¿Cómo va el Estatuto de la oposición?

Algunos miembros de la bancada de oposición en el Capitolio durante la instalación del Congreso en julio de 2020.

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En 2018, después de 27 años, el país saldó una deuda que dejó la Constitución de 1991. Todo gracias al Acuerdo de Paz que firmó el Estado con la hoy extinta guerrilla de las Farc en 2016. Se trata del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), que consagró el derecho fundamental de la oposición, sentó garantías y beneficios a los partidos y movimientos con personería jurídica que se declaren contradictores al gobierno de turno. “No había sido posible encontrar un espacio político para desarrollar el Estatuto, porque en este país la oposición ha sido estigmatizada, eliminada y exterminada. Por lo que no se presentaba un momento político idóneo para cumplir con la Carta Política hasta que llegó el Acuerdo”, manifestó Ángela María Robledo, que ocupa una de las curules de la paz.

A diferencia de los textos de La Habana, el Estatuto no cumple cinco años de vigencia, pues como todos los desarrollos que trajo este, tardó un tiempo para que el Congreso de la República tramitara la reglamentación en 2018, de la mano de los partidos de oposición y de la naciente colectividad que transitó de fuerza insurgente a fuerza política. Antes se hicieron llamar con el acrónimo con el que se les conoció en la guerra: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Hoy son Comunes.

Entonces, el Centro Democrático, partido que se convirtió en gobierno y que fue el que más desdeñó del Acuerdo de Paz cuando era, curiosamente, oposición, tuvo que poner en marcha la palabra empeñada contenida en ese texto e implementar un Estatuto que, quizá, en la próxima administración sea su espada para defender el ejercicio de contradecir. Y sobre esta posibilidad, la oposición de ahora critica el papel de las mayorías que han sentado, a su juicio, un mal precedente en temas importantes para el ejercicio de la contraposición, que les podría repercutir en un futuro. Un balón pateado contra la pared que se devuelve a la cara ha advertido. Pero esto se desarrollará más adelante.

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La entrada en marcha del Estatuto comenzó con la expectativa de las declaraciones políticas: partidos de gobierno, independientes o de oposición. De antemano, se sabía qué caminos tomarían colectividades como el uribismo, el Partido Conservador, los cristianos y todos los que se oponían al proyecto político de Iván Duque, es decir, la Alianza Verde, Comunes, Polo Democrático y Lista de los Decentes (MAIS, Unión Patriótica y Colombia Humana).

Así pues, tres organizaciones tradicionales fueron las determinantes de concluir la acomodación del tablero político dentro del Congreso. El Partido Liberal y Cambio Radical se decantaron por la independencia, aduciendo que no fueron invitados por el Gobierno a hacer coalición. De fondo, la distancia aparente se marcó tras no contar con cuota dentro del gabinete. Y la sorpresa fue el Partido de la U que, a través de las argucias de dos senadores (José David Name y Eduardo Pulgar, hoy condenado por soborno a un juez), se declararon de gobierno, pese a que fueron el principal músculo de Juan Manuel Santos para aprobar todo el paquete de proyectos del Acuerdo de Paz, vía ‘fast-track’ en 2017.

Se dice “aparente distancia”, porque los partidos independientes, muchas veces, han terminado por votar en bloque a favor del Gobierno, especialmente en cuanto se refiere a proteger a los ministros que pasaron al banquillo de la moción de censura. “La declaración política es un primer elemento que damos por sentado. Esta ayuda a fortalecer el régimen político colombiano, da una estructura más clara sobre las posiciones frente a los gobiernos locales y nacional. Sin embargo, eso no quiere decir que haya funcionado perfectamente. Hay colectividades, como Cambio Radical, que sigue declarándose como independiente y en la práctica termina votándole al Gobierno y contando con representación dentro del gabinete”, opinó Juanita Goebertus, representante por la Alianza Verde y exintegrante de la mesa negociadora de paz.

Hasta ahora, las fuerzas políticas, según su declaración, se han mantenido, pese a que, como dijo la representante verde, partidos como Cambio Radical cuentan con cuota en el gabinete en representación del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y siguen llamándose independientes. Igual, ese ejercicio se replicó a los órdenes departamentales y municipales, en donde poca oposición se evidencia a los mandatarios.

Los segundos en votación

El artículo 24 y 25 del Estatuto establece que las segundas votaciones en Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías tienen derecho a ocupar una curul en las corporaciones del orden al que se presentaron. Primero se referirá al ámbito nacional. Tras los resultados de la segunda vuelta, la fórmula no elegida, en este caso, Gustavo Petro y Ángela María Robledo, tuvieron el derecho propio a tener asiento en las comisiones primeras de Senado y Cámara, respectivamente.

