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Ya pasaron más de 24 horas del vencimiento del plazo de 45 días que había fijado el Gobierno Nacional para que el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) —una de las principales disidencias de las extintas FARC— se trasladara a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Catatumbo.
La ZUT, anunciada el 23 de mayo como parte de un plan piloto para avanzar en la negociación, debía convertirse en el primer paso hacia una desescalada del conflicto en la región. Sin embargo, el día llegó sin que se hubiera instalado nada. No hay terrenos habilitados, ni presencia institucional, ni garantías de seguridad.
Este fin de semana, tal como lo contó Colombia+20, se realizó en Paipa (Boyacá), una reunión reservada entre miembros de la delegación oficial, altos mandos militares y funcionarios de entidades estatales.
Fuentes enteradas le confirmaron a este diario que en el encuentro se ratificó a Gloria Quiceno como jefa de la delegación de paz del Gobierno, tras la salida de Camilo González Posso, quien lideró el proceso desde 2023.
Además, se reestructuró la delegación fue en dos frentes territoriales: Un equipo norte, que tendrá a su cargo las regiones del Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, conformado por Gloria Quiceno, Feliciano Valencia y Luz Dary Landázuri.
Un equipo sur, con responsabilidad en Guaviare, Meta, Caquetá y la Amazonía, compuesto por Pedro Arenas, Yezid Arteta, y los coroneles Genny Calvo Olmos y Luis Novoa.
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La segmentación territorial refleja el diagnóstico compartido en el Gobierno sobre el funcionamiento descentralizado del EMBF, cuyos frentes actúan con alto grado de autonomía política y militar.
En Paipa también se discutieron temas estructurales como la necesidad de revitalizar la política ambiental para la Amazonía y la urgencia de retomar una línea clara frente al conflicto con el EMBF.
¿En qué va la ZUT?
La ZUT, que tendrá una duración de siete meses, fue creada por la resolución 161 del 23 de mayo pasado con el objetivo de establecer un espacio temporal para el tránsito del Frente 33 hacia la legalidad y avanzar en su desvinculación de las economías ilegales.
Pero su ejecución no ha estado acompañada de la articulación logística, jurídica ni interinstitucional necesaria.
Según fuentes cercanas al proceso, uno de los principales cuellos de botella ha sido la falta de un plan integral coordinado entre las instituciones estatales. La delegación de Gobierno, o al menos la parte de ella que está en la comisión especial sobre el tema de Catatumbo, se ha topado con la lentitud de varias instituciones que deben hacer presencia en la zona y no se han concretado compromisos logísticos o jurídicos para habilitar el espacio, lo que deja en evidencia la fragilidad de la implementación.
Desde el 28 de mayo, el Gobierno ha realizado varios encuentros de socialización con comunidades en Cúcuta y Tibú, entre ellos con autoridades indígenas, campesinas, mujeres, juventudes, iglesia, sectores productivos y organismos estatales. Sin embargo, autoridades del departamento afirmaron a Colombia+20 que no han tenido ninguna comunicación con la delegación y menos intercambio de información. “Nunca hemos sido convocados como ente departamental a estos temas de la ZUT”, dijo a este diario un funcionario de la Gobernación de Norte de Santander.
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También está en discusión la “disposición de armas”, un tema altamente simbólico y operativo. Aunque no se trata aún de una dejación formal como en un acuerdo final de paz, Colombia+20 supo que se ha solicitado a la comunidad internacional que acompañe y verifique este componente.
Actualmente, la mesa de negociación con la disidencia de Calará se encuentra en pausa. En contraste, en las regiones donde opera el EMBF, lo que se impone es la continuidad de la guerra: presencia armada, extorsiones, amenazas, reclutamiento de menores y ausencia estatal.
Prueba de ello es lo que ocurre en Guaviare, que vive una escalada sin pausa de violencia cuyos protagonistas son las dos facciones disidentes: la de Calarcá, y la de Mordisco. En las últimas semanas se han registrado cuatro episodios que permiten entender con claridad la intensidad y alcance de esta guerra: el atentado contra el periodista Gustavo Chicangana, el asesinato de ocho líderes comunitarios y religiosos en Calamar, la explosión de una moto bomba frente a la estación de Policía del mismo municipio y la imposición de paros armados que paralizaron la vida civil en veredas rurales.
El retraso y la falta de coordinación con otras entidades es grave, porque esta no es la única Zona de Ubicación Temporal que prevé el Gobierno. También se prevé este tipo de zonas en la mesa de Comuneros del Sur, en Nariño, y con la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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