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La última semana estuvo marcada por atentados, ofensivas armadas y un endurecimiento en el discurso del presidente Gustavo Petro frente a los grupos ilegales.
Sin embargo, a pesar de las tensiones, el Gobierno insiste en sostener su apuesta por la paz total. Prueba de ello es que, el fin de semana, representantes del Ejecutivo se reunieron en el Yarí con la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, señalada de ser responsable del ataque al helicóptero en Amalfi, Antioquia.
Allí no solo tuvieron una reunión con comunidades, sino que llevaron a cabo el séptimo ciclo de negociaciones.
La radiografía de cómo está la paz total de Petro, sus negociaciones, diálogos y acercamientos muestra un panorama fragmentado: ofensivas armadas que desafían la autoridad del Estado, como en Cali y Antioquia; el ELN ausente de la mesa —el proceso está congelado desde hace casi un año—, disidencias en negociaciones frágiles pero activas y procesos urbanos aún incipientes. En medio de la violencia, Petro sostiene su apuesta por la paz total, convencido de que solo el diálogo, incluso con los más reacios, permitirá abrir caminos hacia la desactivación de la guerra.
El EMBF, con presencia en Catatumbo y Caquetá, pactó la creación de una Zona de Ubicación Temporal en Tibú y ha impulsado acuerdos ambientales y productivos con comunidades. Sin embargo, el grupo también ha sido señalado de estar detrás de ataques como el ocurrido en Amalfi, lo que pone en entredicho su compromiso real con la negociación. Esa doble dinámica —gestos hacia la reincorporación y, al mismo tiempo, acciones armadas contra la fuerza pública— alimenta las dudas de si la organización tiene voluntad genuina de avanzar hacia la paz.
La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, comandada por Walter Mendoza, avanza en un esquema similar: proyecta sustitución de cultivos ilícitos en Nariño y espera el decreto que formalice una ZUT en Nariño y Putumayo. Este proceso también está atravesado por el dilema de comandantes pedidos por cortes de EE. UU., lo que amenaza su continuidad.
En Nariño, los Comuneros del Sur exhiben uno de los procesos más avanzados: ya entregaron material de guerra, iniciaron programas de reintegración con ingresos básicos y seguridad social, y participan en iniciativas de desminado humanitario junto a comunidades indígenas y campesinas.
El ELN, en cambio, vive su mayor crisis en años recientes. Tras la emergencia humanitaria en Catatumbo, el Gobierno anunció en julio que la guerrilla rompió la negociación. Hoy el proceso permanece suspendido, sin cese al fuego ni señales claras de reactivación.
El Clan del Golfo, bajo el mando de Chiquito Malo, se mantiene en fase exploratoria y ahora con la posibilidad de trasladar el diálogo a Catar. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, dirigidas por Carmen Evelio Castillo y César Gustavo Becerra, también aguardan la autorización gubernamental para iniciar conversaciones, con influencia territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En el frente urbano, la situación es igualmente heterogénea. En Medellín, Quibdó, Buenaventura (sin contar Barranquilla), los procesos con bandas criminales han dejado resultados parciales: pilotos contra la extorsión, compromisos de no reclutar menores y reducción de homicidios en algunas zonas. Sin embargo, la mayoría de estas conversaciones siguen sin avances tangibles.
En conjunto, la radiografía confirma que la paz total está lejos de consolidarse.
Así están los procesos con el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y Comuneros del Sur
Así están los diálogos con las bandas criminales:
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