Operación Mariscal: todos los 21 de mayo la Comuna 13 se viste de blanco

Operación Mariscal-crédito Jesús Abad Colorado - Archivo Cromos (3)

Foto: Jesús Abad Colorado - Archivo Cromos (3)

En la tarde del 21 de mayo de 2002, después de casi 12 horas de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales durante la Operación Mariscal, una mujer alta, negra, robusta, con un carácter fuerte y un pequeño turbante decidió sacar un pañuelo blanco y comenzar a gritar: “Cese al fuego, no disparen más, queremos vivir”. Los vecinos que la escucharon se unieron con trapos, sábanas y camisetas blancas para gritar y hacer un recorrido junto a María del Socorro Mosquera Londoño por los barrios 20 de Julio, El Salado, Independencias y Nuevos Conquistadores de la Comuna 13 en Medellín.

“Sentí la ráfaga de fusil y me tiré al piso, todos cayeron encima mío, unos se orinaron, otros moqueaban, pero no nos importó, continuamos nuestra ruta, dimos toda la vuelta y nos montamos al filo 3 desde donde se ve toda la Comuna 13 con sus 36 barrios. Quedé como brillante y dije, ¿qué es esto?, nos respondieron, cesaron el fuego, qué alegría. En medio del llanto todo el mundo comenzó a gritar mi nombre y yo les dije: ‘No, Socorro no, las mujeres, porque sin la voz de las mujeres la verdad no está completa’”, contó María del Socorro Mosquera Londoño, representante legal de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) a Colombia+20.

Una de las mujeres que se sumó a esta marcha de los pañuelos blancos, como muchos la conocen, fue Marlly Múnera, una mujer que ha estado toda su vida en la Comuna 13 y que salió a marchar a pesar de que tenía siete meses y medio de embarazo. “Nosotros como habitantes nos unimos y salimos a marchar, me arriesgué a salir a las calles porque no quería más muertos de los que tuvimos en esa operación militar”, recordó.

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La Operación Mariscal inició aproximadamente a las 3:00 a.m. del miércoles 21 de mayo de 2002. Tres batallones de Infantería, dos equipos del Gaula, el Comando Aéreo de Combate N° 5 de la Cuarta Brigada del Ejército, con el apoyo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), la Fiscalía, la Procuraduría, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desplegaron un operativo militar en los barrios 20 de Julio, El Salado, San Javier, El Corazón, Las Independencias I, II y III, y Nuevos Conquistadores. Según la revista Noche y Niebla, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), eran por lo menos 1.000 personas.

Después de casi 12 horas de enfrentamientos y disparos, las organizaciones de derechos humanos, como la Corporación Jurídica Libertad, ONG que ha trabajado en la Comuna 13 por más de 20 años, reportaron 37 personas heridas, 55 privadas de la libertad de forma arbitraria y 12 asesinadas.

“No sabíamos cómo salir a la calle a estudiar, a trabajar, a buscar alimento. Había tanquetas y helicópteros disparando indiscriminadamente por todas partes. A muchos de mis vecinos y a mí nos tocó cobijarnos con colchones, porque las balas entraban por todas partes, por los techos de zinc y muchos no alcanzaron a esconderse rápidamente”, relató una de las sobrevivientes.

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La muerte de menores de edad

El recuerdo de la comunidad está marcado por el dolor, porque allí fueron asesinados seis menores de edad, entre ellos un bebé de 11 meses. “No recuerdo mucho porque tenía 13 años, era muy peque, pero nos tocó convertirnos en hombres siendo unos niños, cuando aún no entendíamos de qué se trataba la vida”, le comentó a Colombia+20 Trece Invasor, un joven de la comuna.

