Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El miedo se ha camuflado en Tibú. Quien camina por las calles de este municipio de Norte de Santander difícilmente se imaginaría que, hace menos de cuatro meses, aquí se vivió la mayor crisis de violencia del país en décadas, tras la cruenta arremetida del ELN contra el Frente 33 de las disidencias, que dejó más de 100 muertos y 60.000 desplazados.
Pero la zozobra sigue. A pesar de la reactivación del comercio, el transporte y las actividades cotidianas, todos los pobladores saben que la guerra sigue viva y en las zonas rurales se mantienen los combates.
“Nosotros todavía no vemos las condiciones para volver al territorio”, dice Kevin Celis, líder del refugio humanitario donde permanecen 170 personas que salieron desplazadas de las veredas de varios municipios del Catatumbo después del 16 de enero, una fecha que quedó en la memoria colectiva de esta región.
Nuestra conversación tiene lugar bajo una carpa gigante que se instaló junto al polideportivo de Tibú para resguardar a cerca 1.500 personas que llegaron para escuchar los planes con los que el presidente Gustavo Petro promete cambiar el destino de este territorio, que lleva décadas resistiendo a la violencia.
Puede leer: Viaje al Catatumbo: así se vive la mayor crisis humanitaria de los últimos tiempos
Los pobladores fueron citados las 8 a.m., pero el mandatario apareció siete horas después. Junto a Petro, la plana mayor del sector agrario (Minagricultura, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras, Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, entre otras), presentó “los 10 logros del Plan Catatumbo para transformar el campo”.
Los anuncios del Gobierno: entre la expectativa y la desconfianza
Sin embargo, varios de los líderes sociales de la región aseguran que aún no se puede hablar de logros porque las apuestas apenas están iniciando a andar.
Algunos apuntan, incluso, que los decretos dictados en el marco de la conmoción interior no han surtido efecto todavía, y dicen que la nueva apuesta de sustitución “está condenada al fracaso”.
El propio presidente Petro tomó la palabra para aclarar los anuncios que hacían sus funcionarios al campesinado del Catatumbo.
“Si la Corte Constitucional tumba el decreto (de conmoción interior) no existe el dinero y eso tenemos que analizarlo aquí y decírselo con franqueza, no vengo aquí a ilusionarlos. La Corte puso en vilo los recursos, aún hoy no podría decir si se van a perder o los vamos a obtener, porque no han expedido los análisis de los decretos, pero no puedo venir aquí por un aplauso a decirles: ‘Es que vamos a darles’. Yo no sé en este momento si se puede”, señaló Petro.
Más allá del análisis del alto tribunal, una de las preguntas frecuentes entre los habitantes es cómo se va a lograr la implementación de cualquier programa si el territorio sigue bajo el control de los grupos armados ilegales.
Lea: Las dudas frente a la zona de ubicación que acordó el Gobierno con el Frente 33
Pese al anuncio de concentración del Frente 33 de las disidencias de las FARC en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en la región temen que se intensifiquen los enfrentamientos y las represalias contra la población civil por parte de un bando u otro.
“Nos preocupa que llegue inversión pero no llegue la paz. Acá todos hemos visto que la confrontación sigue dura”, aseguró el líder campesino Alirio Payares, una de las personas que salió desplazada tras la incursión del ELN en enero.
Hay temor de que se repitan los incumplimientos del PNIS
Uno de los anuncios clave fue el inicio de una iniciativa que ya tendría presupuesto amarrado: el Programa Renhacemos Catatumbo, la estrategia del Gobierno para impulsar el tránsito de cultivos de uso ilícito hacia economías lícitas para los municipios de Convención, Tibú, El Tarra, Teorama y Sardinata.
Aunque Renhacemos Catatumbo promete acabar con al menos 25.000 de las 45.000 hectáreas de coca sembradas en el departamento, algunos sectores han criticado que varios de sus componentes repiten los errores del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la estrategia contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016, que no tuvo éxito y dejó varios compromisos incumplidos.
Puede leer: ¿PNIS 2.0? Las críticas al plan de Petro y Gloria Miranda para sustituir coca
“Cuando inició la conmoción interior el gobierno lanzó un programa de sustitución. Este programa busca sustituir economías, cambiar una ilegal por una legal y eso implica que el campesino no solo cambie una mata por otra mata sino llevar al campesino desde el establecimiento hasta la comercialización”, explicó Gloria Miranda, cabeza de la Dirección de Sustitución de Cultivos.
Sin embargo, para algunos líderes, el programa tiene varios vacíos. “La gente casi no se ha vinculado porque es un programa condenado al fracaso. Es un PNIS 2,0 y ya con el 1,0 vimos todos los incumplimientos. No se puede combatir una agroindustria como la coca con políticas asistencialistas”, asegura Celis.
En esta región, la coca es una de las principales economías. Aunque es difícil hacer una estimación de cuántas familias subsisten de este cultivo, se calcula que son por lo menos 20.000. De ahí uno de los primeros cuestionamientos al programa, que aunque espera vincular a 9.000 hogares, hasta ahora solo cuenta con 2.990 familias inscritas.
Frente a las críticas, en conversación con Colombia+20, Gloria Miranda aseguró que Renhacemos Catatumbo “se rescató lo bueno del PNIS y se corrigió lo que no funcionaba”.
La directora de Sustitución agregó que, en cualquier caso, la sustitución del cultivo de hoja de coca no es la solución completa, sino que debe ir acompañada de una alternativa integral.
Gobierno les entregó 387 títulos de tierra a campesinos e indígenas
Como parte de esa apuesta integral, durante el evento la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 387 títulos de propiedad rural (en 4.462 hectáreas) a campesinos y víctimas del Catatumbo.
La novedad de estas entregas es que se incluyó a 230 cultivadores de hoja de coca en los municipios de Sardinata, Ábrego, Ocaña y Tibú, quienes, según la ANT, iniciarán un proceso de transformación hacia cultivos lícitos y producción agroalimentaria.
“Titular sus tierras es fundamental para construir la paz, porque un campesino con título, piensa tres veces en arriesgar esa tierra en un cultivo que sabe que va a ensangrentar a sus hijos, y piensa más en sembrar cultivos que le permitan vivir sin miedo”, dijo Petro.
Además, el Ejecutivo anunció que se constituyó la primera Zona de Reserva Campesina (ZRC) ‘Paz y Unión Campesina del Catatumbo’, que beneficiará a 1.800 familias de 16 veredas, en los municipios de La Playa de Belén, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, todos en Norte de Santander.
Otro de los anuncios fue la firma y entrega de la resolución de protección territorial de 36.000 hectáreas para el pueblo indígena Barí, un paso en el rezagado cumplimiento de la Sentencia T-052 de 2017, de la Corte Constitucional, que obliga a la ANT a ampliar, delimitar y sanear el territorio ancestral de esta comunidad.
