: encontrar y expulsar a las milicias urbanas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap) que presuntamente estaban en la comuna.

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La Operación Orión fue el primer operativo militar que se realizó después de la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia y tras la puesta en marcha de su política de seguridad democrática, con la que se buscaba combatir a grupos insurgentes del país, aunque el saldó mostró que la principal afectada fue la población civil.

Además, es considerada la incursión militar urbana más grande de Colombia. Estuvo encabezada por el general Mario Montoya Uribe, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, hoy señalado por corrupción, vínculos con el paramilitarismo y por ser el presunto responsable de la muerte de más de cien personas en la modalidad de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, caso por el que se ha presentado de forma voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Orión se presentó como el inicio de la política de seguridad democrática del entonces presidente Uribe. Fue un cúmulo de violaciones de derechos humanos, no solamente desapariciones, y el posicionamiento de un bloque paramilitar”, explicó a Colombia+20 Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, una ONG de derechos humanos que ha acompañado a la Comuna 13 desde finales de los años 90.

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Desplazamientos, estigmatizaciones y señalamientos fueron otras de las violencias que vivieron los habitantes de la Comuna 13 durante los operativos militares y después. Además, Orión dejó más de cien personas privadas de la libertad, 43 civiles heridos, dos asesinados y cientos de desaparecidos, aunque, según las organizaciones, el saldo podría ser mayor.

La resistencia de las organizaciones

Margarita Restrepo es una lideresa que fue blanco de amenazas y desplazamientos por su liderazgo social. Su hija Carol Vanessa, cuyo paradero aún se desconoce, desapareció durante la Operación Orión. “Yo desempeñaba labores en el barrio como lideresa y eso generó que me señalaran como guerrillera. En el 2002 fui objetivo militar para el Ejército y tuve que desplazarme cuatro veces. Este año se cumplen veinte años de las operaciones militares, veinte años de dolor, injusticia, tristeza e impunidad”, expresó la lideresa.

Durante estos veinte años se han consolidado más de 18 organizaciones de derechos humanos conformadas por jóvenes, víctimas, activistas, abogados y sobrevivientes de las operaciones militares de la Comuna 13 para buscar verdad, justicia y reparación. Año tras año conmemoran y alzan sus voces para que realmente se investigue lo que pasó con sus familiares y se asuman responsabilidades.

“Los casos siguen impunes, los responsables nunca van a decir la verdad. Es seguir peleando contra ellos. Son veinte años, pero los responsables siguen gobernando, negando lo que pasó y no acogiéndose a la justicia”, afirmó Alejandra Balvin, vocera de desaparición del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, integrado por madres y familiares de víctimas de esos operativos.

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La Corporación Jurídica Libertad ha interpuesto acciones en la justicia ordinaria, en los sistemas transicionales de Justicia y Paz, y ante el Sistema Integral para la Paz, para que estos casos no queden impunes. Sin embargo, aún no hay muchos avances.

Algunos procesos que llevan de la Operación Orión son por los homicidios de Elkin de Jesús Ramírez y Diego Alexánder Salazar y la búsqueda de Danny Ferney Quiroz Benítez, Blanca Lilia Ruiz Marín, Edwin Antonio Salazar Granada, Jhon Fredy Sánchez Castrillón, Sandra Liliana Ortiz y otros cientos de desaparecidos.

Para las organizaciones que llevan dos décadas en esta lucha, el mejor homenaje que pueden recibir las víctimas es el compromiso de esclarecer los crímenes y contrarrestar la impunidad. “Las víctimas esperan que sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la búsqueda de sus familiares desaparecidos sean finalmente reconocidos y se supere la política negacionista y revictimizante que han afrontado en estas dos décadas”, expresaron en un comunicado que suscribieron bajo la campaña “La 13, 20 años reinsistiendo”, creada en mayo de este año para hacer memoria de las víctimas y reivindicar el derecho a la verdad de sus familiares.

Justamente el viernes pasado, en nombre de las víctimas, se llevó a cabo un acto de conmemoración llamado “Orión nunca más”, que contó con un acto simbólico protagonizado por Mujeres Caminando por la Verdad. Algunas de las ellas se pusieron alrededor de una mandala y compartieron palabras sobre la memoria y la resistencia de las familias.

Los paramilitares aumentaron las desapariciones

Tras la operación, el bloque Cacique Nutibara se instaló en la Comuna 13 para continuar con su accionar urbano y dominar el narcotráfico y los negocios ilegales de Medellín. Este bloque paramilitar fue creado en el 2000 con delincuentes que hacían parte de las estructuras del cartel de Medellín y se convirtió en el único bloque urbano de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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Según la Corporación Jurídica Libertad en su informe “Comuna 13-20 años resistiendo al modelo paraestatal”, entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de este año, la llegada del bloque Cacique Nutibara redujo el número de homicidios, pero aumentó el de desapariciones forzadas en el territorio. Esta organización de derechos humanos ha documentado más de 400 casos de desaparición forzada en la Comuna 13 entre 2002 y 2003.

Este grupo paramilitar solo estuvo un año en Comuna 13 porque se desmovilizaron en noviembre de 2003, en el marco de Justicia y Paz, pero se presume que fueron los autores de cientos de desapariciones de personas que aún no han sido encontradas.

Algunos de esos cuerpos podrían encontrarse en La Escombrera, una zona ubicada donde ahora funciona la empresa Constructores El Cóndor S.A. A pesar de que el lugar tiene medidas cautelares por parte de la JEP desde 2020, familiares y organizaciones han denunciado que la empresa sigue interviniendo zonas cercanas a los polígonos determinados para descargar escombros y sacar material para las obras de ingeniería de la ciudad. Tras siete años de búsqueda no se ha encontrado ningún cuerpo de los familiares desaparecidos de la Comuna 13.

“Los vecinos de La Escombrera decían que durante las operaciones subían muchos difuntos. Nosotras y las demás personas que fuimos víctimas de las operaciones sabemos que muchos de nuestros familiares pueden estar allá. No podemos perder las esperanzas de encontrarlos”, resaltó Luz Ángela Velásquez, parte de Mujeres Caminando por la Verdad.

A partir de los testimonios de los paramilitares desmovilizados y la insistencia de los familiares de las víctimas, en 2015 se iniciaron labores de búsqueda en La Escombrera. Sin resultados, cinco años después las víctimas lograron que la JEP emitiera, en 2020, el Auto 010 para imponer medidas cautelares sobre este lugar. Con esto, se protegió y cercó los predios de La Escombrera y La Arenera para poder realizar las labores de búsqueda de las persona desaparecidas. Aunque todavía no hay hallazgos, los familiares no pierden sus esperanzas.

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