Ambos lograron una votación de más de ocho millones, sin embargo, para el Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue argumento suficiente para otorgarle la personería jurídica al movimiento que representaron, la Colombia Humana, porque no estaba especificado en el Estatuto. Decisión que sí adoptó la Corte Constitucional, al resolver una tutela.

“Yo disentí de la posición de la mayoría de la Sala Plena, que se pegó de la Constitución que exige sacar el 3% del umbral en las elecciones a Congreso y la Colombia Humana no lo alcanzó. Pero ¿cómo se iban a declarar en oposición y gozar plenamente de los derechos que ofrece el Estatuto, si no tenían la personería jurídica para hacerlo? Y eso fue lo que aclaró la Corte Constitucional al resolver la tutela que presentaron, que al grupo significativo de ciudadanos que obtuvo la segunda votación en Presidencia se le reconozca como partido y los beneficios que esto trae”, explicó el magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez.

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Esa decisión no solo cobija a la Colombia Humana, sino a los demás movimientos que logren la segunda votación a la Presidencia de aquí en adelante. “Colombia Humana perdió tres años de haber podido ejercer oposición con todos los derechos plenos de un partido político, desde la financiación hasta los espacios en medios de comunicación”, recalcó Pérez. Esos recursos, por declararse contradictor del Gobierno, en el caso de la Alianza Verde, les permitió afianzarse para las elecciones regionales de 2019, cuando los resultados electorales fueron muy destacables. Obtuvieron las alcaldías de Bogotá, Cali, Manizales, entre otras, y la Gobernación de Boyacá.

Pero lo de la Colombia Humana no fue solo la pelea por la personería jurídica, sino lo que ocurrió en el caso de Ángela María Robledo, quien perdió su curul por doble militancia. Ella renunció a su puesto en la Cámara de Representantes y a la Alianza Verde para emprender el proyecto de la campaña presidencial por el movimiento fundado por Petro. Por ello, la demandaron por doble militancia. Su proceso comenzó en la Sala Quinta del Consejo de Estado, que ordenó la nulidad de su elección; ella impugnó y la Sección Segunda del mismo tribunal contrarió la decisión en primera instancia y, en últimas, su situación fue disipada por la Corte Constitucional, el 1 de julio de este año, que compartió los argumentos de la Sala Quinta.

“Esta situación me pasó a mí, pero se puede repetir en las próximas elecciones, pues en las coaliciones a Presidencia convergen diferentes partidos y movimientos. Y lo que dice el fallo de la Corte es que hay doble militancia para Presidencia y Vicepresidencia. Eso nunca había existido. Y creo que hay un vacío”, explicó Robledo, que aún sigue en su curul esperando la notificación oficial para dejar del todo el Congreso.

Lo que dice se puede ejemplificar con el hipotético de que el exgobernador Carlos Amaya renuncie a la Alianza Verde y haga parte de la fórmula presidencial que avale la Coalición de la Esperanza, quede de segundo y llegue al Congreso gracias al Estatuto de la Oposición. Una doble militancia que no debería existir, a juicio de Robledo, en el ámbito de elecciones uninominales.

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El tema de los segundos en votación no queda ahí, porque también se prevé que para estos habrá curul en concejos y asambleas, dependiendo al cargo que se presenten. En el caso nacional, los escaños de Senado y Cámara se sumaron al total del Congreso, en cambio, los de las corporaciones departamentales y locales se restan, en caso de que la persona acepte ocupar el asiento. En otras palabras, en el Concejo de Bogotá se eligen 45 cabildantes, pero como Carlos Fernando Galán, quien le siguió en votos a Claudia López en la elección por la Alcaldía, aceptó pertenecer a la corporación, la cifra repartidora se da con base en 44.

Esta decisión se tomó con base en el presupuesto de los municipios y departamentos y para garantizar un eventual desempate. La situación se complejiza desde que el Consejo Nacional Electoral sacó una resolución para despejar dudas en caso de que la segunda votación sea el voto en blanco. Ante esta eventualidad, el resultado no se tendrá en cuenta a la luz del Estatuto para garantizar la curul y, en esta eventualidad, la persona que quede de tercera podrá aceptar o no llegar a la respectiva corporación.

Para senadores como Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, esa resolución desconoce el valor democrático del voto en blanco y afecta el derecho a elegir y ser elegidos de los candidatos a asambleas y concejos que, aunque con los votos, no obtienen la curul porque le fue entregada al tercero en votación. Él demandó el apartado de la resolución que determina esto ante el Consejo de Estado, sin embargo, no ha habido decisión al respecto.

