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El presidente Gustavo Petro se anticipó al informe oficial del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y reveló que, según sus propios cálculos, los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron un 3 % durante 2024.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario insistió en que las cifras deben leerse con matices territoriales y productivos.
“Solo aumentó 3 %, pero revisamos que no se cometa el mismo error de 2023: que se pongan las respectivas productividades por zonas y se sepa diferenciar lo que los mapas muestran: zonas de enclave de la cocaína y zonas abandonadas desde hace más de tres años”, escribió el jefe de Estado.
Solo aumnetó 3%, pero revisamos que no se cometa el mismo error del de 2023: que se pongan las respectivas productividades por zonas y se sepa diferenciar lo que los mapas muestran: zonas de enclave de la cocaína y zonas abandonadas desde hace más de 3 años.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025
Así el mundo sabrá… https://t.co/PYG09sEOVU
Petro precisó que, de las 262.000 hectáreas que aparecerían en el nuevo reporte del Simci, 80.000 están abandonadas desde hace más de tres años y 22.000 están en procesos de sustitución hacia cultivos lícitos. También atribuyó la persistencia de los “enclaves cocaleros” al aumento del consumo de cocaína en Europa, el Cono Sur y Australia, mientras que señaló que en la Amazonia los cultivos “han sido abandonados porque el consumo en Estados Unidos llegó a su máximo y no crecerá más por el aumento del fentanilo”.
Su mensaje tuvo varias respuestas, entre ellas la del investigador Daniel Mejía Londoño, especializado en temas de seguridad y política antidrogas, quien le dijo: “Presidente: Naciones Unidas no contabiliza en su medición de hectáreas cultivadas los territorios donde el cultivo de coca ha sido abandonado. No es cierto entonces que dentro de las 262 mil hectáreas que usted revela que había en 2024, estén contabilizando las 80 mil abandonadas”.
Presidente: Naciones Unidas no contabiliza en su medición de hectáreas cultivadas los territorios donde el cultivo de coca ha sido abandonado. No es cierto entonces que dentro de las 262 mil hectáreas que usted revela que había en 2024, estén contabilizando las 80 mil abandonadas https://t.co/zMUZqDjPGU
— Daniel Mejia (@DanielMejiaL) October 28, 2025
Las tensiones con Washington y la ONU
El pronunciamiento ocurre en la antesala de la publicación oficial del informe Simci–Unodc 2024, previsto para finales de esta semana, y en un momento del aumento de los choques el gobierno estadounidense. Días antes, el presidente Donald Trump acusó públicamente a Gustavo Petro -aunque sin pruebas- de ser un promotor del narcotráfico y ordenara la descertificación de Colombia en materia de cooperación antidrogas, por primera vez desde 1997.
“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta activamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el país… El objetivo de esta producción es vender enormes cantidades de droga en Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos”, dijo el mandatario estadounidense.
Las declaraciones se producen en un contexto especialmente delicado: el pasado 15 de septiembre, la Casa Blanca descertificó a Colombia por primera vez desde 1992 en materia de lucha antidrogas, aunque otorgó un waiver que mantiene temporalmente la cooperación bilateral.
En contexto: La descertificación de EE. UU. contra Colombia, un golpe internacional al Acuerdo de Paz
Pero luego, con el aumento de las tensiones entre ambos países, el pasado 24 de octubre el Departamento de Estado de Estado Unidos oficializó la suspensión de la ayuda prevista para Colombia, aunque no fue tan severa como se esperaba pues esa dependencia dijo que seguiría con apoyo a las fuerza de seguridad de Colombia y algunos sectores de justicia.
A ese hecho se suma la reciente inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton, una medida financiera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que congela activos y prohíbe transacciones con entidades estadounidenses.
Petro ha respondido reiteradamente que su política no busca medir el éxito por hectáreas erradicadas, sino por reducción de la producción y transformación económica en los territorios cocaleros. “El mundo sabrá que de esas hectáreas, una parte ya no produce cocaína”, señaló en su publicación en X.
El antecedente del choque con la ONU
El año pasado, el informe Simci reportó 230.000 hectáreas de coca, una cifra récord que desató un duro enfrentamiento entre el presidente y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Petro cuestionó entonces la metodología del estudio y defendió que las mediciones debían concentrarse en la producción real de cocaína y no únicamente en la extensión de cultivos, pues muchas zonas reflejadas en los mapas ya no estaban activas o estaban en proceso de sustitución.
La nueva publicación del Simci, que se conocerá en los próximos días, volverá a poner sobre la mesa ese debate.
El tema del narcotráfico no es ajeno al Acuerdo de paz de 2016. De hecho, el punto cuatro de ese documento estableció un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), concebido como una estrategia de desarrollo rural y atención a comunidades campesinas atrapadas en economías cocaleras.
El acuerdo reconoció que el problema de las drogas debía abordarse desde un enfoque integral, voluntario y de desarrollo alternativo, y no solo a través de la erradicación forzada. Sin embargo, los incumplimientos en su implementación —sumados al aumento de cultivos y la falta de alternativas económicas sostenibles— han reabierto el debate sobre la eficacia de la política antidrogas, en momentos en que Estados Unidos presiona con sanciones y descertificaciones.
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