Centenares de historias de empoderamiento comunitario, ejercicios de reconstrucción de memoria histórica, labores de incidencia ante los más altos niveles del Estado, una lucha ardua por la aplicabilidad de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras y por la implementación del Acuerdo de Paz. Estos son algunos de los resultados que dejó el Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas en Colombia, que luego de 10 años de ejecución se cerró este martes con un evento al que asistieron líderes sociales, representantes de la comunidad internacional y altos funcionarios del Estado.
El programa, implementado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), se llevó a cabo desde el 2014 de la mano de 133 organizaciones en 21 municipios de nueve regiones afectadas por el conflicto.
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“Todos los resultados, avances, logros, están siendo transferidos a nuevos programas, se siente como una carrera de relevos para que haya continuidad y sostenibilidad en beneficio de los sobrevivientes del conflicto”, destacó la directora de USAID en Colombia, Anupama Rajaraman, durante el evento, que se llevó a cabo en Fragmentos, la obra de Doris Salcedo cuyo piso se elaboró con armas fundidas de la antigua guerrilla de las FARC, que entregó el grupo durante su desmovilización.
¿Qué se logró en una década de implementación?
Jorge Durán, director del Programa de Participación y Reparación Colectiva, contó que en estos 10 años la iniciativa logró resultados destacados.
“Respecto de la Ley de Víctimas fuimos parte de la gestión de su prorroga desde la Corte Constitucional hasta el Congreso de la República; en lo referente al Acuerdo de Paz, tuvimos un trabajo mancomunado con las comunidades para hacer importantes aportes a través de informes a la Comisión de la Verdad, así como ser participes y aportar insumos fundamentales para la apertura y desarrollo de los macrocasos que la Justicia Especial para la Paz (JEP) estimó necesarios investigar y así garantizar el derecho de las victimas a acceder a la justicia”.
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Además, indicó Durán, uno de los grandes propósitos del Programa estuvo encaminado al fortalecimiento y participación de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, tanto desde fortalecer organizacional como desde el desarrollo de sus capacidades socio políticas y de incidencia.
Entre los logros destacados mencionó la reciente declaración del Estado de Cosas Inconstitucional frente a la protección de personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social, en la que la Corte Constitucional recogió recomendaciones de la sociedad civil en las que participó Codhes a través de esta iniciativa.
A eso se suman aportes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la participación de comunidades étnicas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la participación política de las víctimas y el acompañamiento de las acciones judiciales que lograron que las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz (CITREP) entrarán en vigor, entre otros temas.
“El fortalecimiento para la incidencia de las víctimas fue una las estrategias banderas del Programa, mecanismos de gestión como los que implementamos a través de las donaciones, la investigación, las publicaciones, el monitoreo a la situación humanitaria y la comunicación lograron que este Programa que hoy termina, fuese exitoso en el cumplimiento de sus metas e indicadores”, indicó Durán durante el evento.
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Los llamados de las víctimas y otros actores clave
En el evento de cierre también se desarrollaron dos foros. En el primero participaron líderes de distintas zonas del país: Mariela Meza, de la Red Subregional de alertas tempranas del Pacífico y pie de monte costero de Nariño; Miguel Miranda, de las Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas de los Montes de María; Yudi Angulo Castro, de Rostros Urbanos Buenaventura; Adonay Rincón Oviedo, lideresa del sur del Tolima; y Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, y Yuber Palacios, líder de Bojayá.
Todos los participantes coincidieron en la importancia de mantener iniciativas que trabajen por la reparación de las víctimas, y recalcaron que las deudas continúan.
“Les pedimos que no nos dejen solos, que nosotros también somos parte de este Estado y necesitamos que nos escuchen”, dijo Rincón.
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A su turno, Mariela Meza destacó el apoyo de Codhes para la producción de informes que se han entregado a la JEP y habló del impacto de este trabajo para enfrentarse a las situaciones de riesgo que se viven en el territorio.
“La memoria colectiva tiene alma, camina, se mueve con nosotros. Dejar el miedo no es fácil cuando hay grupos armados en el territorios, pero los miramos a los ojos, les decimos que nos escuchen. Las alertas tempranas nos han servido para eso”, dijo Meza.
De otro lado, altos funcionarios del Estado conversaron sobre las oportunidades desde la institucionalidad, los medios de comunicación y la sociedad civil para lograr avanzar en la reparación de las víctimas del conflicto.
Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, hizo una grave denuncia sobre las omisiones del Congreso en el trámite de la reforma a la Ley 1448.
Tobón aseguró que gran parte de los recursos de la Unidad “se han perdido porque se han entregado a la burocracia, se han perdido porque se han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas. Y hoy que estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso”.
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En la conversación también participaron Claudia Erazo, secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Sandra Benavides, subdirectora de Reconciliación y Desarrollo Social de la ART; Saul Franco, excomisionado de la Comisión de la Verdad; Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador; y Marco Romero Silva, director de Codhes.
“Estamos conmemorando una tarea cumplida pero también estamos coordinando para que esto siga. En el país se está viendo un salto cualitativo en la atención y la reparación a las víctimas. Creo que es importante que haya más recursos. Este no es un país pobre sino un país desigual”, concluyo Romero.