En contraposición a Motoa, para el exministro del Interior, Guillermo Rivera, quien lideró por parte del gobierno Santos el Estatuto de la Oposición, la interpretación del Consejo Nacional Electoral va en consonancia del espíritu del Estatuto. “Me parece mejor que el tercero en votación ocupe la curul para que, en efecto exista la curul de la oposición, de lo contrario, si el voto en blanco quedó de segundo, no habría manera de llenar ese espacio. Creo que fue una decisión sabia del CNE y no creo que haya un vacío legislativo al respecto”, opinó.

Otro elemento que se ha criticado sobre la curul de la oposición a nivel regional y local es que muchos de los que ocuparon ese espacio no estrictamente les hacen oposición a los gobiernos y terminan por actuar en coalición con estos. “Eso sí es una burla al Estatuto. Digamos que este dejó una puerta abierta que, a mi modo de ver, sí no es procedente ni conducente para que realmente se respete también al electorado, que votó por una fuerza política de la que espera que la persona que la represente no se coaligue con el gobierno. Para esto no hay una sanción, pero, quien lo considere, podría buscar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho para hacer respetar la naturaleza del Estatuto”, dijo el magistrado Pérez.

Para Ángela María Robledo, que le hace oposición al Gobierno desde una de las curules de la paz en el Congreso, considera que este derecho no puede ser camisa de fuerza para declararse per se contradictor a la administración del nivel local, regional o nacional que se pertenezca. “Tampoco se le puede exigir a quienes queden de segundos declararse en oposición, cuando estos consideren que tienen propósitos que se pueden compartir con el gobierno. Para ello está la opción de independientes”, contraargumentó.

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El acceso a medios de comunicación

Para muchos, el acceso a los medios de comunicación empezó muy bien, desde las solicitudes de los partidos, hasta la diligencia del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, a nivel nacional específicamente, se fue desdibujando desde que el Gobierno cambió su estrategia de difusión de mensajes e intervenciones y se concentró, casi exclusivamente, a transmitir información en redes sociales. Una materia gris dentro del Estatuto.

“El presidente dejó de hacer alocuciones televisadas y empezó a mandar sus discursos por redes y, claramente, lo que buscaba con eso era evitar réplicas. Desafortunadamente, el Estatuto solo dejó expresamente que serían réplicas a alocuciones televisadas o radiales. Debimos haber escrito que esto también se extendía a cualquier intervención del presidente en cualquier formato. Así pues, desde Presidencia se pegaron a la literalidad del texto para hacerle esguinces”, opinó el exministro Rivera.

La pandemia terminó por ser la excusa para volcar los mensajes en redes que, por el interés nacional, fueron retransmitidos de forma sincrónica por todos los medios de comunicación nacionales y regionales. Sin darle cabida a la oposición a controvertir o criticar las medidas adoptadas por el Gobierno, pues a la luz del Estatuto no había un parágrafo del que pegarse. Prevención y Acción fue el programa que se emitió desde la cuenta de Presidencia e Iván Duque todos los días a las 7:00 p.m., hora estelar, cuando se declaró el confinamiento y se extendió hasta mayo de este año.

“Cuando Duque, durante la pandemia, hizo su programa todos los días hubo un enorme debate nuestro en términos de que se nos debió abrir un tercio del espacio del presidente, pero por faltas de claridad eso no se logró”, recordó Ángela María Robledo. Para Juanita Goebertus el problema constituyó en que esa intervención diaria del primer mandatario no se consideraba como alocución. “En mi opinión, el presidente abusó del acceso a los medios de comunicación a través de Prevención y Acción. Si nos daban a la oposición el tiempo correspondiente, prácticamente la televisión quedaba bloqueada”, comentó.

Para ella, a los órganos de control les faltó manifestarse en contra de ese abuso. “Debieron ser tiempos más recortados y con balance en el acceso a la información para la ciudadanía”, complementó. Por eso, la respuesta de la oposición a la declaratoria del confinamiento y el cese de actividades no fue retransmitido en televisión y no tuvo el mismo alcance e impacto para que la ciudadanía tuviera más información. Pues, para ese caso, quien representó a la oposición fue el exsenador y médico especialista en Salud Pública, Juan Luis Castro, que en su intervención publicada en redes quiso desmentir noticias falsas sobre el COVID-19 y dar claridades sobre el virus y las decisiones del Gobierno.