De los pocos recuerdos que tiene Trece, hay uno en particular que narra con particular emoción: “Nos tocaba dormir debajo de las camas y dentro de los baños porque se suponía que ahí era el búnker de nuestras casas, que tenían dos habitaciones para 10 o 12 personas. Para nosotros, siendo niños, asimilar la situación de Mariscal fue muy complejo, porque no entendíamos por qué dormíamos en los baños solos y los papás se quedaban afuera. Luego entendí que era porque en la puerta del baño siempre ponían un colchón, pero como eso no se sostenía solo, los papás de uno eran los que se quedaban ahí, en la puerta del baño sosteniendo el colchón toda la noche, y por encima de sus vidas pusieron las nuestras”.

Jorge Alexánder Bustamante Góez, María Isabel Jaramillo Giraldo, Wílmar Alfredo Muñoz, Yiset Adriana Tazcón Olarte, Juan José y Bleidy Dunay Zapata Muñoz fueron los seis menores de edad que fallecieron durante la Operación Mariscal. Tenían 6, 11 y 16 años cuando ocurrieron los hechos.

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“Ellos dijeron en los medios de comunicación que los menores habían muerto en el cruce de balas, para decir ‘no sabemos quién los mató y posiblemente fueron las milicias’”, resaltó la Corporación sobre la explicación que dio la Fuerza Pública para no asumir responsabilidades por la muerte de los seis menores de edad.

Las autoridades han justificado la operación diciendo que pretendían frenar un supuesto sabotaje que la insurgencia tenía preparado para las elecciones presidenciales que se realizaron el 26 de mayo de 2002. “Según el informe policial, su objetivo fue ejecutar órdenes de captura impartidas por la autoridad judicial contra milicianos de las Farc, Eln, Comandos Armados del Pueblo (Cap) y Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De acuerso con el general Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, se hizo con el fin de desbaratar un plan terrorista que la subversión tenía planeado para sabotear las elecciones presidenciales”, dice el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe “La huella invisible de la guerra”.

Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad alertó que inicialmente tuvieron conocimiento de que la orden de esta operación era para capturar a personas señaladas de violencia intrafamiliar, hurto y delitos menores. Tras varios intentos para acceder al documento con la orden de la operación, no ha sido posible obtenerlo. “Ellos no tenían autorización para hacer lo que hicieron, allanamientos arbitrarios generalizados, la arremetida contra la comunidad y el exceso de fuerza”, comentaron.

En 2006, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por cinco años al brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, quien fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y al coronel (r) Álvaro Botero Mejía, subcomandante operativo de esta misma institución en 2002. La decisión se basa en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la omisión en el cumplimiento de las funciones, como adoptar medios y métodos para proteger a la población civil durante el operativo.

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Cuatro años después de la operación, el Ministerio Público también solicitó la vinculación a procesos disciplinarios al general Mario Montoya Uribe; Emiro Rojas Granados, director seccional del DAS; Óscar Castellanos Prada, director seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, y a Juan Barrera Gómez, procurador judicial II en lo penal. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho efectiva la decisión y, según Adriana Arboleda, esta es una de las tantas deudas que el Estado colombiano tiene con las comunidades. “Su deuda principal es reconocer su responsabilidad, porque siguen justificando los operativos y negando las violaciones de derechos humanos que se cometieron hace 20 años”, resaltó Arboleda.

La conmemoración

El 21 de mayo de cada año, María del Socorro Mosquera junto a los habitantes de los barrios afectados por la Operación Mariscal realizan una marcha de los pañuelos blancos para conmemorar a las personas que murieron y desaparecieron en esta operación. “Para este 2022, vamos a hacer una caminata, en silencio, para recordar y para que jamás se vuelva a repetir ninguna operación militar”, resaltó Mosquera.

La Corporación Jurídica Libertad también se unió a esta conmemoración con la campaña en redes sociales #NuncaMásOperacionesMilitares, “7.300 días de esperar, de buscar, de exigir, de anhelar”. Junto a otras organizaciones de derechos humanos y víctimas de la Comuna 13 realizarán un homenaje hoy a las 9 de la mañana en el teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín.