Esta semana se dieron los primeros pasos en la reactivación de la “mesa de diálogo” entre el Gobierno de Gustavo Petro con exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte de su estrategia de paz total. En este proceso, 16 antiguos comandantes —entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Macaco y Don Berna— fueron designados como gestores de paz hasta agosto de 2026. Según el Ejecutivo, la iniciativa busca cerrar el ciclo inconcluso de Justicia y Paz, saldando deudas de verdad, reparación y memoria con las víctimas del paramilitarismo.
Sin embargo, el momento elegido y la metodología -que empezó a develarse esta semana con la reunión que tuvieron los 16 gestores con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien liderará el proceso- despiertan profundas inquietudes. Estamos a meses de elecciones, y la posibilidad de que los exjefes paramilitares participen en actos públicos, hagan declaraciones y eventualmente señalen a políticos en campaña puede tener un efecto devastador sobre la contienda democrática.
“Es mejor que se sepa antes de campaña que después”
Ese miércoles en la rueda de prensa, el ministro Benedetti, abrió la sesión con un mensaje de alto voltaje político: “Nos hemos reunido con los 16 gestores de paz designados a una resolución por el señor presidente, y esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia, y sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ellos, que además fue cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de sus actores políticos hoy son candidatos, ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad o sustentándose en lo que se debe hacer”.
En entrevista con Colombia+20 Benedetti reconoció que esas verdades pueden tener impactos en la contienda: “¿No le parece bien que se sepa si unas personas que hoy están posando de que tienen las salidas para ser presidente o candidato al Congreso han estado dentro de esas estructuras? Es mejor que eso se sepa antes de campaña que después de campaña”.
Dentro de las tareas que se acordaron en la reunión de esta semana, Benedetti también habló de que se realizara un cronograma con algunos viajes que eventualmente harían los exjefes paramilitares a territorios que fueron azotados por esos grupos paramilitares. Sin embargo, en la entrevista negó que se trate de “correrías” políticas- “Donde ellos rompieron el tejido social, donde hubo traumatismo, vamos a intentar que ellos vayan allá”. En su visión, esos actos serían simbólicos de reparación; pero para la oposición y para analistas, podrían convertirse en escenarios de acusaciones con nombre propio en medio de la campaña.
La otra tarea que se planteó en ese encuentro fue la de liberar o mejorar la situación carcelaria de algunos exjefes para que pudieran coordinar con sus antiguos lugartenientes. Al preguntarle cuál era el objetivo de esa liberación, Benedetti respondió: “No, no tengo ningún objetivo. Los gestores de paz deben tener cómo comunicarse con los otros gestores de paz para ver cómo se llega a los acuerdos. Si tengo una persona completamente aislada, yo no sé cómo hacer para que cierre la verdad, restituya, hable, coordine con las personas que están afuera o quienes sean miembros de esos ejércitos de la muerte. Tengo que darles los instrumentos para que haya los canales de comunicación, primero entre ellos y con quienes fueron sus lugartenientes”.
Para Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el riesgo de esta iniciativa es precisamente su impacto en la coyuntura electoral. Su advertencia fue tajante: “El gobierno podría hacer uso de esa información para propósitos electorales, de eso no tengo ni la menor duda. Me parece gravísimo que se abra un escenario como este en un momento electoral tan delicado, porque esas declaraciones pueden convertirse en munición política y no en un verdadero aporte a la verdad y a las víctimas”.
En otras palabras, el proceso que se presentó como un esfuerzo por saldar las deudas de verdad del paramilitarismo corre el riesgo de convertirse en un instrumento político dentro de la “paz total”. Al hacer coincidir el inicio de la mesa con la campaña electoral, el Gobierno parece haber desdibujado las fronteras entre la justicia transicional y la competencia política, un punto de quiebre que puede afectar tanto la legitimidad del proceso como la credibilidad de sus resultados.
Pero la investigadora también advierte que la estrategia puede ser un boomerang al propio Ejecutivo: “El Gobierno se arriesga a que esto se le devuelva. Porque cuando esos exjefes lleguen a territorios donde la gente siente que ni hubo acuerdo de paz, ni hubo paz total, ni hubo garantías, las comunidades lo que van a reclamar es que el Gobierno les ha incumplido”.
Y agrega: “Están generando una cantidad de expectativas (…) y ya sabemos que expectativas mal manejadas pueden derivar primero en picos de violencia para realizar más presión, o segundo en la pérdida de legitimidad del Estado”.
Otra mesa sin piso jurídico
Más allá del ruido político y electoral, el proceso carece de un soporte jurídico sólido. Laura Bonilla advierte que el panorama jurídico es incierto y que el Gobierno tendría tres caminos posibles.
El primero sería reactivar el marco de Justicia y Paz, permitiendo que los exjefes paramilitares que ya comparecieron puedan entregar nueva información bajo ese esquema. El segundo, insistir en otro proyecto de ley de sometimiento, - distinto al que radicó el pasado 20 de julio el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre- probablemente con una iniciativa que parta desde el propio Ministerio del Interior. Y un tercero, más improvisado, consistiría en darle un alcance administrativo a la figura de “gestores de paz” para sostener el diálogo sin pasar por el Congreso.
La Ley de Justicia y Paz que este año cumplió 20 años sigue abierta, con causas inconclusas, pero no establece cómo reabrir testimonios de exjefes que fueron extraditados ni cómo vincularlos a nuevas comparecencias y aún si hubiera esa posibilidad debe pasar por el Congreso, un espacio adverso para el Ejecutivo.
Por su parte, la ley de Sometimiento —que debía convertirse en la base legal de esta apuesta— está prácticamente hundida en el Congreso, dejando al Gobierno sin un marco normativo claro para sostener la iniciativa.
A esa fragilidad institucional se suma un pulso político dentro del propio gabinete. Esta semana, Benedetti y Montealegre, protagonizaron una fuerte pelea en el chat de ministros, cuando este último acusó a Benedetti de no apoyar la ley de sometimiento. “Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá”, dijo en el chat.
En contexto: Fuego amigo en el Gobierno: choque entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre
Según Bonilla, “cualquiera de esas rutas tiene riesgos jurídicos y políticos”, pero la última sería la más débil, porque dejaría el proceso sin control judicial y con un margen de discrecionalidad que podría prestarse para arbitrariedades o beneficios indebidos.
Ese vacío abre un escenario doblemente peligroso porque pone a un lado a exjefes paramilitares hablando sin mecanismos de verificación robustos, con el riesgo de que sus versiones se conviertan en instrumentos electorales y políticos más que en insumos judiciales; del otro, víctimas y comunidades que escuchan promesas de reparación que el Estado no tiene cómo cumplir.
Lo que en teoría debía ser un cierre histórico del capítulo paramilitar amenaza con convertirse en una caja de Pandora… y en plena campaña política.
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