Organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que rechazaron recientes declaraciones del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez al que señalan de tener un “lenguaje guerrerista” y pidieron suspender los operativos militares que –aseguraron– ponen en riesgo los diálogos de la política de paz total.
En el documento, firmado este 3 de marzo por 16 organizaciones sociales de distintas regiones del país, advirtieron sobre el impacto de la confrontación armada en los territorios rurales y sostuvieron que los operativos han “dejado como principal consecuencia, campesinos muertos, heridos, casas afectadas y animales también asesinados”. Además, cuestionaron que se mantengan acciones militares mientras hay tableros de diálogo con actores armados en las mismas zonas.
“Presidente, no es a través de más violencia que se puede construir una verdadera paz con justicia social; no entendemos cómo desde la voz militarista del odio hacia el pueblo, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez contradice su política de paz y hiere nuestra confianza con sus declaraciones de guerra en nuestros territorios, afectando gravemente los derechos humanos (DD. HH.) y el derecho internacional humanitario (DIH)”, escribieron en la carta.
Las organizaciones también solicitaron una reunión con el Gobierno para revisar la situación en los territorios, garantizar la continuidad de las negociaciones y fortalecer los protocolos de seguridad y eventualmente volver a tener ceses al fuego.
Según señalaron, han participado “de manera directa, sin garantías jurídicas y políticas, en la Agenda de paz total” y, pese a las dificultades, mantienen su respaldo a una salida dialogada del conflicto.
En algunos de los territorios donde tienen presencia estas organizaciones que firmaron la misiva–como Cauca, Putumayo, Catatumbo, Nariño y Antioquia– se han denunciado casos de instrumentalización a la población civil por parte de grupos armados.
Algunos de esos hechos han sido oposición a capturas de miembros de esas estructuras ilegales, asonadas contra el Ejército, maniobras para impedir que se confisque material con el que se hace minería ilegal, entre otros.
Tensión por operativos contra la disidencia de Calarcá
En la carta, las organizaciones sociales también se refirieron a los recientes enfrentamientos con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), disidencia al mando Calarcá Córdoba que, annque mantiene una mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, no tiene un cese al fuego vigente.
El pasado 22 de febrero, el ministro Sánchez advirtió una ofensiva contra ese grupo armado. “No hay cese al fuego, solamente hay la instrucción clara de afectar las estructuras criminales y aquellas economías ilegales. Uno de los objetivos principales es desmantelar la estructura del Frente 36 de la disidencia de Calarcá”, dijo.
Dos días después, la disidencia respondió mediante un comunicado en el que anunció que ordenó a sus tropas actuar en “legítima defensa” frente a las operaciones de la Fuerza Pública y cuestionó que se desarrollen ofensivas militares mientras avanza la negociación.
Frente a ese escenario, las organizaciones señalaron las decisiones del Ministerio de Defensa ponen en riesgo la continuidad de los diálogos y aumenta la tensión en los territorios.
“Rechazamos las declaraciones de guerra del Ministro de Defensa, quien convoca a fuertes operativos y métodos de violencia que con sistematicidad altera el orden público, elevando el riesgo de los territorios, y que además conllevó a la determinación del “Estado Mayor de Bloques y Frentes”, quienes ante las acciones contra sus estructuras determinan también actuar; es claro que ante la decisión de Pedro Sánchez, se pone en alto riesgo los diálogos y sus avances; el Ministro demuestra que no le importa alterar la crisis social y humanitaria de los territorio”, se lee en el documento.
¿Cómo fue el giro en la estrategia de seguridad del Gobierno Petro?
En agosto de 2022, el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la suspensión de los bombardeos deben ser suspendidos. Fue una directriz que marcó distancia con dos décadas de operaciones aéreas intensivas y que se convirtió en una de las banderas de la política de Paz Total.
El cambio en esa estrategia comenzó en julio de 2024 con la reactivación de operaciones aéreas y terminó de consolidarse con la llegada de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa en febrero de 2025. Aunque el Ejecutivo no anunció formalmente un viraje en la política de seguridad, desde entonces la Fuerza Pública intensificó las operaciones contra estructuras armadas ilegales.
Entre julio de 2024 y noviembre de 2025 se realizaron al menos 13 bombardeos: 11 contra estructuras del EMC en Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare; dos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó; y uno contra mandos del ELN en Arauca. En cuatro de esos operativos murieron al menos 15 menores de edad.
En noviembre, tras el bombardeo en Guaviare —el más grave de la era Petro—, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sostuvo que la reactivación de los bombardeos desde 2024 ya anticipaba una ruptura en la doctrina oficial. “Este viraje hacia un Petro más militarista tiene un tinte electoral muy fuerte. Yo creo que estos mensajes de fuerza han sido recomendados como una manera de mostrarle a Estados Unidos que este país está combatiendo al narcotráfico”, añadió.
Lea aquí: Guaviare: El peor bombardeo de la era Petro y el costo político que comienza a acumular
Los hechos recientes respaldan esa lectura. Este febrero, el Gobierno Petro ordenó el primer bombardeo contra el ELN, que ocurrió en Catatumbo, menos de 24 horas después de la reunión que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington. Tras ese encuentro, el mandatario colombiano endureció todavía más su discurso frente a las estructuras armadas ilegales.
Ese panorama de uso de l fuerza, sin embargo, no frena necesariamente las negociaciones de paz. La historia de los procesos en Colombia lo demuestra. De hecho, el más emblemático, el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, se negoció durante varios años sin un cese al fuego permanente.
Esta es la carta:
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