El presidente gustavo Petro le insistió este miércoles al ELN que se sienten a hacer la paz. En su discurso durante la inauguración del Colegio Universidad de El Tarra, plena región de Catatumbo, en Norte de Santander, el mandatario dijo que no había que esperar más.
“Al ELN le digo, hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos, hagan la paz ya. No hay nada que esperar... bombazos, misiles ahora, gente que nos insulta, gente que nos humilla. No, Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie, un pueblo que pueda hacer vanguardia de la humanidad”, dijo el mandatario.
La referencia de los bombazos es una clara pulla hacia las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el martes afirmó que está pensando en hacer operaciones terrestres en el país para combatir combatir a grupos armados ligados al narcotráfico. Actualmente el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no solo son catalogadas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, sino estructuras con relaciones con el tráfico de drogas.
El proceso de paz con el ELN nunca se terminó oficialmente, pero está suspendido desde enero de este año justamente tras el cruento ataque del ELN en el Catatumbo y los posteriores enfrentamientos con el Frente 33 del Estado Mayor de los bloques y Frente (la disidencia de Calarcá). Esos hechos derivaron en la peor crisis humanitarias en al menos dos décadas en el país.
Informes recientes, como el de la Comisión de Verificación Humanitaria, dan cuenta que esa región atraviesa una fase de degradación humanitaria.
El informe sostiene que la región aún enfrenta confrontaciones constantes entre el ELN, el Frente 33 y la fuerza pública, una dinámica que se ha trasladado progresivamente a las zonas pobladas y ha puesto a las comunidades en el centro del fuego cruzado.
La Comisión registró 123 infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas ataques indiscriminados en zonas pobladas, afectaciones a bienes civiles, uso de artefactos explosivos improvisados y presencia de minas antipersonales en caminos, viviendas y espacios comunitarios.
A esto se suman73 violaciones a los derechos humanos, que incluyen desplazamientos forzados, confinamiento, afectaciones a la educación, restricciones a la movilidad, amenazas contra liderazgos comunitarios y riesgos específicos para mujeres, jóvenes y población migrante.
El pronunciamiento coincidió con la liberación de 28 personas que permanecían secuestradas por el ELN desde enero, cuando comenzó la ola de violencia en la región del Catatumbo.
La operación fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, que integró la comisión junto con la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia. Según el organismo, entre los liberados se encuentran 17 hombres y 11 mujeres, incluyendo cinco menores de edad.
“La liberación contó con la participación de sus familias y dirigentes comunales. Los liberados manifestaron encontrarse en buen estado de salud, salvo uno de ellos, que presenta dolencias por una herida en su cuerpo”, indicó la Defensoría a través de un comunicado.
El pasado 29 de noviembre una comisión humanitaria recibió a otras 11 personas que fueron liberadas por el ELN.
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