La oposición sí logró hacer réplicas televisadas en mismo tiempo y espacio como cuando el presidente Duque anunció que objetaría por inconveniencia algunos artículos del acto legislativo que reglamenta a la Jurisdicción Especial para la Paz. A la vez que se ha visto vulnerada cuando por derecho propio pueden interpelar al primer mandatario en las instalaciones de las legislaturas del Congreso, bajo el entendido de que el jefe de Estado debe escuchar el discurso personalmente.

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El 20 de julio de 2019, Ernesto Macías, como se le escuchó en micrófonos, hizo su “última jugadita” como presidente del Congreso, al ordenar a una comitiva especial acompañar a Duque de regreso a la Casa de Nariño tras dar su discurso, para que este no escuchara a la oposición en voz de Jorge Robledo. En 2020, en plena pandemia y cierres, el mandatario hizo su alocución desde la sede presidencial y allí mismo escuchó a la oposición. Sin embargo, este año, cuando sí había asistencia en el Capitolio, optó por delegar al ministro del Interior, Daniel Palacios, para que estuviera presente en el momento en que la oposición tomara la palabra.

“Se ha visto el desdén con el que Iván Duque ha tratado a la oposición, especialmente cuando esta ha intervenido en las instalaciones del Congreso. Lo más elemental en la democracia es el respeto y este se ejercía escuchando a la oposición. El CNE le reprochó el comportamiento a Macías y al presidente, recordándole que debe estar presente en estos casos”, señaló el magistrado Pérez.

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La última instalación de las mesas directivas

Ni cuando una excombatiente de las Farc, Sandra Ramírez, fue postulada y votada para ser la segunda vicepresidenta del Senado generó tanta mella como cuando fue el turno para Gustavo Bolívar, quien era el candidato de la oposición para conformar la Mesa Directiva del Senado de la legislatura en curso. No obstante, las mayorías no le dieron su apoyo, al ser una persona incómoda para el establecimiento, y lo que debía unir a la oposición con relación a sus derechos consagrados en el Estatuto terminó por dividirlos.

El grupo que defendía la candidatura de Bolívar se retiró del recinto, con la promesa de tomar acciones legales al respecto, además de exigirle al tribunal electoral una acción de protección a sus derechos. La otra parte, que incluyó a la mayoría de los senadores de la Alianza Verde, permaneció en el recinto y postuló a uno de los suyos, Iván Name, bajo el argumento de que, si no había candidato, los partidos de independencia podrían postular a alguien de su bancada.

El Consejo Nacional Electoral negó la protección del derecho y adhirió al proceder de la Mesa Directiva, que llamó nuevamente a votar, con un nuevo candidato, como lo hizo la Alianza Verde. Sin embargo, ese argumento tampoco lo acompañó el magistrado Luis Guillermo Pérez. “El CNE resolvió darle validez al voto en blanco, cuando previamente el tribunal había dicho que este no era efectivo con relación a la elección de un puesto directivo de una corporación pública, porque, de lo contrario, es entregarles a las mayorías el derecho de vetar a candidatos de la oposición que no sean de su agrado. Para mí, esa decisión es lesiva y grave hacia el futuro”.

Esa misma percepción compartió el exministro Rivera. “Fue una mala actitud de las mayorías del Senado haber dejado de lado a quien la oposición había elegido como su candidato a la segunda vicepresidencia. Si existiera un verdadero sentido democrático, habrían respetado esa decisión y votado por Bolívar”, comentó.

Claro, el Estatuto trae vacíos que están abiertos a la interpretación de quienes velan por su implementación y cumplimiento como del Gobierno y las mayorías, en este caso, pero para Rivera no es necesario hablar de modificaciones a la ley estatutaria, sino de fomentar un espíritu democrático de todos los actores políticos. Que pasen situaciones como las descritas en este artículo dan cuenta, dice, de la deficiente cultura política del país. “Es muy difícil crear una ley que cubra todo. Lo que hace el Estatuto es plantear lo básico para que la oposición pueda ejercer su rol como tal. Queda en manos del tribunal, Ejecutivo y otros ser garantistas de esos derechos”, concluyó.

Para la representante Robledo, lograr esto que plantea Rivera es muy difícil por el pasado político de Colombia, en donde la historia registra el exterminio de un partido de oposición como la Unión Patriótica en la década de los 80 y lo que está ocurriendo con los firmantes de la paz. Pese a esto y pese al proceso judicial que vivió ella, sigue defendiendo el Estatuto, su contenido y naturaleza: “Es una pieza importante para la democracia”. Lo que resta es que la democracia más longeva de Latinoamérica madure y tenga como principios rectores el respeto, la escucha y la construcción en diferencia.